Lucero Zepeda

Ciclistas, víctimas de la violencia vial

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Los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte en personas de 15 a 29 años en la zona metropolitana.

En una ciudad donde cualquiera puede jugar carreras mortales con los vehículos, la noche del pasado jueves 10 de diciembre, Martín fue víctima de la violencia vial que azota las calles de la capital.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, alrededor de las 21:00 h, dos autos estaban “echando arrancones”, cuando uno de ellos perdió el control y tras girar sobre su propio eje, terminó por arrollar a un ciclista que circulaba sobre su vialidad.

Los tripulantes del auto que se incendió lograron salir intactos del incidente. Sin embargo, la bicicleta de Don Martín terminó calcinada debajo del Mini Cooper y el hombre de 45 años perdió la vida.

Ni Una Bici Blanca Más

Como respuesta ante este hecho violento, ciclistas de la Ciudad de México se congregaron el viernes para bloquear la Av. Álvaro Obregón e Insurgentes Sur.

En un acto simbólico, se colocó una bicicleta blanca para pedir justicia por Martin y todos los ciclistas fallecidos en accidentes viales.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren más de 1.3 millones de personas por esta causa y más de 20 millones de personas sufren traumatismos no mortales.

Según datos del Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP), México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con al menos 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y aproximadamente 24 mil decesos anuales.

  • Foto: Caroline Tibut
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Podemos competir con las mejores universidades del mundo: Lozano Díez

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Años atrás cuando se festejaba el 50° aniversario de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano Díez fungía como Rector General de dicha institución educativa y tenía una visión clara: reformar la UP en una institución que no sólo se dedicara a la docencia, sino también que fuera una universidad que fijara su atención en la investigación científica.

“Todos tenemos un papel distinto. En el amplio espectro de la historia de una institución, somos eslabones que nos va tocando hacer distintas aportaciones. Y a mí me tocó plantear lo que va a definir el camino de la universidad para los siguientes años”. La Universidad Panamericana cuenta con 140 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, fortaleciendo el crecimiento del capital humano de la institución.

El ahora Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana-Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), compartió con El Semanario su experiencia como Rector, y definió los retos que enfrenta la universidad y el ámbito educativo en la actualidad.

¿Cuáles fueron los retos que enfrentó durante su gestión como Rector de la UP-IPADE?

José Antonio Lozano Díez: A mí me tocó una universidad que básicamente estaba cumpliendo 50 años y que necesitaba dar un brinco hacia el siguiente escalón, y ese brinco consistía en convertirse en una institución que fijara su atención en la investigación. Habíamos venido siendo una institución muy docente, de dar clases, y hacía falta institucionalizar la investigación científica. A la par, también se requería tener mejores y mayores equipos e instalaciones.

Entre los retos que enfrenté como Rector comprendí que la universidad no se debe de basar solamente en el modelo de cobro de colegiaturas, y que no debían ser la única fuente de ingresos de una institución universitaria, sino que a similitud de lo que hacen universidades de otras partes del mundo, hacía falta que la universidad tuviera otra fuente de ingresos, como puede ser las aportaciones de los exalumnos, como puede ser el patentamiento y generación de conocimiento de investigación científica que también trae recursos a la universidad, todos los donativos o la procuración de fondos con empresarios y otras personas del tejido social.

Une vez realizadas estas primeras funciones, creamos un nuevo diseño para convertir a nuestra universidad en un centro educativo de investigación e impacto social.

¿Qué fortalezas y debilidades encuentra frente a una universidad que no es de masas?

[JALD]: El diseño de las universidades tiene sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de la Universidad Panamericana, al ser una universidad relativamente pequeña, la desventaja que tenemos es la de no tener la capacidad de llegar a una mayor cobertura, a llegar a más personas que pudieran estudiar en la Universidad Panamericana.

Pero por el lado de la calidad y sobre todo la incidencia, al ser una universidad pequeña, nos permite formar con mayor profundidad a cada persona.

El modelo educativo de la UP es de educación personalizada se busca que cada alumno tenga un preceptor que le va dando seguimiento y lo apoya en su desarrollo profesional durante la carrera. Desde ese punto de vista es una gran fortaleza.

¿Tuvo programas sello durante su gestión en la Rectoría?

[JALD]: Me siento muy orgulloso de cinco cosas que sucedieron durante mi periodo como Rector General de la UP-IPADE. El primero fue convertir la universidad en un centro de investigación e impacto. El segundo que fue muy importante y producto de un trabajo de varios años, conseguimos que la UP –que está ubicada en 3 campus diferentes, cada una con su propio rector– lograra tener una mayor unidad y se generara una sola comunidad universitaria entre los campus.

Por otro lado, el iniciar un nuevo campus titánico que va a ser toda una ciudad universitaria (en Bosque Real), consolidar la adquisición de la tierra donde va a estar ese campus y construir el primer edificio, también forma parte de los programas sellos durante mi gestión como Rector.

En cuarto lugar, diría que fue la creación de nuevos programas y escuelas. A título personal, me siento muy orgulloso de la Escuela de Gobierno y Economía; es una escuela que está dirigida para cuadros del sector público, elementos que hasta ahora en México no se estaba formando. Cuando una persona quiere entrar al gobierno, estudia administración pública, economía o ciencias políticas, pero pocos son los que realmente enseñan “management público”: todo aquello que implica la toma de decisiones, aprobación de equipos de trabajo enfrentarse a situaciones de incertidumbre, etcétera, y esta escuela está bien dirigida a esa dirección pública.

Y por otro lado, la Escuela de Bellas Artes, donde iniciamos con la carrera de música que ha sido un gran éxito, y ahora tenemos una sinfónica que se creó por parte de la Universidad Panamericana.

Finalmente, el último tema que para mí ha sido muy importante, es la creación de una identidad universitaria. Durante el periodo que yo estuve, se creó el himno de la Universidad Panamericana, las ceremonias académicas se unieron en un ámbito de simbología y de liturgia universitaria que le ha dado a la institución mucha prosperidad y mucha identidad.

jose antonio lozano diez
José Antonio Lozano Díez es un jurista mexicano, actualmente Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE.
¿Qué pendientes dejó en su gestión y qué agenda le hereda a su sucesora Fernanda Llergo Bay?

[JALD]: Quedaron varios pendientes sin duda, pero entre los pasos que hay que continuar dando, tiene que ver con el modelo educativo de la universidad. Ahora que estamos en la pandemia, hay muchos retos para mantener la calidad de la educación. A pesar de la falta de la presencialidad, hay carreras que se han visto muy disminuidas en su posibilidades porque necesitan utilizar laboratorios o talleres, y eso dificulta mucho la educación.

Pero por otro lado sabemos también que una verdadera educación no sólo se refiere –como la que ofrecemos en la Panamericana– a la transmisión de conocimientos sino que también tiene que pasar por la formación de la inteligencia emocional; lo que en universidades norteamericanas se les llama soft skills, o habilidades blandas, y estas cualidades y la cosmovisión de estos valores, es muy difícil transmitirlas a través de las herramientas online a como se haría de manera presencial. Un reto importante de cómo ajustar esta nueva realidad al modelo educativo.

Otra cosa que me parece que tocarán en los próximos años es la consolidación de la unidad definitiva de la UP y la puesta en marcha del nuevo campus en Bosque Real. Yo dejé ya listo el edificio pero falta todavía llevar allá a los alumnos –ahora que lo permita la pandemia–.

¿Cómo valora la oferta educativa a nivel Superior en México?

[JALD]: Actualmente, en México contamos con más de 3 mil 300 universidades, y a pesar de que somos el país con más universidades en el mundo, no en todos los casos se ha visto la seriedad ni el compromiso para que estas universidades tengan una educación de alto nivel.

Hacer una buena educación es complicado. Una universidad no es solamente montar un edificio y tener recursos para tener talleres, se requiere de la formación de un claustro de profesores y eso lleva muchos años. Un buen profesor para que sea bueno en el aula y formador de conocimientos, puede llevar 10 o 12 años aproximadamente en ejercicio de su profesión.

Por otro lado, ha habido una visión mercantil por parte de algunas instituciones de educación privada, que no les importa tanto la calidad educativa, sino la mayor concentración de alumnos posibles. Y esto sin duda ha generado una educación mediocre en México. Por esta misma razón, diversas universidades privadas han venido peleando por años el reconocimiento a la calidad educativa en México, y hemos hecho esfuerzos distintitos para impulsarlos.

¿Cómo juegan la UP-IPADE en esta transformación educativa de alto nivel?

[JALD]: Hemos procurado poner ejemplo. Se aprende más de lo que se ve, que de lo que se escucha.

Si nosotros como universidad conseguimos mostrar que en México es posible tener una institución académica que compita con los más altos estándares a nivel internacional con recursos mexicanos, con personas mexicanas y en México, entonces mostraremos que se puede romper el paradigma y que nuestro país puede estar compitiendo con las mejores universidades del mundo.

Esa ejemplaridad que mostramos en nuestra universidad es la mejor manera que tenemos de ayudar para impulsar el mercado de las universidades.

Como Presidente de la Junta de Gobierno de la UP-IPADE, cuál es su agenda inmediata con la institución?

[JALD]: Es un gran compromiso y estoy muy contento de tomar esta gran responsabilidad que me ha dado la institución. Después de estos años de Rectoría, el tener esta posición me hace ver los retos que están dirigidos hacia el futuro. Desde que estaba en Rectoría, quería hacer de la UP una universidad que dependiera menos de las colegiaturas y fuera una universidad más internacional y con mayor aporte a la investigación científica.

Y para ello, se requiere comprender que la universidad es parte de un ecosistema, el cual necesita enlazarse con una serie de actores científicos y empresariales, así como de la administración pública, de cuerpos intermedios y algunas ONG; y a través de todos ellos, interactuar para sacar valores agregados.

Nosotros tenemos mucho que servir a las empresas, al gobierno y ONG, y mantener esos vínculos que vamos creando es ahora una de las responsabilidades que me tocan como Presidente de la Junta de Gobierno.

Expedientes con rostro, una lucha interminable por las víctimas en México

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A nivel nacional, el homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes. Datos del INEGI revelan que cada año, más de una tercera parte de las víctimas de homicidio se encuentran entre los 15 y 29 años de edad.

Si se pudiera retroceder el tiempo, probablemente su madre no lo hubiera dejado salir esa tarde, quizás el joven Christian Tolentino Torres ahora sería un profesionista y estaría sorteando la pandemia en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, pero el tiempo no se detiene ni retrocede, y sin embargo, para las víctimas de delito, el tiempo no es un aliado que ayuda a sanar las heridas, su avance se vuelve cada vez más lento y el dolor es una constante.

El joven de 15 años fue privado de la vida en el mes de junio de 2004, Alejandro y Juan Guillermo López Huesca, que en ese entonces tenían 14 y 16 años de edad, planearon el secuestro de Jonathan Christian exigiendo a la familia una suma de 2.5 millones de pesos, pero dos semanas después de las extorsiones, el cuerpo fue localizado sin vida enterrado en la cochera de sus perpetradores.

Como cualquier madre, María del Rosario Torres Mata no esperaba que su familia se viese violentada de esa manera, y ante el homicidio de su tercer hijo, ella como cualquier otra víctima no sabía qué procesos legales debía seguir para que se hiciera justicia, sin embargo, no esperaba encontrarse tantas trabas legales, entre ellas, el amparo a menores frente a delitos graves.

Pese a la gravedad del delito, uno de los jóvenes, Alejandro Huesca, fue beneficiado con la “Ley de Justicia del Menor”, el cual se ampara al acusado con cualquier tipo de delito grave (secuestro homicidio o a la par de otro) con una pena máxima de hasta 6 años.

Esta ley promovida por el entonces diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra, fue considerada como injusta para la familia de Christian, y llevó a la ahora presidenta de la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C., a emprender un camino de activismo que hasta la fecha, no ha cesado.

Por encima de la corrupción, el desempleo, la inflación o la impunidad, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos. De acuerdo al último Índice de Paz México – 2020, a nivel nacional, la calificación de delitos con violencia empeoró 3.4% en 2019, resaltando un incremento de 1.4% en la tasa de homicidios dolosos; a primera vista, este porcentaje puede no ser mucho, pero quizás impacte más en el lector saber que ese incremento de 1.4% significa que en el último año, más de 35,000 personas fueron privadas de la vida.

A la par de la inseguridad, se suman la burocracia, la corrupción y la violencia institucionalizada; en un país como lo es México, para recibir ayuda y justicia en caso de ser violados tus derechos humanos no basta con el hecho de ser víctima, también hay que demostrarlo, convencer al ministro en cuestión, pasar por varias instituciones narrando una y otra vez la misma historia y, quizás, repetir el proceso por años.

“Ingenuamente pensamos que el tiempo de espera para que un ministro de la Suprema Corte nos escuche, debería ser corto. Más adelante me fui dando cuenta de que no es cierto y que tampoco es fácil”, expresó la activista potosina mientras comentaba al Semanario su experiencia como víctima durante el proceso de lucha por conseguir justicia ante el asesinato de su hijo Christian.

Actualmente, México se encuentra en el lugar 67 de 167 países en el Índice de la Paz Positiva (IPP), y aunque el país mostró un gran avance en materia de “Libre flujo de información”, a la par tuvo grandes retrocesos en “Bajos niveles de corrupción” y “Buen funcionamiento del gobierno” con una calificación por debajo del 16%, calificación que recibe el título de paz negativa.

Con base en su experiencia, Rosario Torres comentaba que el tiempo es crucial en el proceso de justicia, “es una apuesta al tiempo, la persona inculpada es consciente de que no todas las víctimas tienen la fortaleza para continuar en la lucha hasta el final, muchos de los afectados terminan a medio camino y eso es muy lamentable”.

“Como víctimas”, explica Rosario Torres, “siempre tendemos a responsabilizar al Estado por las atrocidades que nos hacen, y muchas veces no es el Estado, son los servidores públicos que no tienen la capacidad, o no tienen la sensibilidad ni el compromiso para atender a esas víctimas, que al final es lo que ellos [las víctimas] necesitan, ser escuchadas”.

Indicó además, que el sistema actual tiende a revictimizar de manera constante. La víctima pasa por un proceso desgastante en el que debe relatar su testimonio a distintas personas, organismos e instituciones para que todos tengan el registro en su respectiva acta.

El artículo 9 de la Ley General de Víctimas establece que toda víctima tiene derecho a recibir orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial con miras a facilitar el acceso de la persona o personas afectadas a una reparación integral del daño, así como ser merecedora de la verdad y la justicia en solución a su caso.

Este derecho a la atención de la víctima fue reforzado por Rosario Torres con la “Unidad de Primer Contacto”, impulsada durante su gestión como comisionada ejecutiva a nivel nacional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al llegar a la comisión, Rosario se percató de esta violencia institucional y la necesidad de las víctimas de tener un acompañamiento integral que terminara por abrumar a la persona involucrada.

Dentro de la Comisión, la vía jurídica –explicaba la activista potosina– representa la columna vertebral del proceso para que la víctima recupere su derecho a la verdad y la justicia, “para esto, la ‘Unidad de Primer Contacto’ es crucial en el sentido en el que no se abruma a la persona que necesita de nuestra ayuda, se le da asesoría de sus derechos, y en colaboración con un psicólogo, un trabajador social y un grupo de abogados expertos en la materia se elabora un solo expediente de la víctima… La gente sufre mucho en el proceso legal, el dolor que sentimos al ver que el servidor público sólo da vueltas a los expedientes, es inexplicable. Siempre va a ser muy cómodo no darle cara a la víctima”.

Con una larga trayectoria en defensa por los derechos humanos, la activista defensora de los Derechos Humanos, María del Rosario Torres Mata, compartió con El Semanario su aspiración a la titularidad de la CEAV, la cual ya precedió en el 2014, pero a pesar de los avances que se logró en materia de trato y atención de las víctimas, la humanista declaró que ese periodo fue insuficiente para asegurar que se continuara con este trato humano hacia la víctima.

“Tengo que hacer algo por todas las víctimas, algo que se refleje verdaderamente en la ley”, expresó Torres Mata.

Con un plan de trabajo basado en tres ejes rectores, la candidata a la titularidad de la Comisión Ejecutiva busca que se erradique la violencia institucional y que la interacción entre instituciones y víctimas facilite la labor de un ambiente colaborativo para ambas partes. 

Respeto a la dignidad de la víctima, eje que involucra mayor capacitación a servidores públicos para una atención digna e integral, además de la creación de medidas de satisfacción y de protocolos que, entre otros temas, prioricen la intervención psicológica de la víctima.

Debida diligencia, eje enfocado a eliminar los trámites burocráticos y fomentar en los servidores públicos la cultura de inclusión, acompañamiento e información.

Protección efectiva del Estado, mediante el cual se buscará involucrar activamente a las instituciones encargadas de otorgar seguridad y protección a las víctimas, además de fortalecer los lazos de colaboración para garantizar asistencia puntual.

Como candidata a ocupar la titularidad de la CEAV, la maestra Torres Mata ha destacado: “cuento con el conocimiento y capacidad para ocupar tan importante cargo; deseo que las víctimas tengan un lugar digno donde acudir. Hoy, a diferencia de hace años, contamos con una Ley General de Victimas, tenemos herramientas e instituciones que nos respaldan y ofrecen garantías, pero es mi deseo llegar a dirigir la CEAV para robustecer estas herramientas y mejorar los procesos de atención y reparación”.

Torres Mata se encuentra dentro de la lista de los 23 aspirantes que recientemente dio a conocer la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, como parte del proceso para ocupar la titularidad de la CEAV. Además de su vasta experiencia en el campo de Derechos Humanos, destaca por ser unas de las aspirantes con mayor número de cartas propuesta y manifestaciones de apoyo por parte de colectivos de víctimas, expertos, organizaciones civiles y universidades.

“No somos un número, ni una estadística más, las víctimas tenemos cara, no somos un expediente. Y yo voy a dar la cara por ellos”, concluyó.

Ayuda fundación a trabajadores de la construcción a alfabetizarse y a terminar estudios

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Después de que las actividades de la construcción no fueran consideradas como actividades esenciales durante la pandemia, un total de 821 estudiantes lograron graduarse y finalizar sus cursos escolares.

Para el 24 de marzo de este año, México entraba de manera formal en la fase 2 de la pandemia por COVID-19, pese a ello, la actividad de la construcción no se había detenido aún y algunos proyectos seguían en marcha.

En ese momento, Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras, comunicaba a los medios la necesidad de no suspender las obras, y aseguraba que los trabajadores tomaban las medidas necesarias para poder continuar su labor durante la contingencia. Las actividades de la construcción fueron suspendidas días después.

En entrevista con El Semanario, Roxana Fabris, presidenta ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo, aseguró que el programa a distancia dio un giro de 180° a los planes de la Fundación; sin embargo, ante la pandemia por COVID-19, se vieron obligados a forzar la marcha y acelerar los procesos de aprendizaje.

“En lugar de que el estudiante vaya a la escuela, la escuela viene al estudiante. A mediados de marzo, iniciamos este proceso de educación a distancia, el cual a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales como Facebook, propusimos herramientas para que los trabajadores de la construcción pudieran continuar con su proceso educativo, aunque sólo el 50% de ellos siguieron estudiando desde sus casas”.

La organización apoya a que los estudiantes –como los llama Roxana– completen su sueño de aprender a leer y escribir, a lograr sus estudios o bien obtener el certificado que avale sus conocimientos en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), lo que les permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias, así como tener un mejor desarrollo humano y profesional.

En sus 14 años de trayectoria, la Fundación Construyendo y Creciendo se ha esforzado en lograr que más de 25 mil trabajadores de la construcción continúen sus estudios, e incluso, logren la alfabetización en el idioma español.

trabajadores de la cosntruccion tomando clases

De acuerdo con las últimas cifras presentadas por el INEA, en México más de 3 millones 704 mil personas adultas no saben leer ni escribir, lo que nos posiciona en el lugar 66° en la tasa de alfabetización de la UNESCO.

Por otra parte, en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, la brecha digital existente en el país dificultó el modelo de aprendizaje para este sector educativo. La transición hacia la nueva normalidad tuvo sus variantes, para aquellos que tienen acceso a la tecnología, sin duda su proceso de adaptación resultó ser más amable, ¿Pero qué pasa con aquellos que no tienen ni celular o acceso a Internet?

Tras la contingencia, Roxana Fabris detalló que la adaptación a las nuevas tecnologías, tanto para el alumnado como para la organización Construyendo y Creciendo, significó un gran reto que todos decidieron asumir y tomar con seriedad con la finalidad de que los trabajadores de la construcción completaran sus estudios en una modalidad virtual.

“Con ayuda de otras organizaciones, pudimos brindar algunos equipos de cómputo y tabletas a nuestros estudiantes. Tuvimos algunos casos de trabajadores que no conocían Zoom y ahora muchos de ellos con la ayuda de algún familiar o vecino, a través de nuestras plataformas educativas, toman sus clases con las nuevas tecnologías. Apreciamos su esfuerzo por no rendirse ante estas adversidades y continuar ante todo con su aprendizaje”.

La labor que Construyendo y Creciendo ha realizado en favor de los trabajadores de la construcción se ve reflejado en más 7 mil graduados de preparatoria en 17 estados de la república.

El sentimiento de solidaridad y apoyo no pasó desapercibido en estos tiempos de pandemia, con la ayuda de organizaciones como CEMEX, AT&T, Deacer, Fundación Gigante, Axioma Proyectos, entre otros, Construyendo y Creciendo hizo posible la entrega de más de 5 mil despensas físicas y en tarjetas precargadas, siete becas mensuales para madres trabajadoras solteras y 700 kits de protección ante el COVID-19.

Un mundo de mujeres

En una fundación que va dirigida a un sector eminentemente de hombres, Roxana Fabris es la primera mujer en encabezar la Presidencia Ejecutiva de la fundación Construyendo y Creciendo, lo cual ella misma señala como un orgullo, pues además de Roxana, más del 50% de los colaboradores que operan en la fundación son mujeres.

“En la Industria de la Construcción, mas o menos el 10% son mujeres, y esta cifra ha ido en aumento en los últimos años. Ahora podemos ver a muchas de ellas en empleos como operadoras de maquinaria, plomeras, carpinteras, desde luego ingenieras y arquitectas, pero también se hace más común ver que muchas de estas mujeres que están en las obras, asisten a nuestras aulas”, señaló la arquitecta.

A pesar de que la proporción en la industria no es mucha, Roxana nos comparte su entusiasmo de que en las aulas de la fundación, el porcentaje de alumnas ha ido creciendo con el tiempo, siendo el 40% las mujeres que deciden tomar cursos o estudiar con ellos para lograr un mejor nivel educativo.

“Selene”, como muchas otras mujeres trabajadoras de la construcción, tuvo que sortear entre continuar con sus estudios de preparatoria con el modelo educativo que tomaban sus hijos frente al televisor. Ante los ojos de ellos, Selene generaba una sensación de orgullo por verla estudiando y esforzándose en conseguir una mejor calidad de vida mediante la educación.

“Una vez que los hijos ven a sus padres estudiando, hay menos probabilidades de que abandonen la escuela. La admiración y el orgullo que pueden sentir hacia los padres los impulsa a seguir con sus estudios y sacar mejores notas”, puntualiza Roxana.

México ocupa primer lugar en pederastia y 99% de los casos son impunes

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Cuatro de cada 10 probables violaciones sexuales contra los menores sucedieron dentro de un entorno cercano y/o familiar.

Hugo es un niño de dos años y medio que vive con su madre, Fernanda, en un centro de reinserción social. Habitualmente, Fernanda acude con su hijo al área varonil del centro para ver a su pareja. Ella dejó a Hugo con los compañeros privados de la libertad de su cónyuge, sin ningún tipo de supervisión, en lo que ella pasa tiempo con él. Un día, Hugo comenzó a llorar quejándose de dolor en el ano, dichas molestias podrían ser consecuencia de algún tipo de abuso sexual.

En América Latina, no menos de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objetos de agresiones severas, y en promedio, 80 mil infantes mueren cada año por la violencia que se presenta al interior de la familia.

La OCDE señaló que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. En ese sentido, en la CDMX, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, apuntó que los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos de maestros y sacerdotes. El 30% de los agresores corresponde a abuelos o padrastros, 13% a tíos, 11% a padres biológicos y 10% primos.

La información que INEGI reporta es alarmante al decir que “de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor”.

Por su parte, SEGOB ha registrado que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en el mundo, lo que en México equivaldría a cinco millones de menores. Especialistas señalan que 1 de cada 5 niños víctimas de abuso sexual se convierten en agresores al crecer; 40% de los agresores fueron violados en su infancia (Cámara de Diputados, 2020).

Anudando a ello, uno de los problemas que enfrenta México es la carencia de datos sobre violencia y abuso contra menores, cuyos casos han ido en aumento a raíz de la pandemia originada por el Covid-19; incrementando las posibilidades de que sufran actos violentos de forma recurrente en sus casas.

El “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que debido a que la población objetivo generalmente son jóvenes y adultos, la recolección de datos sobre violencia contra la niñez y adolescencia son escasos, están incompletos o se encuentran “perdidos” entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.

Para Christian Skoog, Representante de UNICEF en México, el registro incompleto de los datos estadísticos sobre este fenómeno representa una amenaza para la integridad y seguridad de las niñas, niños y adolescentes del país, pues aumenta las posibilidades de que sufran actos violentos de forma recurrente y reduce las probabilidades de que sus derechos les sean protegidos o restituidos.

Como una iniciativa alterna, Saskia Niño de Rivera, Cofundadora y Vocera de Reinserta, sostiene que ante tal carencia de datos es importante apoyar la iniciativa de crear el “Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el propósito de poder identificar los nombres de los agresores sexuales de menores que han sido sentenciados y condenados, para que sirva a las autoridades, así como a la sociedad en general, para tomar medidas de prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes.

“Es urgente segregar a pedófilos dentro de los centros de reclusión, creando espacios libres de violencia dentro de las cárceles y aplicando técnicas para atender las necesidades que son completamente diferentes al resto de la población penitenciaria con el objetivo de proteger y no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el Sistema de Justicia Penal de nuestro país”, señaló Saskia Niño de Rivera.

Datos de la UNICEF sobre los niños abusados:

* El promedio de edad de los niños y niñas, la primera vez que sufren abuso, es de 8 años y medio.
* El 75% de los infantes que sufren abuso son mujeres.
* El haber experimentado un episodio de abuso está relacionado con problemas psicológicos o psiquiátricos en la edad adulta.
* Uno de los factores de riesgo más relevantes, tanto para el abuso como para el maltrato, es la presencia de violencia entre los padres.

Entre los abusadores:

* El 75.1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres.
* El 88.5% son conocidos de los niños y niñas.
* El 50.4% son familiares de los niños y niñas.

Y de los familiares:

* 19.4% Son tíos/as.
* 9.7% Son primos/as mayores.
* 7% Son padrastros.
* 4.4% Son hermanos/as.

De los Conocidos:

* El 11.5% Son “amigos/as de la familia”.
* El 6.2 % a “alguien que no conocía pero que había visto antes”.
* El 5.3% corresponde a “un vecino/a”.

Aprieta Ley Olimpia al delito de la ciberviolencia

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⋅El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas, siendo las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años las más vulnerables en los espacios digitales.

En México se vive un contexto grave de violencia estructural contra las mujeres, se estima que el 66% de las mujeres mayores de 15 años –alrededor de 30.7 millones en el país– han vivido alguna forma de violencia en algún momento de su vida.

Con el desarrollo vertiginoso de la tecnología y los medios de comunicación, la violencia digital en México contra este sector de la población ha ido en aumento y se coloca como un tema de preocupación pública cada vez con más fuerza, lo que ha dado pie a la creación de campañas, propuestas y modificaciones legislativas que puedan combatir este tipo de problemáticas del mundo digital.

Ante esto, el pasado 5 de noviembre fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República la llamada Ley Olimpia nacional, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y al Código Penal Federal. Entre las modificaciones establecidas, tienen como propósito fundamental reconocer la violencia que opera mediante redes sociales y plataformas digitales y castigar estas prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, principalmente niñas y mujeres.

Mario Uribe Olvera, abogado penalista y profesor de la Universidad Panamericana (UP), confía en que nuestro país cuenta con todas las herramientas necesarias para proteger a la mujer de la violencia digital; sin embargo –aclara– la ley estipula a la persona afectada como ‘sujeto pasivo’, es decir, que cualquier persona sin importar su género, pueden verse afectados por este delito y tiene derecho a formular una querella ante el Ministerio Público.

“Esta legislación pretende sancionar cualquier acto de violencia y acoso digital, que están definidas como todas las acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan contenido audiovisual de índole sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios electrónicos que atentan contra su dignidad, integridad y vida privada causando un daño psicológico en el ámbito público como privado, además de daño moral”, expresa el académico de la UP.

De acuerdo con un informe publicado por la Association for Progressive Communications, existen tres perfiles principales de mujeres que viven esta forma de violencia: mujeres que viven en una relación íntima de violencia, mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación (periodistas, investigadoras, activistas y artistas), y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual.

Estadística digital de la violencia

Siete de cada 10 mexicanos conviven en el ciberespacio con una conexión diaria de 8 horas y 20 minutos en Internet. Desde la pandemia de COVID-19, nuestros hábitos de consumo han incrementado la convivencia en plataformas digitales y redes sociales haciéndolos parte de nuestra vida cotidiana.

Anterior a esto, el ciberespacio se convierte en una atmósfera relevante para todos que no está exenta de violencia: en 2019, el 36.4% de las mujeres entre 20 y 29 años fueron víctimas de ciberacoso, mientras que 40.3% mujeres mayores de 12 años recibieron insinuaciones o propuestas sexuales por Internet.

“La generación Z es la más afectada en este sentido, al estar inmersos en la constante comunicación a través de redes sociales, el ciberespacio se ha vuelto su entorno natural a la hora de socializar. Tomando en cuenta lo anterior y que muchos se encuentran en la adolescencia, etapa donde descubren su sexualidad, el escenario es más que idóneo para que se desarrollen este tipo de actos violentos digitales”, revela el abogado penalista.

El Módulo de Ciberacoso 2019 del INEGI muestra en las siguientes cifras una problemática social de violencia contra mujeres y niñas en la red.

⋅ Cerca del 25% de las mujeres mexicanas que utilizan internet ha sufrido agresiones virtuales.
⋅ En el rango de mujeres de 12 a 29 años el nivel de violencia supera el 33%.
⋅ Al menos 4 de cada 10 mujeres ha recibido propuestas o insinuaciones sexuales.
⋅ Poco más del 25% de los agresores son conocidos por las víctimas.
⋅ Sólo el 8.6% de las agresiones contra mujeres fueron denunciadas a las autoridades.
⋅ En términos absolutos son 9.4 millones de mujeres las que han sufrido violencia digital.

¿Qué es lo que penaliza la Ley Olimpia y cuáles son sus sanciones?

Toda persona que grabe videos o audios, que tome fotografías o que edite o simule material sexual íntimo de otra persona mediante engaños es susceptible de sanción. También se acota que aun cuando el material haya sido creado de manera consensuada, la persona que lo exponga, lo distribuya, lo difunda, lo exhiba, lo transmita, lo comercialice, lo oferte, lo intercambie o lo comparta a través de cualquier medio virtual sin consentimiento de la otra parte será acreedor a la sanción por violencia digital.

La sanción penal es de seis años de prisión y la monetaria, de entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), casi 87,000 pesos en su sanción más alta con los valores actualizados de 2020. Las sanciones, dice la reforma, serán agravadas si el agresor es el cónyuge, concubino o mantiene o mantuvo un vínculo íntimo, afectivo o familiar con la víctima. También se intensificarán en el caso de que las agresiones sean cometidas por un servidor público.

La Ley Olimpia también implica reformas legislativas que castigan explícitamente no sólo a personas físicas sino también a personas morales que utilicen cualquier medio digital para ejercer con dolo violencia en contra de mujeres, incorporando el concepto de violencia mediática. En este rubro se acotan que las sanciones se extienden para actos de reproducción de estereotipos sexistas, que hagan apología de la violencia contra mujeres y niñas y que produzcan o permitan la producción o difusión de discursos de odio o discriminatorios en términos de género o que causen daño a mujeres y niñas de tipo psicológico, físico, económico, patrimonial o feminicida.

“En estos casos”, comenta Mario, “las autoridades podrán ordenar medidas de protección, como el ordenamiento para el bloqueo, eliminación o destrucción de este tipo de contenidos, a cualquiera que sea la empresa, medio de comunicación, plataforma virtual o red social en la que haya tenido vida dicho contenido”.

No estigmatizar ni criminalizar derechos a sexualidad virtual

A pesar de que la inserción de este delito es nueva en el Código Penal, Mario Uribe define este tipo de delito como uno de los casos más comunes y recurrentes dentro de nuestra sociedad. Por lo que hace hincapié en que en algunas prácticas sexuales con la tecnología, como el sexting, el organismo social se enfoque en educar a las personas con mecanismos de autoprotección si deciden participar en esta práctica.

“No hay que confundir, el sexting es una práctica muy común entre parejas que consiste en compartir desde mensajes hasta imágenes, videos o incluso audio de contenido sexual, (que ahora con el contexto de la pandemia por Covid-19 se ha vuelto más recurrente) como parte del ejercicio libre de los derechos sexuales de la persona… No es cuestión de estigmatizar ni de criminalizar esta actividad, sólo de hacer conciencia y reforzar los mecanismos de autoprotección para que en un futuro, si la pareja decide separarse, ambos miembros tomen las medidas necesarias, para prevenir verse perjudicados por este delito”, apunta Mario Uribe Olvera.

¿Porqué Ley Olimpia?

Se conoce así por Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años había sido víctima de ciberviolencia por su novio, quien compartió con otros usuarios un video sexual en el que ella salía desnuda.

Originaria de Huachinango, Puebla, Olimpia Coral, junto a otras mujeres víctimas de acoso y violencia digital, formaron un movimiento para reformar Puebla y en marzo de 2014 presentaron un proyecto ante el Palacio Municipal. A pesar de la difusión otorgada a la iniciativa, no fue sino hasta 2018 que se aprobó la reforma contra la intimidad sexual en el Código Penal estatal.

Advierten de riesgos al consumir agua de garrafón

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El 41.4% % de 2 mil plantas purificadoras de agua potable de la Ciudad de México no cumplen con los estándares de calidad que establece la Norma Oficial Mexicana 201, mostrando que 1 de cada 3 garrafones contiene bacterias patógenas dañinas a la salud, aseguró Homero Martínez Salgado.

En entrevista con El Semanario, el investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), señaló la contaminación que presentan varias rellenadoras de agua potable de la CDMX afectan gravemente la salud de los consumidores.

El investigador citó un estudio realizado por alumnos del IPN, en el que se encontraron altas cantidades de bacterias coliformes (presencia de materia fecal) en las plantas purificadoras de la Ciudad de México:

⋅ 62% fueron positivos a bacterias coliformes y 21% para E. Coli.
⋅ 30% fueron positivos a micobacterias no tuberculosas, lo que nos muestra que 1 de cada 3 contiene bacterias patógenas oportunistas.  
⋅ 41.4% de las purificadoras analizadas no cumplió con los estándares oficiales mexicanos. 

A pesar de que se cuenta con una Norma Oficial Mexicana 201 que marca claramente las condiciones que deben identificar un agua potable y que hay recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, Martínez Salgado identifica el problema en la aplicación del reglamento, “ahí es donde tenemos problemas de verificación, vigilancia e implementación, entonces parece letra muerta”. 

Los suministros de consumo en el país provienen de dos fuentes, la pública y la privada. El primer caso llega a través del agua entubada proveniente de acuíferos superficiales y las aguas profundas; sin embargo, esta no es confiable para la ingesta directa. La Comisión Nacional del Agua ha encontrado, basándose en un sistema de semáforo, que aproximadamente 30% del agua superficial reúne condiciones óptimas (verde), otro 30% se encuentra en amarillo y 36% en rojo, es decir no tiene la calidad adecuada para denominarla potable. A esto se agrega el problema del mal mantenimiento de tinacos y cisternas.

En el caso del agua privada, que representa hoy entre 75 y 80% del consumo en el hogar, tiene dos orígenes, las grandes embotelladoras que de alguna manera procuran la verificación y la certificación, y las rellenadoras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que existen más de 2,000 de estos establecimientos sólo en la Ciudad de México, pero no cuentan con las medidas sanitarias necesarias para procurar su consumo adecuado.

Malos hábitos de consumo

Tras el confinamiento por la crisis sanitaria por Covid-19, el consumo de agua potable creció 140% por familia, y México encabeza el primer lugar mundial en consumo per cápita de agua embotellada, esto debido a que el 89% de los hogares mexicanos no toman agua directamente de la llave.

El constate lavado de manos, además de mantener una buena higiene e hidratación han sido factores determinantes en el consumo de agua en la población mexicana y del mundo, no obstante, la realidad es que en una encuesta a nivel nacional, se encontró que 2/3 partes de la población mexicana no bebe los líquidos recomendados para su edad y sexo.

“Uno de cada tres adolescentes consume menos de una medida de agua por día (250 ml), es decir menos de un vaso, y cerca de la mitad de la población consume más de 250 ml de bebidas azucaradas por día, fundamentalmente refrescos embotellados y aguas frescas. Esta práctica, sin duda, está relacionada con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular, altamente relacionadas con las afectaciones de la pandemia que hoy cobra muchas vidas“, mencionó Martínez Salgado.

Actualmente se estima que el 60% del agua que se desperdicia ocurre en el hogar, ahora con la constante preocupación de higiene derivada de la pandemia, “por cada minuto que se deja la llave del agua abierta, ya sea para lavarse las manos o los dientes, se pueden desperdiciar hasta 5 litros de agua, lo cual limita el acceso a este preciado recurso a otras personas”, advierte el investigador.

Ante estos datos, enfrentamos una crisis hídrica en la que más de 10 millones de personas en el mundo no cuentan con agua potable; en la Ciudad de México, 68% de la población cuenta con una dotación diaria de agua, mientras que 7.0% no reciben suministro de agua por tubería, según datos del INEGI.

De acuerdo con cifras de Conagua, aproximadamente 9 millones de personas no tienen acceso al agua en todo el país, y otras tantas más, no tienen servicio continuo; de estos últimos, cerca de 2 millones están en la capital del país.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México detalló en un informe, que el 26% de los capitalinos no reciben cantidad suficiente de agua, mientras que entre el 15 y 20% no cuentan con servicio diario. Se estima que alrededor de 1.8 millones de personas se abastecen de agua con tandeo de pipas.

En América Latina, México lidera en fuga de talentos

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Migrar en aras de buscar un mejor estilo de vida es algo muy común en países de América Latina, sin embargo, la migración altamente calificada que contribuye significativamente al crecimiento económico agregado podría costarle a México más de 100 mil millones de pesos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.

Pero no hablamos solamente de la migración altamente calificada, pues cerca de 1.2 millones de mexicanos han dejado el país, convirtiendo a México en el país número uno de América Latina en permitir la fuga de cerebros.

En entrevista con El Semanario, el doctor Andrew Almazán, director de Investigación del Centro de Atención al Talento (CEDAT), precisó la importancia de retener al talento mexicano en tiempos de crisis.

El especialista en Desarrollo Cognitivo e Innovación Educativa, indica que la falta de oportunidades educativas, laborales o sociales en el país de origen son los factores más comunes por las que una persona talento emigre del país de origen, no obstante, la crisis sanitaria podría acentuar esta cifra de manera exponencial, perdiendo un invaluable recurso capital humano.

La fuga de cerebros es parte de un fenómeno llamado Disgenesia Poblacional –explica el egresado de Harvard– donde la inteligencia promedio de un país disminuye paulatinamente. Esto causa consecuencias negativas para un país ya que se reducen las posibilidades de desarrollo, competitividad y a largo plazo las mismas condiciones socioeconómicas de la sociedad. En México esto es muy común que ocurra de jóvenes y adultos talentosos que se van a Estados Unidos y Canadá o países de primer mundo como los de la Comunidad Europea.

“La pérdida para un país con la partida de una mente excepcional es de 70 mil dólares en promedio. El National Center for Education Statistics (NCES) en Estados Unidos, estimó que el costo de educar a un niño (lo cual incluye desde el nacimiento, crianza y manutención) es cercano a los 70 mil dólares por persona al momento que cumplen 18 años”.

Esta pérdida constituye para México como país de origen, un aproximado de 15,468 alumnos talentosos mexicanos solamente en Estados Unidos, que al término de los próximos 4 años podrían calificar como fuga de cerebros, según datos del Institute of International Education.

“Eso sería una pérdida de mil millones de dólares, sin contar los aportes o avances que estos alumnos pudieran desarrollar en su vida laboral activa”, enfatizó Almazán Anaya “en que esta pérdida de talento mexicano sería para nuestro vecino norteamericano, una contribución fuerte para su recuperación económica post-pandemia, que estas semanas ya da muestras de haber iniciado”.

Crónica de una fuga anunciada

Sumando a la creciente crisis sanitaria por el Covid-19, que impacta a la economía mexicana, el ambiente psicológico predominante de pesimismo y el lento desarrollo económico, incentiva a los jóvenes mexicanos a buscar su desarrollo fuera del país, pero esto sólo atrasaría más el crecimiento económico del país.

Como ejemplo de su estudio, Andrew Almazán, mencionó que las naciones con mayor riqueza tienen una alta correlación entre sobredotación y variables financieras, “A mayor habilidad cognitiva, mayor alfabetización e inclusión financiera, mayor desarrollo de los mercados financieros, mayor ahorro y más planeación a largo plazo”.

En esa planeación a largo plazo, el director del CEDAT estima que en los próximos cuatro años, mínimo 15,000 jóvenes talentosos nacidos y formados en México estarán estudiando alguna licenciatura fuera del país, lo que en 10 años, esto podría llegar a los 100,000 conforme los niños y jóvenes sobredotados se preparen para emigrar: “sin duda tendrá un impacto negativo en el desarrollo de la economía mexicana y las ciencias; por ejemplo, la creación de patentes y empresas”.

Pero, aun con todo el escenario negativo, el joven sobredotado de tan solo 26 años, sostiene sus esfuerzos, no en los que se fueron, sino en los que todavía permanecen en el país. Lo único que necesita son mil, mil niños sobredotados que al crecer, podrían generar el impacto de un millón de personas en edad económica activa.

El reto tanto para Andrew como para el CEDAT es mantener dentro del país a ese talento a través del Programa de Potenciación Intelectual. Dicho programa primero detecta a los niños y jóvenes con pruebas de CI altos para, posteriormente, desarrollar su inteligencia ofreciendo a estos jóvenes un ambiente psicoeducativo óptimo para reducir este mensaje psicológico de la necesidad de emigrar, y al final poder integrarlos exitosamente en universidades mexicanas de alto prestigio.