El 11 de septiembre de 1973 el gobierno chileno encabezado por Salvador Allende despertó con un Golpe de Estado entre las manos, lo que provocó el ascenso de Pinochet al poder. En marzo del 1976 la historia se repitió en Argentina y la junta militar dirigida por Rafael Videla se hacía con el poder. Casos como estos, se pueden encontrar varios, prácticamente toda la primera y segunda mitad del siglo pasado estuvo repleta de dictaduras en Latinoamérica. No es objeto de este artículo abordar los orígenes o las causas de estas dictaduras que, son por demás conocidas, sino hacer patentes las consecuencias de lo que sucede cuando la seguridad pública se militariza.
Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, las víctimas de la dictadura superan los 40,000, con más de 3,000 asesinados. Por su parte la Comisión para las Personas Desaparecidas (CONADEP) de Argentina hace un balance mesurado y dice que la dictadura dejó aproximadamente 9,000 personas asesinadas, la mayor parte desaparecidas en los famosos y atroces vuelos de la muerte. Sin embargo, Amnistía Internacional calculó que en la década de los 80 el número de víctimas superaba los 15,000 y las Madres de Plaza de Mayo afirman que fueron más de 30,000.
Todo lo anterior sucedió porque cuando una dictadura asciende al poder, la seguridad pública pasa por un acelerado proceso de militarización. Las formas en las que generalmente actúa una institución de seguridad pública quedan relegadas, pues se rigen bajo otro esquema de administración y de operación; esquema que se muestra incompatible con el aparato castrense.
En México desde el 2006 con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la seguridad pública del país ha ido sufriendo transformaciones de carácter militar, sobre todo con su “estrategia” (porque nuca hubo una o por lo menos no bien planeada) para combatir la Delincuencia Organizada (D.O.) o su mal llamada “guerra contra el narco”. Ésta consistió principalmente en sacar de los cuarteles a fuerzas militares y navales para combatir, sin estrategia alguna, el problema antes mencionado. Empero, parte de su “estrategia” también fue dirigida a darle a estos elementos tareas de seguridad pública, argumentando que gran parte de las policías estatales y municipales estaban coludidas con la D.O.
Desde aquel sexenio la presencia de militares y navales en México no ha vuelto a desaparecer, ni siquiera disminuir, ningún sexenio posterior ha mostrado la más mínima intención de concluir con aquella fallida “estrategia” y al contrario el actual gobierno enraizó y amplio aún más sus tareas de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional (GN).
El estudio titulado “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México” realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, muestra que de 2006 a 2017 fueron 148 las denuncias que se presentaron en contras de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) por violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) recibiendo 113 denuncias el Ejército y 38 la Marina, más del doble de las que recibieron las policías del país en ese mismo lapso. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta enero del 2019 las FAM ya acumulaban 71 denuncias más en su contra.
La Guardia Nacional es una institución aparentemente de seguridad pública, ése es el discurso con la cual la ha promovido el actual gobierno. Ésta se ha presentado como la principal estrategia en materia de seguridad, es vendida como la panacea al difícil problema que sufre México hoy en día: la inseguridad. La GN está compuesta por elementos del Ejército, Marina y de la Policía Federal (en camino a ser remplazada en su totalidad por la GN). La estructura operativa de la GN está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es decir, del Ejército; mientras que la estructura administrativa es de carácter civil, operada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior se puede consultar públicamente en el organigrama de la GN.
La estructura operativa es, como su nombre lo indica, la encargada de todas las operaciones que lleva a cabo la GN. Estas operaciones son aprobadas y supervisadas por un solo hombre: el Secretario de la Defensa Nacional. De mayo del 2019 a agosto del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido formalmente 219 denuncias en contra de la GN por violación a los DDHH, esto se traduce en un 67% más denuncias que las presentadas entre 2006 y 2017, la diferencia es que la GN las logró en un solo año de operaciones. Creo que no hace falta decir que esta cifra es alarmante y sumamente peligrosa.
Otra señal que debe encender las alertas es la reciente militarización que se ha dado sobre los puertos y aduanas del territorio mexicano, esto con la supuesta finalidad de combatir el trasiego de drogas y armas, sin embargo, a través de estas acciones que ha ido implementando muy mesuradamente el gobierno de López Obrador, podemos apuntar indubitablemente a un ejercicio de militarización de la vida civil. Insoslayablemente lo más amenazante es la pasividad con la que el mexicano ha aceptado este paulatino cambio de régimen.
Como criminólogo apunto a dos graves riesgos, el primero: las violaciones a los DDHH de la población no disminuyeron, al contrario, se agudizaron de forma abrupta, esto quiebra completamente la confianza en la institución que presuntamente fue creada para combatir la violencia y regresar la paz a la sociedad mexicana; la segunda: como toda institución de corte militar, su presencia en todo el territorio mexicano y fuera de los cuarteles es un peligro latente para el propio gobierno, que en cualquier momento se puede volver víctima de su propia creación y sucumbir ante un Golpe de Estado, lo cual sería terrible pues lo que menos necesita México en este momento es una dictadura, porque como ya lo vimos al principio, las cifras de muerte y desaparición que encarna un gobierno autoritario de este tipo son abominables. Si hoy con todo y la CNDH, con todo y un gobierno democrático, la Guardia Nacional es la más denunciada y la más impune, imaginemos si tuviéramos un gobierno militar…
Lo anterior tal vez pueda marcar el inicio de una criminología crítica mexicana que, precisamente enfoque sus esfuerzos en señalar y estudiar todos esos abusos cometidos por la Guardia Nacional, abusos que contrastan con los índices de inseguridad que actualmente tenemos y que nos invitan inexorablemente a cuestionarnos ¿qué está haciendo el gobierno por prevenir las violencias, si su máxima estrategia de seguridad, la creación e implementación de la Guardia Nacional, está teniendo más denuncias que ninguna otra institución de seguridad? La GN nació de manera apresurada y se ha convertido en una macabra paradoja de lo que es seguridad, no podemos decir que su camino se ha desviado porque nunca ha tenido un camino claro. Lo que sí es claro y real es que la Guardia Nacional en este momento representa más un riesgo que un beneficio y, criminológicamente hablando, esto va a acarrear miedo, desconfianza, irritación, enojo y pérdida de vidas humanas. La seguridad es una cosa muy seria que nunca se debe tomar a la ligera.
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