Cierto, enfrentamos una crisis económica mundial sin precedentes, una pandemia que por primera vez cubre el planeta y en México, en particular, transitamos una difícil transformación política que se propone, entre otras cosas, cambiar las reglas de hacer negocios en México.
Claro que un cambio sustantivo de reglas de inversión privada, después de un siglo de vigencia de las viejas, crea incertidumbre y lleva a quienes se ven afectados a declarar que han perdido confianza en el gobierno; también reclaman seguridades empresarios que tienen razonables dudas del sentido y consecuencias de los cambios.
Hasta ahora, los cambios han consistido en eliminar cualquier privilegio fiscal, del que no gozaban todas las empresas, sólo las más grandes e influyentes, como BBVA Bancomer, por ejemplo, y varias compañías industriales, lo que ha tenido el efecto perverso, además de la pérdida de recursos para la hacienda pública, de poner en desventaja competitiva a quienes no participaran en esos enjuagues.
Otro cambio en marcha es reducir al máximo la evasión y elusión de obligaciones fiscales, con el respaldo de reformas legales que hagan pensar a quienes han dejado de pagar impuestos, que no vale la pena correr el riesgo de seguirlo haciendo.
Finalmente, al poner distancia entre el poder político y el poder económico, se busca evitar la añeja costumbre del otorgamiento amañado de contratos que, otra vez, tiene el perverso efecto colateral de que el contratista abate calidad de la obra, sin que la autoridad contratante pueda reclamarle nada.
En esos cambios no hay ningún ataque al derecho de propiedad privada. Si tienen éxito razonable, el resultado sería un piso más parejo de competencia para las inversiones en todas las ramas de actividad; ninguna gozaría de privilegios a discreción y corrupción de autoridades, y el Estado sólo fomentaría las inversiones privadas creando infraestructura, regulaciones adecuadas y subsidiando actividades estratégicas.
Ésas son sólo parte de las condiciones favorables a las inversiones privadas en un sistema capitalista; otra parte, la más importante, es la perspectiva de rentabilidad que le ofrezca el mercado a los inversionistas.
Rentabilidad es la palabra clave, legítima; cómo obtenerla, es lo que está cambiando y ha sido motivo de distanciamiento entre el gobierno y la representación empresarial que, por el bien de todos, conviene que se resuelva.
En la mañanera del 17 de agosto, López Obrador dijo que se está hablando con todas las organizaciones empresariales para que, en 15 días, se presente un “proyecto de reactivación económica” que comprenda inversiones mayoritariamente privadas en infraestructura, incluyendo el sector energético.
Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que tiene cinco puntos a proponer para la recuperación de la economía: estimular el consumo local; aprender a vivir al lado de la pandemia; difundir los programas de financiamiento para trabajadores –apoyos fiscales para pagar la nómina (?)–; promover la venta de productos mexicanos en Estados Unidos y revivir las inversiones infraestructura.
A diferencia de la solicitud empresarial al inicio de la pandemia, para que el gobierno adquiriera créditos por un billón de pesos para compensar la pérdida de ingresos que tendrían las empresas, a lo que López Obrador se negó rotundamente, ahora parece haber mejores posibilidades de acuerdo y de que se echen a andar las inversiones públicas y privadas del programa de infraestructura que se presentó en diciembre de 2019, y en el sector energético.
Hay que hacerle lugar al optimismo.
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