México 404

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En el año 2013, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, encabezó un llamado a integrar el Pacto por México, en el cual se plantearon una serie de cambios en la Constitución de nuestro país, incluyendo una Reforma al sector de las Telecomunicaciones.

Hoy en día existe un reconocimiento respecto al papel fundamental que las telecomunicaciones juegan en el desarrollo de los países. Varios estudios (OCDE, CEPAL, etc.) han estimado que un aumento de 10 por ciento en la penetración de la Banda Ancha, equivale a 1.38 puntos porcentuales de crecimiento del PIB.  Adicionalmente se ha considerado al Internet y sus tecnologías asociadas como ejes de un nuevo paradigma de desarrollo mundial, como la “Sociedad de la Información y el Conocimiento” (UIT, Cumbre Mundial SIC, Suiza 2003) y su más reciente iteración, la “4ta Revolución Industrial” (WEF, Klaus Schwab 2016).

Es así, como México, visto en el contexto de los nuevos paradigmas de desarrollo, enfrenta una gran paradoja, consistente en que en nuestro país se ubica la empresa más grande del mundo de telecomunicaciones (medido a nivel de infraestructura) al tiempo que somos uno de los países con más rezagos en penetración y en infraestructura de telecomunicaciones de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El reto de transformar la realidad mexicana de las telecomunicaciones no fue ni es fácil; requirió convencer a propios y extraños que los cambios propuestos tenían la firmeza y convicción del Estado Mexicano de procurar un ámbito competitivo en el sector, para que así animara las inversiones y que necesariamente lograra atraer a nuevos jugadores con el  tamaño y escala necesarios. Así fue como la Reforma de Telecomunicaciones planteó una serie de cambios que abarcarían la creación de un nuevo órgano regulatorio y otro en materia de competencia, junto con la creación de tribunales especializados en el poder judicial.

Un aspecto particular del proceso reformatorio mexicano, fue la gran cantidad de detalles que se incorporaron directamente en la Constitución, lo que fue un reconocimiento, de facto, de la debilidad institucional del Estado Mexicano.

Otro reto importante de la Reforma de Telecomunicaciones es la condición única de nuestro país (dentro de los países de la OCDE) de contar con un operador que mantiene una preponderancia en los dos mercados principales de telecomunicaciones, el fijo y el móvil (arriba del 70% de participación de mercado). Esto significó un reto importante para el diseño y aplicación de medidas regulatorias efectivas a favor de la competitividad en el sector.

Una de las acciones centrales emanadas de la Reforma fue la declaratoria sobre América Móvil como agente económico preponderante y la prohibición por parte de éste de cobrar tarifa de interconexión en telefonía móvil. La importancia de esta medida radica en que le resta al preponderante parte de la ventaja estructural que tiene respecto a los demás operadores para formular ofertas comerciales no replicables. Sin embargo, el 16 de agosto pasado, la Suprema Corte determinó que el artículo 131 de la LFT (el que determina la prohibición) es inconstitucional, argumentando que la regulación en telecomunicaciones corresponde únicamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y no al Congreso, con lo cual se generó incertidumbre respecto del proceso reformatorio en el sector ya que la preponderancia de América Móvil sigue de manifiesto y con ello, la poca efectividad de las medidas implementadas en los últimos años. Este evento jurídico y poco entendido por la población en general tendrá, muy seguramente, efectos perniciosos sobre el bolsillo de todos los mexicanos, como lo ha sido durante las últimas dos décadas.

Lo curioso es que los eventos relevantes, en materia de telecomunicaciones, como los de interconexión, no logran sumar voces a favor de la competencia y de los intereses del consumidor. Es claro que si esto fueran tortillas (es muy probable que más gente consume servicios de telecomunicaciones que tortillas), estoy seguro que los llamados a la competencia por parte de las autoridades y líderes de opinión, serían más comprendidos y más difundidos.

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La tradición de México de ver al petróleo como un baluarte del desarrollo nacional nos ha llevado a dejar de ver y entender el valor que tienen otros recursos de la nación, tal es el caso del espectro radioeléctrico.

La revolución de las telecomunicaciones tiene hoy por hoy su acento en la movilidad, es decir, en las redes inalámbricas, para las cuales el recurso escaso, infinito y no replicable, es el espectro en el cual se transmiten las ondas de radio por las que viajan los datos que le dan vida a las aplicaciones de nuestros celulares.

Las redes de telecomunicaciones son consideradas infraestructuras de interés nacional, la ley protege con castigos severos a quienes atenten contra ellas, buscando interrumpir su funcionamiento. El Estado, por su parte, mantiene una fuerte regulación sobre ellos para que su desarrollo sea adecuado por utilizar un recurso nacional concesionado.

Dado lo anterior, no es necesario ser un especialista en materia de telecomunicaciones para entender que, si alguien concentra una parte importante del espectro, éste por definición desplaza la posibilidad de que un competidor lo haga más allá de sus capacidades empresariales.

Al ser las telecomunicaciones un negocio de infraestructura, la única forma de ser competitivas es teniendo una escala importante de usuarios para pulverizar los altos costos de capital que requieren.

Haciendo un recuento tenemos que:

1.- El espectro es finito e irreplicable.

2.- Las telecomunicaciones son intensivas en uso de capital, por lo que requieren una elevada cantidad de usuarios para ser rentables.

Entonces, si tenemos a un jugador que concentra espectro, genera una barrera estructural para los competidores que por definición no lograrán sumar los usuarios que requieren para amortizar sus inversiones, y es así de fácil como se lleva a cabo, van hacia la captura monopólica en las telecomunicaciones.

Si bien este análisis simple de las cosas permite apreciar con claridad la importancia de regular la tenencia del espectro, la realidad es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no lo quiere entender, ya que apenas unas semanas no objetó la venta de 60 MHZ en la banda de espectro radioeléctrico de 2.5 MHZ de MVS a Telcel. Este evento sin duda fortalece la capacidad de Telcel de desplazar a sus competidores y mantener e incluso incrementar su participación de mercado, la cual el IFETEL no ha logrado reducir a pesar del mandato constitucional y de las medidas asimétricas impuestas a América Móvil.

Es claro que, sin competencia, América Móvil marcando la pauta de la calidad de servicios que tenemos, seguiremos teniendo uno de los servicios de internet más lentos, tanto en fijo como móvil, de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; o también OECD, por sus siglas en inglés).

Es probable que escuche por ahí el argumento de la “Red Compartida”, que con la concentración del espectro con la que nació, equilibra la tenencia de espectro del resto de los participantes del mercado. Esto, como tantas cosas en nuestro país, es una cortina de humo para mantener el “estatus quo” de aquellos que se rehúsan a competir e innovar en sus servicios.

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Sin duda, los monopolios son grandes generadores de riqueza y lo son con base de extraer rentas extraordinarias de los consumidores.

Los consumidores por su (nuestra) parte, cuentan con un “Estado” que tiene como una de sus razones de ser, el velar por el bienestar de los ciudadanos, lo cual incluye protegernos de extracciones de riqueza extra normales ya sea por la vía de un monopolio empresarial, o bien, por alguna actividad delictiva.

En el caso de nuestro país, América Móvil / Telmex ha usado históricamente el sistema judicial para proteger su capacidad de fijar precios y desplazar competidores en la gran mayoría de los mercados de telecomunicaciones. Para ello siempre ha dispuesto de un enorme equipo de abogados y “lobistas” a fin de mantener el status quo que mantiene desde su “pecado original”, es decir, desde su privatización y condición de monopolio protegido.

Alguna vez un destacado miembro del sector de las telecomunicaciones me dijo con pesar que “Telmex se ha convertido en una empresa de puros abogados y contadores”, lo cual en su momento me pareció una sentencia que auguraba una situación adversa para nuestro país, ya que la realidad en otras latitudes es que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información estaban viviendo una de las etapas innovadoras y de creación de valor más importantes de la historia del mundo.

El resultado de “proteger al monopolio” a base de bajar y ocultar costos (tarifas de interconexión), defender con amparos, y demás argucias legales como la acción del regulatorio del estado, dio como resultado que México tuviera las telecomunicaciones más caras de los países de la OECD y también la menor cobertura de servicios hacia su población.

Mientras en Europa y Estados Unidos las principales empresas de telecomunicaciones instrumentaban fondos del capital de riesgo para invertir en empresas innovadoras y así poder participar del nuevo paradigma de desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Telmex por su parte se convirtió en un duque para el desarrollo nacional.

Así, transcurrió la primera década de este siglo hasta que en el 2014 se aprobó la Reforma de Telecomunicaciones, con lo cual se dotaba al sector de un nuevo marco regulatorio a fin de “combatir al monopolio”. Los resultados de este cambio fueron buenos en el corto plazo al eliminar los cobros por Larga Distancia y establecer la tarifa de interconexión cero para permitir la competencia en telefonía móvil y fija.

Hoy la Reforma de Telecomunicaciones vive momentos aciagos, ya que los resultados de mediano y largo plazo que se esperaban de ella, simplemente no se ven logrables. La falta de una regulación efectiva ha sido evidente y el “armamento” disponible de Telmex para defender el monopolio ha ido en aumento.

Su última adición a su arsenal de abogados y lobistas, es el sindicato de trabajadores de Telmex que ahora se arroja a la defensa de monopolio amenazando con irse a huelga a fin de proteger a Telmex de las medidas regulatorias que buscan que esta empresa deje de inhibir la competencia, y eventualmente dejarnos de sacar dinero de la bolsa a todos los mexicanos por servicios que deberían ser mejores y más baratos.

Es cierto que “defender el monopolio” puede ser considerado legítimo por parte del equipo directivo de Telmex y sus accionistas, lo que resulta inadmisible es que el Estado no denuncie de manera clara el chantaje burdo y efímero de un sindicato que actúa a favor de los intereses del patrón.

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En la era digital la lucha por la privacidad apenas comienza.

Hace apenas unos semanas, el Congreso Estadounidense aprobó una resolución de la FCC para que los proveedores de acceso a internet, los llamados ISPs por sus siglas en ingles, puedan comercializar la  información acerca de los patrones de consumo de datos de sus clientes, lo que ocasionó que varias voces, dentro y fuera de los Estados Unidos manifestaran su descontento contra esta acción..

La medida propuesta por el FCC es un capitulo más de una batalla histórica entre los operadores de infraestructura de telecomunicaciones y aquellos jugadores de contenido y soluciones IT que viven en el ciberespacio.  A esta batalla, en muchos casos, se le refiere como “neutralidad de la red”.

La realidad es que esta lucha por poseer nuestra información por parte de los diferentes jugadores que integran la economía del internet, es una que, los usuarios de la red, perdimos hace mucho y lo hicimos voluntariamente con o sin conciencia de ello.

Cada vez que bajamos un “app” o bien usamos un servicio en la red, aceptamos una serie de disposiciones legales en donde principalmente renunciamos a la privacidad de nuestros datos. Todos esos servicios  que hacen  preguntarnos ¿porque es “gratis”?, ¿que ganan al ofrecerlo así?; la respuesta a estas interrogantes es que los  estamos pagando cediendo  nuestra privacidad.

Las consecuencias sociales de la “monetización” de la privacidad que hemos venido viviendo en los últimos 20 años, todavía no es posible comprenderla con claridad, sus implicaciones para nuestra vida diaria no son perceptibles en su parte negativa todavía.  Sin embargo no es difícil imaginar cómo fácilmente esto se puede configurar como un riesgo que atente seriamente  contra nuestras libertades.

Si pensamos que un principio fundamental de la democracia es la preocupación constante de proteger al ciudadano frente al poder del Estado, entonces podemos apreciar lo delicado que  es que una entidad, ya sea publica o privada,  pueda ejercer una posición de poder absoluto basada en la acumulación y aprovechamiento de información privada.

La batalla por seguir acumulando información de cada una de nuestras acciones, gustos y preferencias, continuara intensificándose. Muchas veces veremos encabezados de noticias que hablen de esto en un contexto de industria o bien con un sabor técnico como el de “neutralidad de la red”. Cuando veamos esto es importante entender que es un fenómeno que tiene una afectación directamente hacia nosotros, que es importante visualizar los riesgos y oportunidades que significa la “digitalización” de todo lo que hacemos, que cada vez que hay una nueva aplicación o servicio novedoso disponible en nuestros dispositivos móviles, veamos su uso en un contexto de lo que significa para nuestra privacidad, si lo que estamos pagando con nuestros datos es una transacción justa, en donde ambas partes obtienen lo que esperan y si el tipo de cambio que asignamos a nuestra privacidad es realmente el adecuado.

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Hace unos días la SCT presentó el “Programa de Conectividad Digital: Banda Ancha para todos.”

En dicha presentación, el Secretario, Gerardo Ruíz Esparza, señaló que dicho Programa  daba cumplimiento al Artículo Sexto Constitucional que garantiza el derecho de acceso a tecnologías de información, comunicación y servicios de telecomunicaciones y a la obligación de contar con una Política de Inclusión Digital Universal.

El Programa, está integrado por 10 proyectos, de los cuales solo el que refiere al proyecto de “Puntos México Conectado” puede claramente encuadrarse como una Política de Acceso Universal a las TIC’s.

Dentro de la lista se mencionan también los proyectos de la Red Troncal y la Red Compartida, ambos destinados a aumentar la cobertura de las redes inalámbricas en nuestro país, sin que esto las constituya como programas de acceso para poblacion en condicion de marginacion digital.

Otro proyecto que carece de información relevante es el de la Red Nacional para la Investigación Científica, Tecnológica y la Educación (NICTE), de la cual no hay referencias en ninguna parte al hacer búsquedas en Internet.

Casi siempre que el Gobierno presenta un decálogo de proyectos, programas e iniciativas, con la retórica de “misión cumplida”, esta se convierte en la confirmación de que la misma autoridad sabe que de fondo se esta, en el mejor de los casos, quedandose corto ante los retos planteados originalmente.

En este caso, la SCT, omite hablar de la calidad y especificaciones técnicas que constituye el acceso a la Banda Ancha en nuestro país. La preocupación de la SCT al anunciar estos proyectos pareciera que radica simplemente en poder decir que hay más mexicanos conectados sin importar como y para qué.

La necesidad de ancho de banda de hace una década es muy diferente a la de hoy en día.  Las aplicaciones han cambiado enormemente.  La necesidad de comunicaciones simétricas en los puntos de acceso se ha vuelto crítica, así como la escalabilidad en el ancho de banda de las tecnologías utilizadas para conectarnos a Internet.

La SCT, como un sin número de dependencias, ha caído en el “síndrome de la poner la palomita”, es decir, buscan con lo minimo indispensable dar por cumplido los compromisos que asumió la administración al inicio de su gestión , teniendo claro que no es una solución seria ni de fondo hacia adelante, con las enormes consecuencias que este ejercicio de simulación tendrá para los resultados que necesita nuestro país en todos los frentes y en el de las telecomunicaciones en particular.

La carrera digital es una carrera de infraestructura, necesitamos saber cómo y a que velocidades la autoridad busca que sus programas conecten a las escuelas, universidades, bibliotecas, centros de salud, etc.

La discusión de un Programa de Conectividad Digitla, debe incluir varios  capítulos de aplicaciones, sus demandas tecnológicas, la arquitectura e interconexión de las redes existentes y las regulaciones y politicas a desplegar para bajar el costo del transporte y almacenamiento de datos.

En resumen, se necesita decir con punto y seña como se va a hacer mas accesible el Internet para todos y si este Internet es uno de Banda Ancha de acuerdo a las necesidades actuales o bien es la Banda Ancha de hace mas de una decada. Solo asi sabremos si no estamos ante un caso mas de palomear un compromiso cumplico o realmente ante un programa de miras altas que fortalezca el desarrollo del pais.

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El acceso a Internet se ha vuelto crítico. Cada día más actividades de las que hacemos dependen de tener acceso a la Red de Redes. Muchos hemos sido afectados por una mala calidad del Internet y culpamos directamente a nuestros proveedores de acceso por tales fallas. La realidad es que hablar de calidad en banda ancha tiene muchas aristas ya que el tramo de control de un operador de telecomunicaciones resulta ser parcial, es decir, de todos los elementos que se requieren para enviar un dato del punto A al punto B intervienen muchos elementos controlados por un sin fin de organizaciones diferentes.

Por su parte la regulación juega un papel muy importante en la calidad de la Banda Ancha. De ella depende en gran medida que las diferentes redes de telecomunicaciones y sus elementos operativos esenciales tengan una arquitectura eficiente y que la normatividad técnica de la electrónica empleada funcione en armonía. La regulación efectiva en telecomunicaciones genera beneficios para el consumidor ya que elimina la capacidad de cualquier operador de tener incentivos para que la infraestructura que opera no genere cuellos de botella en la transmisión de datos entre las diferentes redes interconectadas. Hace un par de años, México inauguro su primer punto neutral de interconexión, mejor conocido como IXP. Un IXP permite que tanto operadores de telecomunicaciones como de aplicaciones puedan intercambiar datos en un punto especifico en donde el acceso es abierto/neutral para las partes interesadas.

Un IXP generalmente está constituido como una AC sin fines de lucro, en donde cada participante se suma pagando una cuota de acceso y otra de mantenimiento. La ubicación ideal de un IXP debe ser en un lugar en donde existan conexiones de redes de múltiples operadores y proveedores de aplicaciones. En nuestro país el único IXP se sitúa en las instalaciones del centro de datos de KIO en Santa Fe.

La existencia de varios IXPs abarata el costo de transporte de datos entre redes. Que en nuestro país solo exista uno tiene el efecto de que la transmisión de datos genera congestionamientos ya que la ruta más eficiente entre dos puntos no necesariamente es la más corta. Para entender esto con claridad, podemos hacer un símil con la antigua regulación en la industria del trasporte de carga en donde un camión tenía que regresar vacío a su punto de origen una vez que había entregado su carga en su destino. Lo mismo sucede con los datos que usamos todos los días. Sin la existencia de más IXPs, el tráfico se intercambia, en la mayoría de los casos, en puntos remotos en lugar de forma local y sin la participación de los principales generadores de tráfico de datos de Internet como Google, Netflix y Facebook.

Hasta el día de hoy, el IFETEL ha permanecido ajeno al desarrollo de IXPs en nuestro país. Su comprensión sobre los aspectos técnicos más fundamentales de la operación del Internet no está presente en sus deliberaciones. Para los comisionados y el IFETEL la calidad del Internet se resume a un ejercicio de reporte de fallas por parte de los consumidores. La calidad de la banda ancha depende de la configuración de las redes interconectadas en nuestro país, depende de la eficiencia en que estas intercambian datos, de la forma en que los operadores de telecomunicaciones, así como los proveedores de contenido y servicios en Internet se encuentran participando en los diferentes puntos de interconexión. La realidad es que estamos lejos de tener una arquitectura de red eficiente y sobre todo que permita su topología reducir costos de congestionamiento y transporte de datos que abaraten los costos del Internet y que la experiencia de uso sea de alta calidad.