Cuando se iniciaron los trabajos de la reforma constitucional en materia penal se dijeron tantas cosas positivas respecto a ésta que, verdaderamente para cualquiera, era fácil entender la necesidad de implementarla por los beneficios que ella presentaba.
Se realizó una convocatoria a nivel nacional para que organizaciones ciudadanas, académicos, medios de comunicación, servidores públicos y políticos de todos los partidos participaran para reflexionar y proponer lo necesario en cuanto a este nuevo sistema, el cual se consideró en su momento como la panacea a los problemas en la materia. Fueron infinidad de mesas, foros y encuentros en todo el país los que se llevaron a cabo para, finalmente, conformar el tan anhelado sistema de justicia penal.
Pasaron ocho años para que entrara en vigor, mismos en los que se debió, principalmente, capacitar a las autoridades que intervienen en este nuevo proceso, además de realizar los cambios institucionales, legales y estructurales necesarios. Desde policías, ministerios públicos y hasta jueces a partir del 18 de junio de 2016, en todo el país, deben tener muy claras las reglas de este nuevo paradigma en el que su tema central es el respeto de los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado.
Sin embargo, sobre todo hoy con las redes sociales, es fácil constatar la mala formación de las autoridades, particularmente la del llamado primer respondiente. Desde luego, también influye de manera negativa la falta de legitimidad que este tiene ante la ciudadanía, ya por la carencia de profesionalismo o por la insignificancia que su autoridad representa en la población. El gran problema es que por su actuar tenemos un grave riesgo y hueco por el que se puede escapar la posibilidad de sancionar a verdaderos delincuentes.
Por tal motivo, surge la duda si verdaderamente el incremento de la delincuencia y la violencia se debe a fallas del nuevo sistema de justicia penal o, en realidad, a inconsistencias por falta de capacitación a las autoridades involucradas.
Quienes están a favor del primer argumento han dicho que ello se debe a que el sistema abre la posibilidad de que alrededor de 4,000 imputados en todo el país, que recibieron como medida cautelar la prisión preventiva, puedan solicitar la suspensión de ésta y llevar su proceso en libertad, con lo que se concluye que, se piensa, será muy factible su reincidencia. También, hay quienes sostienen que el problema se encuentra en aquellos que han sido acusados por la ilegal portación de armas y que, tras el pronunciamiento de la SCJN, estos de igual manera llevarán su proceso en libertad.
Desde luego, los anteriores son argumentos válidos para suponer que el incremento de los delitos cometidos se debe a ello. Pero, también, es necesario buscar, encontrar y comprender la raíz del problema, la cual seguramente se encuentra en el nulo desarrollo económico, en la falta de empleo y estabilidad del poco o mucho que haya; asimismo, se suma, la imposibilidad del Estado para garantizar circunstancias que permitan materializar otros temas prioritarios como la educación y la salud de calidad. Por supuesto, a todo lo anterior, se debe considerar la importancia de contar con autoridades verdaderamente capaces para afrontar este nuevo sistema.
@marcialmanuel3
Es acertado su punto de vista, mientras no exista voluntad política para garantizar las necesidades más basicas, el incremento de los delitos continuará