Alrededor de las 16:30 del pasado martes, sujetos armados interceptaron y robaron un camión con cinco tanques de oxígeno en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Momentos después, autoridades locales capturaron a los delincuentes y recuperaron el botín. Tal y como reporta el diario Reforma, los cinco tanques robados estaban vacíos. El caso es todo menos un evento aislado. Los robos de este tipo de contenedores en carreteras se han vuelto frecuentes en zonas variadas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y en general en la región centro del país y algunos otros estados. Además, la prensa reporta un robos a comercios especializados como en el ocurrido hace una semana en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como incontables casos de fraudes a través de sitios de venta en línea y redes sociales.
El fenómeno tiene una explicación relativamente simple basada en una explicación de mercado: ante la urgencia y angustia de quienes cuentan con seres queridos enfermos de Covid, la demanda de oxígeno ha aumentado (alrededor de 700%, según datos de la PROFECO) y el producto, en consecuencia, encarece. Tal encarecimiento produce la oportunidad de ganancias extraordinarias de un bien que, normalmente, no ofrece esas “posibilidades”. En efecto, el encarecimiento es un hecho. El diario Excelsior asegura que el precio del oxígeno se ha triplicado al pasar de 7 mil a 30 mil pesos. Es una estimación razonable pero empírica en función de los casos conocidos. En todo caso, detrás de la relativamente sencilla explicación de mercado, existe una explicación mucho más compleja que se relaciona con la formación y auge de mercados ilegales.
Natalie Kitroeff y Óscar López publicaron en el New York Times una crónica tan fabulosa como estremecedora sobre el calvario que ha sido conseguir oxígeno en la Ciudad de México durante los últimos meses. “Los niños llaman rogando por oxígeno para sus padres”, comienza el texto, “Los ancianos llaman rogando por aire a mitad de la noche. Sin dinero, las personas ofrecen pagar con sus autos”. El drama y la desesperación alimentan el encarecimiento. Son variables difíciles de medir en términos económicos, pero sustantivas para explicar lo que está ocurriendo. La aparición de un mercado ilegal supone, por un lado, una relación directa con el contexto específico de un bien o mercancía en un momento determinado; pero también, y por otro lado, con la forma activa o reactiva en la que la autoridad lidia con el problema de crimen e ilegalidad.
Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, afirmó que, ante este nuevo fenómeno delictivo, la Guardia Nacional está trabajando en coordinación con empresas de proveeduría de oxígeno para ubicar y capturar a los involucrados en estos robos. Sumar a la Guardia Nacional eleva el problema a un asunto de seguridad propio de mercancías ilícitas. Además, apenas el 9 de febrero, el Senado de la República publicó un boletín donde se detalla la presentación de una Iniciativa para adicionar, en la Ley General de Salud, “sanciones específicas para el robo de vacunas, insumos y tanques de oxígeno medicinal, así como para imponer 15 años de prisión cuando este delito sea cometido por un servidor público”.
Sanciones y vigilancia para evitar este crimen son deseables, si no es que indispensables. Sin embargo, de fondo está el tamaño de la crisis que ha producido la pandemia y el manejo que las propias autoridades han hecho de ella. En otras palabras, ¿qué tan rentable sería el negocio de la venta de oxígeno robado, o de los fraudes por este bien, si la demanda no fuese tan trágicamente elevada como producto de un manejo distinto de la pandemia? ¿Tendrá alguna relación que México sea el país con la segunda peor tasa de mortalidad a nivel mundial por la pandemia? El oxígeno no es ni será una mercancía ilícita, pero sí se ha convertido en una profundamente escasa ante un contexto de pandemia que, literalmente, consume el oxígeno de quien enferma. Es responsabilidad de quien gobierna reducir los espacios y posibilidades para que el drama de uno sea el lucro de otro.
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