La Ciudad de México lleva una racha de manifestaciones, algunas con episodios de mucha violencia que se han convertido en un asunto político y social que pone sobre la mesa la manera en que reclamamos como sociedad.
La última, apenas este lunes, convocó a cientos de taxis y a sus operadores para protestar en contra de las empresas de transporte por aplicación (Uber, Cabify, Didi y Beat) que irrumpieron en uno de los mercados más complejos y corruptos que tenemos en la capital: el transporte concesionado de pago.
Días antes, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre los bloqueos que diversas organizaciones de taxistas llevarían a cabo en una urbe ya de por sí complicada en su tránsito vehicular; a primera hora de la mañana los choferes con sus unidades habían cerrado las principales arterias y avenidas.
Gracias al aviso de antelación, miles de personas tomaron sus previsiones y convivieron en un escenario poco común de mucho menos automóviles, avenidas desiertas y carriles cerrados para caminar, mientras en las redes sociales los usuarios de alguna de las varias aplicaciones tecnológicas de traslado lanzaban hasta un boicot para que durante una semana nadie se subiera a un taxi.
Claro que el concepto “taxi” es diferente aquí comparado con otras ciudades del mundo, pero no muy alejado de la idea que tenemos en México: unidades sucias, con choferes poco cuidadosos, sin servicio para el cliente, en malas condiciones y carentes de cualquier tipo de prestación laboral o social.
Es decir, la forma en que se regula este mercado y se fijan sus reglas de operación, habla mucho del progreso de una ciudad. Mientras los taxistas cuenten con un medio para vivir, mantener sus unidades en buena forma, brindar un servicio adecuado y tener derechos laborales al igual que obligaciones, no parece haber problema entre quien presta el servicio y quien lo recibe.
De hecho, la aparición de las aplicaciones surgió de esta brillante ocurrencia de ofrecer cientos de opciones de traslado que fueran más baratas, seguras, limpias y con mejor servicio, mientras el dueño del vehículo tenía tiempos muertos que aprovecharía para llevar a otra persona, como él, a su destino.
Fue, en suma, una innovación tecnológica basada en cuestiones que a todos nos atraen mucho como clientes, amabilidad, consideración, atenciones y, sobre todo, un precio justo.
Es mundial el descontento que han provocado estas empresas tecnológicas a las comunidades de taxistas, debido a que estos últimos se quejan de esta manera de juntar a dos personas, una que puede llevarlo y otra que necesita que lo lleven; no se paga impuestos, no genera seguridad social, y tampoco protege al chofer de accidentes o le da un patrón al que acudir. Todo es cierto.
Sin embargo, en medio de la protesta, perdemos de vista lo realmente importante para nosotros los ciudadanos o usuarios: un servicio correcto por un precio justo, que le permita a quien lo brinda un medio digno de vida; más o menos como alguna vez sucedió en los años 50 cuando un padre de familia podía darle sustento a su familia como chofer de un taxi.
Lo mismo aplica para estos mastodontes económicos que han surgido con las bondades de la tecnología, pues quienes están en su plataforma como conductores, iniciaron pensando que éste sería un trabajo temporal, de horario flexible, y hoy, la incorporación masiva, la contratación de pruebas de seguridad laxas, los ha puesto sólo a unos cuantos escalones en la escalera que los separa del taxi de nuestras pesadillas. Y el camino, para ambos, sólo es hacia abajo.
