Importancia persistente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (Parte I)

Durante 260 años el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México se ha dedicado a dignificar la abogacía en nuestro país. Es una de las cuatro instituciones virreinales en manos de particulares que subsisten en México. Las otras tres son el Nacional Monte de Piedad, el Colegio de Vizcaínas y el Hospital de Jesús. El Ilustre es la agrupación gremial más antigua del continente americano y actualmente ha retomado la vitalidad que tuvo durante su creación en el virreinato, en 1760, en los procesos de la Independencia y la Reforma y a principios del siglo XX.

Apenas el pasado lunes, durante su Asamblea General Ordinaria Anual, el Ilustre nombró por primera vez a una mujer como vicepresidenta de su cuerpo directivo llamado Junta Menor. Se trata de la prestigiada abogada Isabel Davara, quien estudió en España las carreras de Derecho y Economía en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) de los jesuitas, quien es una convencida de la igualdad de derechos, oportunidades y de acceso entre hombres y mujeres. Isabel sin duda será importante soporte del flamante presidente del Ilustre, el destacado abogado fiscalista Arturo Pueblita, quien centrará sus esfuerzos durante el próximo bienio en la certificación profesional de abogados por especialidad y en la certificación deontológica de sus miembros, para asegurar la calidad profesional y el cumplimiento del estricto código de ética del Colegio. También el presidente Pueblita pretende llevar a cabo un programa de publicación de obras colectivas por materia, que facilite el entendimiento de la vertiginosa evolución del derecho en la época actual.

Tienen claro estos líderes la necesidad de continuar con las relaciones internacionales del Ilustre, a fin de darle dimensión internacional a la abogacía de México. Siguiendo los pasos de mi antiguo amigo y socio Miguel I. Estrada Sámano (Q.E.P.D.), quien fue presidente de la Unión Internacional de Abogados (UIA), con sede en París, hoy día el presidente Pueblita es Secretario Regional para América, el expresidente del Ilustre Óscar Cruz Barney es presidente del Capítulo Nacional de la UIA en México y el expresidente del Ilustre Alfonso Pérez Cuéllar es vicepresidente del Senado Internacional de Colegios de Abogados de la UIA. Yo mismo fui presidente del Comité Nacional Mexicano de la UIA, así como Director de Miembros Colectivos de la UIA, formando parte de su Consejo Directivo, antes de haber ocupado la vicepresidencia del Ilustre.

También es destacable la participación del Ilustre en la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en la que muchos años mi colega y amigo Javier Quijano Baz, también miembro de la Junta Menor del Ilustre, participó como Secretario General. Asimismo, el Ilustre se ha hermanado con el Colegio de Abogados de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Barra de Abogados de París, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Orden de Abogados de Brasil, entre otras instituciones gremiales de la abogacía.

Pueblita y Davara también tienen clara la función de los colegios de abogados que incluso por disposición legal debe alejarse por completo de la política. El Ilustre siempre ha sido apolítico y actualmente no cumple una función social de oposición o de militante. Su importante labor se centra en garantizar el libre ejercicio de la profesión de los abogados, la defensa de éstos, la defensa de la Constitución y de la justicia, así como del Estado de Derecho. Desde luego el Colegio ha sido y seguirá siendo una voz crítica de los actos de los poderes públicos, pero preservará su visión incluyente de miembros con posiciones políticas aún opuestas.

Resulta importante que, aunque actualmente no es obligatorio legalmente estar colegiado, es conveniente que la abogacía actúe unida fundamentalmente en beneficio de los usuarios de los servicios jurídicos, para garantizar que quienes los prestan estén debidamente calificados para ello y se encuentren sometidos a altos estándares éticos. Es inadmisible que en pleno siglo XXI el gremio de los abogados carezca de una Ley General de la Abogacía por la cual el Ilustre ha luchado desde tiempo inmemorial. En 2014 el Ilustre propuso una Ley que establecería un examen de acceso a la profesión y una pasantía supervisada que asegure la formación teórica y práctica de los abogados, la certificación de dichas capacidades por parte del Colegio y el control ético de la profesión por parte del propio gremio, estableciendo un registro nacional de cédulas.

Las principales razones que motivaron en 1760 la fundación del entonces llamado Ilustre y Real Colegio de Abogados de México fue la protección de las viudas y los huérfanos de los abogados de aquella época que sufrían una mala situación económica, mediante el establecimiento de una hermandad entre pares que incluyó un sistema mutualista, así como dignificar la abogacía. En aquella época se requería probar la limpieza de sangre para poder acceder al Colegio. Esta terrible práctica, en España pretendía excluir a judíos y moros, pero en México pretendía excluir sangre negra. Podían ser admitidos abogados de origen indígena, pero no hijos nacidos fuera de matrimonio. El propósito de estas medidas en aquel entonces era que la abogacía fuera ejercida por personas de buena reputación. La presencia gremial luchó por darle importancia social al abogado y fue por eso que el Rey Carlos III autorizó a los miembros del Ilustre a utilizar en sus togas las puñetas blancas, cuyo uso les brindaba distinción.

Fue ni más ni menos la Virgen de Guadalupe quien fue reconocida como patrona de los abogados y su fiesta del 12 de diciembre fue dedicada a ellos. Fue así que la abogacía fue recobrando la dignidad que merece, lo que le permitió que se le guardasen sus privilegios para no ser despreciada por los jueces ni por el poder del Estado, quedando bajo la protección de la Real Audiencia.

Si bien es cierto que la vida del Ilustre nunca se ha interrumpido durante su larga vida de 260 años, a mitad del siglo pasado fue poco activo y gracias al rescate que de él hizo nuestro destacado colega y amigo Bernardo Fernández del Castillo, el Colegio retomó vuelo en el panorama nacional para ocupar el prominente lugar de hoy. En efecto, fue él quien logró institucionalizarlo nuevamente conforme a los retos del México contemporáneo, reactivó las elecciones periódicas del presidente y de los miembros de la Junta Menor, creó comisiones de trabajo y posicionó al Colegio ante las coyunturas legales y legislativas de nuestros tiempos y salvaguardó y ordenó el valioso archivo del Colegio, el más antiguo de la abogacía de América.

En futuras colaboraciones profundizaré en algunos episodios relevantes del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, durante los procesos de Independencia y de Reforma, así como en el Porfiriato, la Revolución y el México de hoy, de cuya cuenta se ha encargado los últimos años el cronista del Colegio, mi amigo y colega Alejandro Mayagoitia.

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