El juicio político que se imputa al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, es bajo los cargos de pedir al presidente de Ucrania mediante cohecho disfrazado de ayuda financiera –más de 391 millones de dólares– a cambio de investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo, por supuestos negocios que estos realizan con aquel gobierno, cuya principal prueba es la grabación de una conversación telefónica entre ambos mandatarios, y de quien posiblemente será su oponente a la presidencia norteamericana en las próximas elecciones a realizarse el 6 de noviembre de este 2020.
Así de sencillo, para los ojos ajenos, es el actual proceso que se realiza en el Congreso de nuestra nación vecina que tiene en ascuas al mundo entero, por la trascendencia de un posible desafuero del presidente, cuyo comportamiento en otros casos más escandalosos, es un hecho común en otros países que pasan inadvertidos, y son costumbres políticas no sancionables, o simplemente no son motivo de tan grave pena. Ejemplo: el tema sobre Fox, que recibió ayuda financiera externa para su campaña presidencial. Pero el juicio político yanqui está consagrado en la Constitución y tiene aplicación cuando se conoce; no así como ordenar el asesinato de los enemigos políticos supuestamente amenazantes, como el caso de Sadam Hussein, Osama Bin Laden, Muamar el Gadafi, etc., o los bombardeos indiscriminados sobre naciones como Irak, Siria, Afganistán y otros. Que sólo beneficia al más poderoso enclave de armas que mantiene Estados Unidos.
Mentir u ocultar hechos por lo que se acusa a Donald Trump, en cierta manera para muchos países, contrastados con estos últimos, parecen extravagantes para otros, pero no lo son para ellos cuando la acusación central es que incite a un gobierno extranjero, como en el caso de Ucrania, para que tenga la posibilidad de intervenir en el proceso electoral que se realizará el presente año en Estados Unidos, donde uno de los posibles candidatos sea el demócrata Joe Biden, quien fuera vicepresidente en el gobierno de Obama. He allí la cuestión del debate que se realiza ahora en el Senado yanqui; como una segunda instancia de acuerdo con los protocolos obligados, una vez que en la Cámara de Representantes (diputados) ha designado siete fiscales, y han encontrado fundados los hechos al presidente, procede la defensa de los abogados del Poder Ejecutivo.
Todo mundo da por sentado que con los votos del Senado controlado por la minoría republicana que apoya al presidente Trump, salvará por esta vez el mandato, como lo han hecho dos de sus antecesores, Andrew Jackson y William Clinton, menos Richard Nixon, que prefirió renunciar antes que aceptar –años después reveló al periodista David Frost– que sí había espiado a su oponente político en el célebre Watergate. Sin embargo, todavía se esperan explosivas revelaciones, si son admitidos testigos, como es el hecho filtrado por el New York Times: que John Bolton, ex Asesor de Seguridad Pública de Trump, publicará en marzo un libro que contradice la versión del presidente de que nunca se ordenó el congelamiento de unos 391 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para obligar a ese país a declarar una investigación contra los demócratas, señala David Brooks, corresponsal de La Jornada y del New York Times.
Por otra parte, Donald Trump, prosigue con sus actos de campaña. Entre ellos suscribir el T-MEC, en el cual felicita al primer ministro de Canadá y al equipo de México que ayudó a realizarlo, sin olvidar su “maravilloso” muro contra Latinoamérica, y anunciar un Plan para el Medio Oriente que, en mi opinión, resulta tan peligroso como gritar la palabra fuego en un teatro repleto de espectadores. Y mientras tanto, usa su tiempo libre para negar todo, como en casos anteriores, que bien puede finalizar en un costosísimo espectáculo –de esos a los que son tan adictos los norteamericanos– y, desde luego, teniendo a los mejores eventos del mundo como lo será el Super Bowl, entre San Francisco y Chiefs de Kansas, este domingo 2 de febrero.
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