En el año 2013, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, encabezó un llamado a integrar el Pacto por México, en el cual se plantearon una serie de cambios en la Constitución de nuestro país, incluyendo una Reforma al sector de las Telecomunicaciones.
Hoy en día existe un reconocimiento respecto al papel fundamental que las telecomunicaciones juegan en el desarrollo de los países. Varios estudios (OCDE, CEPAL, etc.) han estimado que un aumento de 10 por ciento en la penetración de la Banda Ancha, equivale a 1.38 puntos porcentuales de crecimiento del PIB. Adicionalmente se ha considerado al Internet y sus tecnologías asociadas como ejes de un nuevo paradigma de desarrollo mundial, como la “Sociedad de la Información y el Conocimiento” (UIT, Cumbre Mundial SIC, Suiza 2003) y su más reciente iteración, la “4ta Revolución Industrial” (WEF, Klaus Schwab 2016).
Es así, como México, visto en el contexto de los nuevos paradigmas de desarrollo, enfrenta una gran paradoja, consistente en que en nuestro país se ubica la empresa más grande del mundo de telecomunicaciones (medido a nivel de infraestructura) al tiempo que somos uno de los países con más rezagos en penetración y en infraestructura de telecomunicaciones de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El reto de transformar la realidad mexicana de las telecomunicaciones no fue ni es fácil; requirió convencer a propios y extraños que los cambios propuestos tenían la firmeza y convicción del Estado Mexicano de procurar un ámbito competitivo en el sector, para que así animara las inversiones y que necesariamente lograra atraer a nuevos jugadores con el tamaño y escala necesarios. Así fue como la Reforma de Telecomunicaciones planteó una serie de cambios que abarcarían la creación de un nuevo órgano regulatorio y otro en materia de competencia, junto con la creación de tribunales especializados en el poder judicial.
Un aspecto particular del proceso reformatorio mexicano, fue la gran cantidad de detalles que se incorporaron directamente en la Constitución, lo que fue un reconocimiento, de facto, de la debilidad institucional del Estado Mexicano.
Otro reto importante de la Reforma de Telecomunicaciones es la condición única de nuestro país (dentro de los países de la OCDE) de contar con un operador que mantiene una preponderancia en los dos mercados principales de telecomunicaciones, el fijo y el móvil (arriba del 70% de participación de mercado). Esto significó un reto importante para el diseño y aplicación de medidas regulatorias efectivas a favor de la competitividad en el sector.
Una de las acciones centrales emanadas de la Reforma fue la declaratoria sobre América Móvil como agente económico preponderante y la prohibición por parte de éste de cobrar tarifa de interconexión en telefonía móvil. La importancia de esta medida radica en que le resta al preponderante parte de la ventaja estructural que tiene respecto a los demás operadores para formular ofertas comerciales no replicables. Sin embargo, el 16 de agosto pasado, la Suprema Corte determinó que el artículo 131 de la LFT (el que determina la prohibición) es inconstitucional, argumentando que la regulación en telecomunicaciones corresponde únicamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y no al Congreso, con lo cual se generó incertidumbre respecto del proceso reformatorio en el sector ya que la preponderancia de América Móvil sigue de manifiesto y con ello, la poca efectividad de las medidas implementadas en los últimos años. Este evento jurídico y poco entendido por la población en general tendrá, muy seguramente, efectos perniciosos sobre el bolsillo de todos los mexicanos, como lo ha sido durante las últimas dos décadas.
Lo curioso es que los eventos relevantes, en materia de telecomunicaciones, como los de interconexión, no logran sumar voces a favor de la competencia y de los intereses del consumidor. Es claro que si esto fueran tortillas (es muy probable que más gente consume servicios de telecomunicaciones que tortillas), estoy seguro que los llamados a la competencia por parte de las autoridades y líderes de opinión, serían más comprendidos y más difundidos.
