Si lo que se temía era que al llegar AMLO a la presidencia impulsara las temibles políticas populistas que llevaron a Venezuela a los niveles de crisis en las que se encuentra; no te preocupes, según el análisis del BID el proyecto económico de Obrador no es populista.
El 1 de julio México decidió el rumbo que tomará el país durante los próximos seis años. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se coronó como el virtual ganador de las elecciones presidenciales con más del 50 por ciento de los comisos a su favor, un fenómeno que derivó de su popularidad y propuestas radicales que conquistaron a un electorado decepcionado de los otros dos partidos dominantes.
Así pues, AMLO está a poco tiempo de ser reconocido como presidente electo por las autoridades electorales y será a partir del 1 de diciembre que encabece lo que él mismo denomina “la cuarta transformación del país”.
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Sin embargo, mucho se especuló sobre su proyecto económico y, por años se señaló al tabasqueño de populista e impulsar políticas que desestabilizarían al país.
Pero, ¿realmente las propuestas de López Obrador son populistas?
De acuerdo al más reciente análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para México, la administración entrante encabezada por López Obrador no cuenta con elementos para ser calificada como populista, sino que son “cosas distintas” dignas de reconocer y aplaudir.
“Yo no veo elementos de populismo como tal. Hay claramente políticas que son distintas a lo que se ha venido haciendo últimamente. Creo que las cosas sólo cambian, tratando de hacer cosas distintas o probando cosas distintas”, afirmó Tomás Bermúdez representante del BID.
En el marco de la presentación del documento “The Report: Mexico 2018”, Bermúdez destacó que las propuestas económicas del nuevo Gobierno están alineadas con lo que México necesita, con un discurso de incorporación del sector privado para concretarlas, como el programa de educación dual para jóvenes, que apoya a la integración de empleos y escuelas.
“El gobierno entrante trae la idea de reorganizar el gasto público para obtener recursos para impulsar los programas propuestos, entre ellos el de la incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante un apoyo económico para que estudien o trabajen”.
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