Creo que ya no existe ninguna duda sobre el reto de seguridad que vivimos en México; la semana pasada pudimos apreciar, en todo su horror, la capacidad del crimen organizado –que es todo– cuando despliega muchos de sus recursos.
Durante horas, en medio de un operativo que todavía no queda claro en su objetivo, la organización delictiva que lleva años dominando el estado de Sinaloa, lanzó una contraofensiva para recuperar a uno –versiones aseguran que eran dos– de sus líderes, quien había sido detenido por fuerzas del orden con base en una orden de presentación con fines de extradición.
Las calles de la capital del estado, Culiacán, fueron el escenario de una movilización pocas veces vista, gracias a la comunicación instantánea que hoy permiten las redes sociales. No es que se tratara del primer operativo de ese tipo o de la primera reacción de un poderoso grupo criminal en la historia; la diferencia era que recibíamos información y detalles que, aunque conocidos, nunca se habían observado en toda su extensión.
Si las imágenes de cadáveres o del fuego de un helicóptero artillado en plena noche ya eran estremecedoras, ahora teníamos muchos testimonios sobre cómo opera la delincuencia más profesional en una ciudad, el armamento que utiliza, los medios de comunicación a su alcance, los vehículos con los que se mueve y hasta la forma en que puede incorporar en minutos a su personal, –sacándolos de una cárcel– si es necesario.
Ante la magnitud de la respuesta, el gobierno de la República accedió a liberar “al” o a “los líderes” del cártel en cuestión a cambio de no correr el riesgo de vivir una tragedia. Una decisión que respaldaron mayoritariamente los sinaloenses, quienes padecen todos los días una realidad que muchos sólo podemos imaginar, pero que, tristemente, comparten otras regiones de nuestra nación.
Cuál será el legado de esta determinación es una respuesta que se encuentra en el futuro, lo cierto es que se eligió entre males, escogiendo el menor. Si es un antes y un después en la política de seguridad pública y combate al crimen que se había conducido hasta esa fecha, también dependerá de los resultados que obtengan la actual administración.
Mientras llega el juicio de la historia, ésta –no otra– es la realidad de México en materia de seguridad: organizaciones bien financiadas y equipadas que han ocupado territorios completos del país, con un negocio que sigue con una alta demanda aquí y en su principal mercado que es Estados Unidos, y la convicción de que tienen el tamaño para enfrentarse al Estado, sea cierto o no.
De ahí la pirámide del crimen se ensancha con los cientos de delitos que ocurren cotidianamente y demuestran que hablamos de una actividad económica que rivaliza, por comparación, con las remesas, la inversión extranjera directa y la planta productiva legal mexicana.
Es decir, se trata de un poder económico ilegal que ejerce actividades de negocio al incluir la corrupción de autoridades, el aprovechamiento al máximo de la impunidad y la ocupación de los vacíos que dejan las instituciones públicas y privadas en la sociedad mexicana.
¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, que vivimos en Culiacán o en cualquier otro punto del país? Organizarnos mejor, unirnos para cerrarle oportunidades a la delincuencia, trabajar con los jóvenes de nuestras calles y de nuestra colonia para que no se enganchen como consumidores de droga o, peor, como empleados del crimen, y dejar de dividirnos todo el tiempo por casi cualquier tema.
Porque también creo que es claro que ellos, los criminales, están mucho mejor preparados que quienes nos consideramos mexicanas y mexicanos de bien.
