El INCAM presente en todas las etapas de la historia de México (Segunda Parte)

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es la agrupación gremial más antigua del continente americano y desde su fundación en 1760, en pleno Virreinato, hasta la fecha, ha influido de una manera u otra en la forma en que se ha llevado a cabo la abogacía y en la construcción de nuestro sistema jurídico.

Fue el Rey Carlos III quien aprobó los estatutos del entonces llamado Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, con el doble propósito de que a los abogados de la Nueva España se les guardaren sus privilegios para no ser despreciados ni por los jueces ni por el poder del Estado, y de intentar controlar al gremio de los abogados por parte de las mencionadas instancias. Fue así que el Colegio quedó bajo la tutela de los Jueces Superiores de la Real Audiencia, institución que ejercía sobre los abogados un control ético y político.

El Colegio desde sus inicios ha luchado por el recto ejercicio profesional y por la recta impartición de justicia, para lo cual instauró exámenes sobre Derecho Canónico, Derecho Real y Derecho Común como requisito para la práctica profesional. Para ello se creó una academia teórico-práctica de jurisprudencia que operó durante todo el siglo XIX hasta que en 1870 se convirtió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y posteriormente en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.

En esta materia de la preparación de abogados, es relevante mencionar que en 1912 el Colegio brindó su patronazgo para la creación de la Escuela Libre de Derecho, como consecuencia de un movimiento de oposición al Estado. Los abogados del Ilustre acudieron al llamado de la Escuela para enseñar la ciencia jurídica a sus nuevos alumnos, extendiéndole su autoridad, reconocimiento y aún apoyo económico. Aun cuando hoy en día la Escuela Libre de Derecho ya cuenta con gran prestigio dentro de la profesión, así como con plena fortaleza institucional y económica, su reconocimiento al Colegio subsiste, tanto en el texto de los títulos profesionales que expide, como en su participación con dos escaños en la junta general de profesores.

Durante gran parte de su historia la colegiación de los abogados fue obligatoria. Por ejemplo, en la época virreinal era indispensable pertenecer al Colegio para poder litigar en la Real Audiencia de la Ciudad de México. La pertenencia al Colegio brindaba, tal como ahora brinda, prestigio y dignidad al abogado. En aquel entonces había que cumplir con el estatuto de limpieza de sangre, lo cual incluía un complejo proceso en el que había que presentar partidas de bautismo, incluso de abuelos, así como testigos que dieran prueba que el abogado no había ejercido oficios viles o mecánicos, gracias a lo cual se pretendía garantizar que los colegiados constituyeran una élite intelectual, social y urbana.

Con la Independencia de México, el Ilustre perdió el privilegio de la matriculación legal, pero mantuvo su aura de prestigio gracias a la calidad de sus agremiados. Entre muchos otros, destacan los nombres de miembros del Colegio que participaron decisivamente en el proceso de independencia como Andrés Quintana Roo y Carlos María de Bustamante. En 1823 se extinguió la exigencia de la limpieza de sangre para ingresar al Colegio y desde entonces y hasta la fecha el control de ingreso se basa en que el aspirante tenga un título profesional de una universidad de prestigio y cuente con la recomendación de dos abogados miembros del Colegio que garanticen su honorabilidad como buen ciudadano y den fe de que está en pleno goce de sus derechos. Ya consumada la independencia, gracias a un decreto imperial de Agustín de Iturbide, el Colegio dejó de ser “Real” y pasó a ser “Imperial”, para finalmente adoptar en 1824 su actual carácter de “Nacional”.

La etapa de la Reforma fue complicada para el Ilustre por el generalizado carácter de conservadores de sus miembros, quienes se preocupaban por el mantenimiento de los principios y valores que los habían fundado. Aunque algunos eran intransigentes, otros eran conservadores moderados y algunos otros incluso liberales. Para esas épocas sus miembros ya no eran exclusivamente abogados urbanos de origen criollo, sino que incorporaba ya a miembros producto del ascenso de las clases medias.

La relación que tuvo Benito Juárez con el Colegio fue realmente tenue y la expedición de una ley de reorganización de la educación que incluso pretendió regular al Colegio, nos hace pensar que no entendió su naturaleza de organización gremial, confundiendo su nomenclatura de colegio con el de una escuela. Sin embargo, un destacado miembro del Ilustre de aquella época fue Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue presidente de la República y también presidente del Colegio. Desde entonces se puede afirmar que el Colegio ha sido preponderantemente una institución liberal.

Con el individualismo dominante en aquella época perdió fuerza el mutualismo y el corporativismo que le habían dado origen al Ilustre y poco a poco se convirtió en un lugar de reunión de los abogados, por cierto en una casa que llegó a tener en la calle 5 de Mayo, donde albergó su biblioteca y llegó a contar con un casino e incluso con mesas de billar, todo lo cual lo hicieron parecer más un club que una institución profesional, aunque nunca dejó de realizar conferencias, cursos de actualización y estudios del Derecho.

Durante el Porfiriato eran comunes las consultas del Gobierno y del Congreso al Colegio, y en 1899 se constituyó la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, la cual subsiste hasta la fecha. Por aquella época también comienza a tener importancia la Orden Mexicana de Abogados, que fue presidida por mi bisabuelo Ramón Prida y Arteaga, quien escribió, entre otras obras, “De la Dictadura a la Anarquía”, con motivo de la caída de Don Porfirio. Al caer Díaz y generalizarse el descontento con Victoriano Huerta, hubo reacciones contrarias al Colegio y a la mencionada Academia, ya que entre sus filas había simpatizantes suyos, que incluso tuvieron que ir al exilio. En 1931, al regresar del exilio, los directivos de ambas instituciones las reorganizaron y lograron que mantuvieran relaciones estrechas entre ellas, las cuales se mantienen hasta la fecha.

Posteriormente, en pleno siglo XX, vienen las épocas de Antonio Esquivel Obregón, Jesús Rodríguez Gómez, Francisco Javier Gaxiola Ochoa y Bernardo Fernández del Castillo, quienes concluyeron con el proceso de institucionalización del Colegio, frente a la realidad del México contemporáneo, e incluso lograron la obtención del inmueble que actualmente ocupa en las calles de Córdoba, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. En futuras colaboraciones me referiré a más detalle a las actividades realizadas durante la presidencia de cada uno de ellos, así como a aquellas llevadas a cabo por los presidentes más recientes que lograron poner a resguardo y catalogar el valioso archivo y la biblioteca del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

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