Gerardo Mendoza hizo un examen para ingresar a una empresa de monitoreo de medios ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Pasó la prueba y luego de tres meses, fue contratado —él creía que por el organismo al que asistía todos los días—. Pese a ello, cada vez que obtenía su recibo de pago, el RFC correspondía a una organización con otro nombre de Guadalajara, Jalisco, y estaba expedido desde el estado de Quintana Roo. ¿A qué se debe eso?, ¿quién le estaba pagando por sus servicios?, ¿a dónde debía acudir en caso de una violación laboral?
Bajo el argumento de erradicar las malas prácticas laborales en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo, un decreto cuyo fin consiste en “prohibir la subcontratación de personal”. No obstante, la situación generó opiniones divididas e, incluso para algunos especialistas en materia, de aprobarse el proyecto del jefe del Ejecutivo, únicamente habrá una carta de buenas intenciones en lugar de verdaderos panoramas favorables para los trabajadores de México.
“Vamos a presentar una iniciativa de Ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo afecta a los trabajadores, porque les niegan sus prestaciones laborales”, dijo López Obrador en la conferencia matutina del 12 de noviembre.
Dentro del discurso de proteger a los empleados del país, entre las propuestas que expuso la reforma, se encuentra la de prohibir la subcontratación, pero no en el caso de “servicios especializados”. Asimismo, determinó como requisito para los organismos interesados, un registro otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social —mismo que deberá ser renovado cada tres años—.
Con todo y su justificación, desde su anuncio, la iniciativa sobre la subcontratación, generó gran controversia, especialmente en la iniciativa privada. En este sentido, organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pusieron de manifiesto su negativa a la eliminación de dicho formato laboral, pero se pronunciaron a favor de su regulación.
Como respuesta a la solicitud de aclaraciones en materia, durante la mañanera del 9 de diciembre, el líder de la autollamada Cuarta Transformación anunció un “acuerdo” entre el Gobierno y parte de los sectores empresarial y obrero. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una conclusión y únicamente se aplazó a febrero próximo, la discusión parlamentaria de la reforma en el Congreso de la Unión.
Sobre el tema, Abigail Quiroz Vargas, Maestra en Derecho y titular de la Fundación Trabajo Digno, explicó que si el Gobierno realmente quiere terminar con las malas prácticas laborales, necesita implementar filtros más contundentes. Esto, debido a que, a su decir, los registros y revisiones periódicas cada tres años no traerán los efectos esperados, dadas las múltiples formas de evadir responsabilidades.
“La intención es buena, pero los efectos no lo serán tanto, porque hay muchas maneras de evadir… La reforma es muy vaga, se necesita una supervisión permanente; como está no va a funcionar”, señaló la especialista.
De acuerdo con Quiroz Vargas, la actual administración tiene el deber de especificar qué se entiende por “servicios especializados”. La abogada propuso hacer una lista de requisitos que deben cumplir tales organismos y regular no solo el registro, sino la operación de cada uno de ellos.
Por su parte, Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios para el Trabajo Formal (CEEF), manifestó que el Gobierno federal sigue sin generar ningún tipo de consenso, pese a los encuentros que ha tenido. Todo lo contrario, el Licenciado en Relaciones Industriales expuso que la propuesta de López Obrador permanece en simples intenciones de erradicar las prácticas no aceptadas en el ámbito.
“Realmente no afecta nada porque es un acuerdo que no es un acuerdo. Finalmente es unas buenas intenciones terminar con las malas prácticas de la subcontratación”, dijo Leñero.
¿Qué es la subcontratación?
En entrevista para El Semanario, Armando Leñero explicó que la subcontratación es una relación laboral que en lugar de estar conformada por dos partes, tiene tres actores: patrón, trabajador y un beneficiario del servicio. En ello estuvo de acuerdo Quiroz Vargas, quien afirmó para el presente medio, que en el proceso también conocido como tercerización, ocupa un lugar muy importante la figura del “subcontratista”.
Con base en las declaraciones de Quiroz, especialista en Derecho Laboral, el formato de subcontratación nació con buenos fines, dado que pretendía que las empresas pudieran dedicarse al “corazón de su negocio”. Pese a ello, la además docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que con el paso del tiempo, la estructura se empezó a ver como una forma de evadir responsabilidades laborales debido a la incertidumbre que genera.
“Si un trabajador subcontratado sufre un accidente, el responsable no será el beneficiario de los servicios, el responsable es la empresa subcontratista”, ejemplificó la abogada.
Sumado a lo anterior, la profesora de la UNAM apuntó que las empresas de subcontratación han sido criticadas porque lo que venden es el trabajo de los trabajadores. Esto, aún cuando la Ley Federal del Trabajo advierte en su artículo tercero que:
“El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes”.
Bajo este panorama, Quiroz aseguró que las empresas de tercerización son un gran negocio que implica poca inversión. La especialista explicó que a diferencia de otros giros, “no se necesita nada más que un domicilio fiscal y un acta constitutiva, porque lo que venden ingresa por la puerta con una solicitud de empleo”.
La abogada dedicada a temas laborales comentó también que lo más grave del asunto, reside en que muchas de las empresas dedicadas a la subcontratación son “de papel”. Es decir, organizaciones que no cuentan con un patrimonio, cuentas bancarias y que tras operar por algunos años, desaparecen.
En este sentido, la fundadora de Trabajo Digno aseguró que un empleado puede trabajar por largos periodos en un lugar que cambia de nombre y representantes cada dos años. “En diez años trabajando para una empresa, al empleado ya lo cambiaron de patrón hasta cinco veces”.
La especialista anunció que en su fundación —cuyo objetivo consiste en apoyar, asesorar y acompañar tanto a patrones como trabajadores— han llegado casos donde los empleados ganan sus demandas laborales, pero no existen las empresas para reclamar el monto del que se hicieron merecedores con el proceso legal. ¿La propuesta de AMLO es suficiente?
Iniciativa propuesta de AMLO
El decreto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de subcontratación contempla una serie de modificaciones y adiciones a las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, involucra cambios en el Código Fiscal de la Federación y las Leyes del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
No obstante, gran parte de la esencia de la iniciativa del primer mandatario se deposita en la reforma a los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Esto, debido a que ponen de manifiesto la prohibición de la subcontratación y la reglamentación para servicios especializados.
De acuerdo con la modificación al artículo 13 de dicho marco legal:
“Se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Pese a lo anterior, en el artículo 14 de la misma Ley se precisa que:
“No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos”.
De dicha manera, en el caso de las personas físicas o morales que proporcionen dichos servicios especializados, deberán contar con la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A ello se le suma, una renovación del permiso en periodos de tres años.
Al respecto, Abigail Quiroz manifestó que la actualización del registro por parte de la Secretaría del Trabajo resulta ser una medida insuficiente. Argumentó que las empresas bien pueden faltar a sus obligaciones laborales y desaparecer antes de que se cumpla el periodo del permiso.
“Cambian de nombre y de domicilio cada tres años y se acabó. Porque cuando la Secretaría quiera sancionarlos ya no va a haber nadie. Los candados que se quieren poner son muy flacos, muy débiles”, apuntó la abogada.
Por su parte, Armando Leñero aseguró que si la Secretaría de Trabajo cuenta con la autorización total sobre el registro, se abre la ventana a actos de corrupción. Tal situación debido a que la asignación del permiso podría darse únicamente a los “consentidos” y amigos del régimen.
Siguiendo el hilo, el presidente del CEEF expuso que si de verdad López Obrador y su equipo buscan erradicar las violaciones laborales, irían al fondo del asunto: no solamente en la subcontratación, sino en cualquier relación directa.
Consecuencias de la iniciativa
De acuerdo con el Censo Económico 2019 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 17.3 por ciento del personal en México, está bajo términos de subcontratación. Por su parte, según aproximaciones del Centro de Estudios para el Trabajo Formal, en el país, entre seis y siete millones de personas se encuentran trabajando con tal formato.
Con base en estas cifras, la Coparmex advirtió que la iniciativa propuesta por López Obrador es una acción que atenta contra la creación y preservación de empleos formales. Asimismo, agregó que representa una amenaza para la competitividad del país y la función de micro, pequeñas y medianas empresas.
La postura de la Confederación fue respaldada por Leñero, quien aseguró que con la desaparición de la subcontratación, todos los trabajadores que tienen esa figura, quedarán en la informalidad. Además, el especialista advirtió que presentarán una reducción considerable de sus ingresos.
Y es que en México, ya de por sí existe una gran población trabajadora informal. Según datos del INEGI, para mayo de este 2020, la informalidad alcanzó al 51.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Con 22.6 millones de personas, el país se convirtió en la segunda economía de América Latina sin contrato ni prestaciones.
En cuanto a nivel de las empresas, el presidente del CEEF, señaló que muchas no podrán costear todos los gastos de administración que un organismo requiere. Por consiguiente, advirtió que se verán en el escenario de irse a la quiebra aún frente a la complicada situación.
Incluso, Leñero puso de manifiesto que la desaparición de la tercerización podría afectar la visión externa que se tiene sobre el mercado mexicano. Tal situación, sobre todo debido a que la economía se notará menos atractiva y flexible para la inversión extranjera.
El Licenciado comentó que la forma en que se están promoviendo los cambios, son también una forma de generar desconfianza al exterior. Agregó que diversos países del mundo, podrían poner en duda la relación con el país, debido a la facilidad y rapidez con la que cambia sus normas.
“México será menos atractivo, porque además este cambio como lo pretende hacer el Ejecutivo genera mucha desconfianza, y la desconfianza genera menos inversión, tanto extranjera como nacional”, advirtió el líder del CEEF.
De acuerdo con Leñero, todo lo relacionado en materia de subcontratación ya estaba señalado previo a la iniciativa de la autollamada Cuarta Transformación. Por consiguiente, aseguró que la única misión del Gobierno consiste en hacer valer las leyes del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, IVA e ISR.
Contrario a las declaraciones de Armando Leñero, Abigail Quiroz explicó que sobre las consecuencias de eliminar la subcontratación, existen diversas falacias. Entre las más sobresalientes enlistó las relacionadas con la pérdida de empleos y el paso de las empresas formales a la informalidad.
Según la experiencia de la presidenta de la fundación Trabajo Digno, si llegara a desaparecer la estructura de subcontratación, todas las organizaciones tendrían la necesidad de contratar a quienes les brindan sus servicios. Enfatizó que no sería un acto de perjudicar a la iniciativa privada, sino del respeto a los derechos laborales y hasta humanos.
“No se estaría perjudicando a las empresas, solo se les está obligando a ser responsables de los servicios que reciben”, afirmó la abogada.
Y es que para Abigail Quiroz la subcontratación debe ser eliminada totalmente, porque las empresas no pueden vender personas. La presidenta de la fundación Trabajo Digno argumentó que el comercializar “de forma vil” con los trabajadores, es un atentado a la dignidad humana.
Pese a las diversas posturas sobre el tema, lo cierto es que los especialistas concordaron al decir que las autoridades tienen la obligación de defender las garantías de los trabajadores. Mientras tanto, los empleados deben exigir a las instancias judiciales, el cumplimiento de sus garantías.
Finalmente, como bien lo expresó Quiroz Vargas la contratación es un asunto que no puede resumirse en un “póngamelos para llevar, porque no los voy a ocupar hasta mañana”. Por lo contrario, entrar en un juego de derechos y obligaciones es tarea de todos.
