Uno de los cambios más importantes que comenzará a aplicar en la relación comercial entre Estados Unidos y México, es que el USMCA protege de manera especial las inversiones en materia energética, reforzando la reforma en ese sector en nuestro país.
Ciudad de México.- Cuando parecía que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de la reforma energética, en realidad fue uno de los impulsores para que el tema de inversiones en este sector quedará estipulado de manera especial en el nuevo tratado comercial.
Así, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), tiene un apartado especial para la resolución de controversias para los temas energéticos, de infraestructura y telecomunicaciones, algo que lo diferencia del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo a Sebastián Zúñiga, analista de SAI firma de asesoría económica y legal, la denominada “protección exhaustiva únicamente es aplicable cuando el inversionista cuente con un contrato firmado por parte de las autoridades del Estado, en las que realizó la inversión, en petróleo y gas natural, energía eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y transporte”.
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Reforma energética y NAIM
Este cambio en los mecanismos para resolver las controversias, tiene un impacto tal vez mayor debido a la incertidumbre que pesa sobre proyectos como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y su posible cancelación.
De esta manera, “los inversionistas estadounidenses podrán reclamar daños y perjuicios al Estado mexicano si resultan afectadas sus inversiones” en estas áreas, dice Expansión y por supuesto, contempla la nueva terminal aérea que está dentro del aérea de servicios de transporte y proyectos de infraestructura.
Así, el nuevo acuerdo con estas regulaciones, “manda una señal de certidumbre, de cumplimiento de lo ya hecho y contratado, explicó Eugenio Salinas, secretario técnico del Cuarto de Junto.
Pero para el nuevo gobierno esto no representa ningún problema, ya que planean respetar los acuerdos vigentes entre las empresas y la administración actual, así como en dado caso de suspender la obra del NAIM, ofrecer opciones a los inversionistas para recuperar los fondos.
Tal como lo explicó Jesús Seade, el jefe negociador del acuerdo del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el proceso de modernización del TLCAN, donde aseguró que la única restricción es cumplir con las leyes vigentes del país.
“Las reformas que ya se hicieron se respetan, dan mucho margen para decisiones que pueda tomar el Ejecutivo, sin duda habrá una revisión del proceso pero sin cambiar el marco legal, se pueden cambiar las políticas”, aseguró Seade.