El fracaso del sistema estaba anunciado desde su creación. Coordinación operativa, colaboración entre los tres órdenes de gobierno, una Plataforma México que concentraría e intercambiaría toda la información en materia de seguridad entre todas las autoridades implicadas; infinidad de acuerdos suscritos en las conferencias nacionales de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y seguridad pública municipal. Nada o muy poco funcionó.
Ni hablar de los temas de desarrollo policial, salvo algunas mínimas excepciones, en general éste no se logró en la gran mayoría de las corporaciones del país. Esto, aunque no es el único factor, es un caldo de cultivo propicio para la corrupción, lo que provoca a su vez una vulnerabilidad mayor a que las corporaciones policiales sean cooptadas por la delincuencia organizada.
Por otro lado, la ley y la propia Constitución establecen que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Es decir, tanto el presidente de la república, como los gobernadores y los presidentes municipales, todos y cada uno de ellos, son responsables de garantizar la seguridad de su población lo que significa que, de no hacerlo, deberían ser sancionados por esa grave omisión.
Lo que pretendió el sistema nacional fue precisamente corresponsabilizar a todos ellos; sin embargo, nadie culpa ni a los gobernadores ni a los presidentes municipales por los altos índices de violencia y delincuencia en sus territorios. La crítica política se ha dirigido de manera indebida hacia el gobierno federal, el cual no es el único responsable. Cada año tanto los gobernadores como los presidentes municipales reciben presupuesto para atender la materia y no se ve que mejoren las cosas. Es urgente que también ellos pasen por el filtro del escrutinio público y, sobre todo, de la ley, para exigirles también a ellos resultados inmediatos.
El sistema nunca funcionó; nunca se logró disminuir el progresivo incremento anual nacional de la violencia y la delincuencia. Sin lugar a duda, es un modelo fallido que tiene que ser abrogado.
Con la entrada en vigor de la Guardia Nacional, México ahora tendrá una corporación policial que podrá ejercer en todo el territorio nacional. Por ello, es necesario que se asigne a esta nueva institución los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para hacer frente a la delincuencia en todo el territorio nacional.
Con el esquema de atribuciones de la Guardia no se necesita más de un fracasado sistema nacional de seguridad pública; ante ello, es prioridad no asignar recursos a algo que no ha funcionado. La prioridad es hacer funcionar de la mejor manera a la Guardia Nacional y con ello asignarle todo lo necesario.
Finalmente, ante un eventual cambio de titular en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, lo más conveniente será nombrar a un militar en retiro con experiencia, capacidad, honorabilidad y probidad probadas. Para ello, existen candidatos que han servido como secretarios de seguridad pública en diversos estados del país con resultados inobjetables. Ello les ha dado experiencia en la materia y la sensibilidad debida distinta a la que se tiene en materia de seguridad nacional como militares en activo. Dicha experiencia no sólo ha sido en el combate frontal contra la delincuencia común u organizada, sino también en temas de proximidad social y prevención de la violencia y la delincuencia, situación que les ha permitido la adecuada y necesaria vinculación con la ciudadanía.
Nombrar a un militar en retiro, con la experiencia debida, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sería muy adecuado en virtud de la relación y comunicación con los titulares de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia; además, lo sería también en la relación de las propias Secretarías de la Defensa y de Marina.
