Las inversiones pública y la privada cayeron a niveles sin precedente en el periodo abril/junio con respecto al primer trimestre del año; las causas del desplome son la política económica del gobierno y las condiciones de inversión que persiguen los empresarios.
El INEGI informó esta semana que la inversión pública disminuyó 4.4% (noveno trimestre consecutivo a la baja); la caída de la inversión privada fue de 33.25% (quinto periodo de contracciones).
Lo más sencillo es atribuir tan malos indicadores a las medidas de reclusión y cierre de actividades a las que obligó la pandemia, pero el problema también tiene facetas de carácter vicioso que habría que romper.
Del lado de la baja inversión pública juega la obstinación de López Obrador con la austeridad, y de parte del sector privado, la exigencia al gobierno de “estímulos” para invertir, en vez de perseguir buenos resultados con base en mejorar su eficiencia competitiva en el mercado.
La austeridad draconiana del gobierno, que le celebraría el Fondo Monetario Internacional que contribuyó al neoliberalismo, no da lugar a participación de inversiones privadas en la construcción de infraestructura, ni al avance del país en esa materia.
Tampoco fortalece al mercado interno; si durante el primer año de gobierno se promovió el aumento real del salario mínimo por primera vez en décadas y se emprendieron acciones para liberar a sindicatos de cacicazgos, en contraste, en aras de la austeridad, se le redujeron los salarios de la burocracia y este año se le quitó el bono de aguinaldo y se recortó el presupuesto de varias secretarías.
Ésa no es una fórmula secreta con la cual presumirle al mundo. La motivación es irracional: según lo ha dejado ver López Obrador en las mañaneras, él considera que los excesos en gasto público sólo favorecen a los ricos. Probablemente, pero la austeridad como solución a ello, termina por afectar a los más pobres.
Es el caso que, en medio de la pandemia, no se ha creado ningún programa de apoyo social para los desempleados, por lo que muchos se convertirán en nuevos pobres. Sólo se adelantaron las entregas de algunos programas y se les extendieron microcréditos a pequeñas empresas.
Por otra parte, está la reticencia empresarial a invertir; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó bien el problema el lunes, en reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, que le reclamó certezas, confianza y “estímulos económicos”; dijo el funcionario que “la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda es dar certidumbre en la política fiscal y en la política económica” para generar un marco en el que todos los actores de la economía puedan operar en condiciones de confianza. Ésa es toda su responsabilidad, que no es poca cosa y que la ha cumplido.
También la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, está en lo suyo y garantizó a los empresarios que no hay persecución ni terrorismo fiscal, y que las autoridades fiscales proceden conforme al derecho que manda que quien tiene que pagar impuestos, los pague.
Las certezas y confianza en el ambiente de negocios son importantes, pero lo fundamental para que las empresas inviertan en su expansión, es que tengan mercado para sus productos o servicios, y eso sólo se gana con eficiencia competitiva.
Durante décadas, se abusó de los bajos salarios para elevar la competitividad, pero ya es claro para todo mundo que no se puede seguir por ese camino cuando al 49% de la gente con empleo, es decir, a la mitad de los trabajadores, no les alcanza lo que ganan para comer.
No puede el empresariado seguir rehuyendo de la responsabilidad de emprender la alternativa de la eficiencia tecnológica y la innovación de productos, so pretexto de la falta de confianza e incentivos fiscales.
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