El pasado 20 de julio el grupo parlamentario de Morena presentó ante el Senado de la República una “Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”. Esta iniciativa sustituye a aquella del 11 de diciembre de 2017 que el presidente Peña Nieto presentó a la Cámara de Diputados, que fue aprobada por su Pleno a finales de la administración pasada y que quedó pendiente de dictaminar por parte del propio Senado. Se trata de dos iniciativas que abordan diversos tópicos y desde ópticas distintas. La de 2017 incluyó un nuevo capítulo del Código de Comercio en materia de Conciliación Comercial y la actual pretende regular en un solo documento la mediación familiar, civil, mercantil y social, así como los conflictos entre particulares en sede administrativa o cuando el Estado actúa como tal.
Esta nueva legislación pretende dar cumplimiento al párrafo quinto del Artículo 17 Constitucional, el cual ordena que “Las leyes preverán Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, en adición a la justicia tradicional a través de los tribunales. A su vez, el Artículo 73 Constitucional establece que el Congreso tiene facultad “Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias”. Dicha ley general debió haberse expedido a más tardar 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto que incluyó la mencionada facultad en el inciso XXIX-A, publicado el 5 de febrero de 2017, plazo desde luego agotado desde hace tiempo.
El hecho de que la nueva iniciativa no contenga disposiciones especiales en materia de mediación comercial, tal como lo hacía la iniciativa de 2017, brinda la oportunidad de que en adición a la adopción del nuevo proyecto de Decreto, se incorpore a la legislación nacional la llamada Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en materia de mediación comercial, así como se suscriba la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de Acuerdos Derivados de Mediación, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2018, más conocida como la Convención de Singapur.
Es importante subrayar la importancia de que la nueva legislación propuesta se armonice, antes de ser aprobada, conforme a las mencionadas Ley Modelo y Convención de Singapur, a efecto de que los tres instrumentos jurídicos funcionen adecuadamente en las diversas entidades federativas del país.
La Ley General propuesta pretende distribuir las competencias en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias entre los diversos órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal y sentar las bases para su regulación, homologando los estándares mínimos en la materia y regulando el nuevo Sistema de Justicia Alternativa.
Llama la atención que la competencia de atribuciones para la certificación y autorización de mediadores –a quienes se les denomina “Facilitadores”– se pasa del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, específicamente a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, la Fe Pública de la que gozamos los mediadores privados actualmente certificados por el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México para brindar certeza jurídica en el ámbito de nuestras respectivas mediaciones, que nos permite autentificar la personalidad y las facultades de las partes, así como nuestra poderosa facultad para determinar el cierre de folios reales del Registro Público de la Propiedad para brindar garantía de cumplimiento a las obligaciones asumidas por las partes en una mediación, brillan por su ausencia, quizá debido a la posibilidad de que la Ciudad de México y las entidades federativas puedan regularlo libremente. En cualquier caso, es importante aprovechar la amplia experiencia que se ha acumulado en la Ciudad de México y en otras entidades de la República.
La iniciativa desarrolla el derecho humano de acceso a la justicia, estableciendo que las legislaciones procesales correspondientes deberán establecer una fase obligatoria de mediación que no podrá exceder de 30 días hábiles, prorrogables por otros 10 días hábiles más, una vez fijados los puntos controvertidos, a condición de que la controversia verse sobre bienes o derechos que sean renunciables o que no requieran de autorización judicial para su renuncia, que no afecten derechos o intereses de terceros, que no contravengan disposiciones de orden público y que las partes tengan su libre disposición sobre ellos. Sobre este tema me parece que el momento procesal oportuno para establecer esta fase obligatoria debería ser antes de iniciar el procedimiento judicial, esto es, como requisito de procedibilidad.
Las atribuciones que la Iniciativa de Ley otorga a la Mencionada Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, incluyen la de elaborar y publicar el Reglamento de la Ley, colaborar con instituciones certificadoras en la elaboración de los criterios del estándar de competencias laborales para la certificación de mediadores, emitir la autorización para las Personas Facilitadoras Certificadas, elaborar y administrar el Padrón Nacional de Personas Autorizadas como Facilitadoras, emitir la firma electrónica para aplicar los mecanismos alternativos por medios electrónicos, fomentar la investigación y enseñanza de los mencionados mecanismos, promover campañas de difusión, celebrar convenios para cumplir con los objetivos de la Ley, remitir un informe anual al congreso para la evaluación y mejora de los mecanismos y para modificar su marco jurídico, colaborar con las dependencias e instituciones de los tres Poderes Públicos y coadyuvar con los órganos competentes para regular y supervisar a las Personas Facilitadoras Autorizadas.
Se prevé que el nuevo Sistema de Justicia Alternativa estará integrado en el ámbito público por los Centros de Justicia Alternativa y los Programas Públicos, en tanto que en el ámbito privado estará a cargo de las Personas Facilitadoras, que pueden estar autorizadas, certificadas o no certificadas, y quienes podrán actuar de forma individual o agrupadas. Los Centros de Justicia Alternativa pertenecerán a los Poderes Judiciales tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, así como a los órganos autónomos que ejerzan funciones jurisdiccionales.
En el ámbito privado dicho Sistema será operado por las Personas Facilitadoras, estén certificadas o no, y las autorizadas, quienes también podrán actuar de forma individual o agrupadas. La Ley aclara los siguientes conceptos: Persona Facilitadora es la denominación genérica para los individuos mediadores en los ámbitos público y privado y basta que las partes les reconozcan tal carácter; la Persona Facilitadora Certificada es todo individuo acreditado ante las Instituciones Certificadoras en los ámbitos público o privado; y Persona Facilitadora Autorizada es la persona facilitadora certificada que ha obtenido la autorización por parte de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Esperamos pronto tener la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto del Senado para persuadir a nuestros legisladores de ir por el ideal de contar con una nueva Ley General de MASC’s moderna y una legislación de punta en materia de mediación comercial, que permita a los mediadores mexicanos enfrentar los retos que el comercio internacional presenta, en beneficio de nuestros empresarios.
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Gran paso Toño! Impulsar la mediación como mecanismo de solución de controversias, me parece que es una medida conveniente para asegurar el acceso a una justicia pronta y efectiva…Y que participen abogados de tu talla como mediadores/facilitadores, una garantía de éxito de estos esfuerzos.
Gran idea: poder solucionar de manera alternativa los conflictos comerciales y familiares mediante este método de justicia. Los Tribunales cada día están más saturados y, por lo mismo, menos eficientes.
Felicidades Toño.
Saludos y mis respetos.
Me parece una excelente oportunidad para tener leyes que respondan más adecuadamente a las necesidades de nuestra sociedad. Un abrazo
Muchas gracias Antonio por tu artículo.
Muy preciso y como bien dices, ojala la nueva ley entre en armonía con esos instrumentos internacionales que mencionas. Se que será un gran paso en el sistema de impartición de justicia, pues como el mismo proyecto reconoce es un derecho humano de todos los gobernados tener expeditos los medios alternos de solución de controversias.