La propuesta de la clase política chilena para terminar con las protestas sociales es considerada como histórica para el país andino.
28 días después de comenzadas las protestas sociales en Chile, y cuyo disparador inicial fue el aumento del precio del boleto del Metro, el poder legislativo de la nación actualmente dirigida por Sebastián Piñera acordó iniciar el proceso para tener una nueva constitución.
Jaime Quintana, presidente del Senado, fue el encargado de informar que se realizará un referendo en Abril del siguiente año para preguntarle a los ciudadanos chilenos si desean o no una nueva Constitución; y qué tipo de órgano debería redactarla.
En declaraciones retomadas por la BBC, Javier Sajuria, doctor en ciencias políticas de la University College London, explicó que este proceso es histórico ya que “nunca en Chile se ha redactado una Constitución por un órgano electo o con participación de la ciudadanía”.
“Siempre se ha hecho por grupos pequeños, ya sea de expertos o políticos, sin mucha retroalimentación durante el proceso”, subrayó el académico.
Por otro lado, hay quienes aseguran que es histórico debido a la “amplitud del acuerdo”, siendo firmado desde un partido tan conservador como la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta miembros de la coalición de izquierda llamada Frente Amplio.
La constitución actual de Chile fue promulgada en 1980, época en la que el gobierno de la nación era regido por el régimen militar de Augusto Pinochet quien llegó al poder mediante un golpe de estado, y aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia de Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.
