El nuevo gobierno recibirá un país con cifras alarmantes en materia de seguridad. Los índices delictivos manifiestan que la política establecida por la saliente administración no fue la adecuada; muchos de esos delitos se perpetraron con extrema violencia bajo la autoría del crimen organizado, situación que evidencia aún más la grave situación en la que nos encontramos.
Concluirá otro sexenio en el que ambicioso Sistema Nacional de Seguridad Pública no pudo alcanzar sus objetivos; evidentemente, no se logró establecer vínculos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, ni tampoco entre las distintas instituciones responsables; mucho menos se logró la vinculación de la sociedad civil, todo esto como lo estipula la ley.
Haber otorgado la responsabilidad de la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación trajo consigo no sólo la crónica de una muerte anunciada en cuanto a las aspiraciones presidenciales de su titular sino, también, el fiasco de una Comisión Nacional de Seguridad que pasó en la escena política del país como un gran elefante blanco y que jamás pudo controlar a los tres órganos desconcentrados que dependían de ella (Protección Federal, Prevención y Readaptación Social y, sobre todo, a la Policía Federal).
Es urgente reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el sentido de establecer y delimitar las atribuciones de cada nivel de gobierno cuando se trate de la prevención y combate al delito. Asimismo, esta norma debe señalar sanciones claras y ejemplares a quienes la infrinjan.
El propio Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene que modificar el estado de confort en el que se encuentra y transitar de las reuniones en donde se acuerda todo y nada se cumple a las que los acuerdos que se suscriban se cumplan a como dé lugar. No es posible que después de tantos años sigamos hablando de la falta de profesionalización de los policías y de la necesidad de subirles el sueldo.
México necesita un eficiente órgano rector en la materia y, hasta el momento, no ha podido serlo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; su fracaso en buena medida se debe a la dependencia legal y política que tiene con la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo. Dotar a este organismo de autonomía constitucional le daría mayor capacidad de actuación y, desde luego, una mayor legitimidad.
Quitar de la SEGOB el Centro de Investigación y Seguridad Nacional me parece un acto de congruencia con relación a la naturaleza de la primera, que es eminentemente de negociación y no de represión y espionaje. Crear nuevamente una Secretaría a nivel federal para que se encargue del tema siempre ha sido lo más adecuado y sería ésta la que debe tener el control de la inteligencia y ya no Gobernación.
Con relación a lo anterior, uno de los primeros temas que tendría que atender el próximo titular de la seguridad pública en el país, es la uniformidad y homologación de las áreas de inteligencia. Actualmente, no sólo el CISEN se dedica a ello, también instituciones como la PGR, la SEDENA, la SEMAR y la Policía Federal; además de las propias áreas de inteligencia que tengan las empresas productivas del Estado como PEMEX o CFE. Por mucho tiempo, en México han existido demasiadas instituciones dedicadas al tema, lo que ha provocado contradicción de datos y fuga de información.
Retomar la iniciativa del mando único policial y reformular la Ley de Seguridad Interior son otros de los temas que necesariamente necesitan atención por parte del nuevo gobierno, que a través del presidente electo anunció que se incrementarán a 50 mil los elementos del ejército para seguir brindando protección en aquellos lugares que sea necesario.
