Construcción Ciudadana

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La semana pasada, en una noticia que ocupó su espacio en los medios de comunicación pero curiosamente no fue motivo de una relevancia mayor, la Fiscalía General de la República detuvo en León, Guanajuato, a una banda de criminales muy peculiar.

Aunque vivían rodeados de lujos y eran dueños de varias propiedades, este grupo delincuencial estaba especializado en robarle a los bancos mexicanos, vía electrónica, un promedio de 100 millones de pesos mensuales.

Bajo cualquier indicador económico vigente, una empresa que factura esa cantidad de dinero es considerada una compañía exitosa y, por el nivel de utilidades que se aprecia en el gasto que hicieron en vehículos deportivos, también queda claro que era una corporación moderna.

Vendrán los resultados de las investigaciones, pero es seguro que sabremos detalles importantes de su operación cotidiana y si fueron ellos los responsables del fraude multimillonario hecho al sistema financiero por medio del Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI) el año pasado.

Lo que nos debe preocupar, sin embargo, es la migración que en poco tiempo llevarán a cabo muchas bandas criminales mexicanas hacia el ciberespacio. No sólo porque se trata de un negocio de enormes ganancias y riesgo mínimo, sino por la simple supervivencia de su actividad ilegal.

Si no has prestado atención en los últimos meses, existe una campaña constante de bancos, aseguradoras e instituciones financieras, para que aceleremos la digitalización de nuestras transacciones.

Desde pedirnos una huella digital o algún rasgo biométrico, hasta ofrecernos “cero” anualidad de por vida en una tarjeta de crédito si cumplimos con llevar toda nuestra actividad en línea, el objetivo del sistema económico es reducir la circulación de efectivo, ingresar la mayoría a la red y transformar los intercambios comerciales en operaciones cibernéticas.

Desde hace varios años, los criminales en el mundo también notaron este cambio y empezaron a adaptarse a la nueva realidad económica internacional. Hoy, muchos de ellos piden rescates de cuentas de correos, o archivos corporativos, exclusivamente en criptomonedas; mientras otros, como en el caso mexicano, organizan una sofisticada red de conexiones virtuales y humanas para afectar al Banco de México y a los bancos privados (los cuales, por cierto, no estaban lo suficientemente preparados).

Es necesario entender lo siguiente acerca del crimen: es flexible. Si mañana requiere de menores de edad para su negocio, conseguirá menores de edad; lo mismo si el delito pide adultos mayores o mujeres. Contrario a nosotros los ciudadanos, los delincuentes no tienen límites, prejuicios, ni estigmas, por lo tanto, tampoco tendrán ningún problema en trasladar sus actividades a donde puedan obtener más dinero con el menor peligro posible.

Hoy, una de nuestras exigencias sociales es la atención a las y los jóvenes que entran a las filas del crimen por falta de oportunidades, esas mismas que ofrecen de manera ilícita los cárteles y las bandas delictivas a sus “halcones” y sicarios, pero es posible que pronto tengamos una amenaza mayor.

¿Qué tipo de preparación tenían los llamados “Bandidos Revolution Team”? ¿Cuál era la formación de su jefe, Héctor “N”, alias el H-1 o el “Bandidos Boss”?  De entender quiénes son estos “hackers” nacionales, depende la prevención de delitos que ya no son del futuro, porque están aquí desde hace varios años.

Según estimaciones de compañías especializadas, al día se producen entre 30 y 50 mil programas de “malware”: virus, códigos para espiar, intervenir y secuestrar archivos, documentos y bases de datos. Cualquier aparato de uso cotidiano puede estar en riesgo y cada vez serán más los que estén conectados a la red.

Recientemente, un presidente municipal solicitó al gobierno de la República permiso para sembrar amapola, debido a que los campesinos se quedan sin trabajo porque los cárteles de su zona ahora se dedican a la fabricación de fentanilo. En esa lógica, pronto podríamos ver nuevas bandas como la que vivía tranquilamente en León, encabezando al crimen organizado del futuro.

Uno que no necesita de logística, almacenes, casas de seguridad o nóminas de funcionarios corruptos; sólo computadoras, teléfonos celulares, servidores y jóvenes programadores que los ayuden.

¿Qué estamos haciendo todos para impedirlo?

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Una de las razones por las que no acepté la Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México la primera vez que me lo propusieron fue porque sentía que era inútil involucrarse en una iniciativa civil para cambiar el estado de las cosas. No sólo se trataba de una obligación de las autoridades, pensaba, sino que prácticamente todas las acciones que se habían emprendido terminaban politizándose y sirviendo de poco a los ciudadanos de a pie.

Desde entonces –les hablo de hace doce años para ser exacto– sostengo lo mismo que ahora: si protestar resolviera nuestros problemas, yo tendría un puesto permanente en las escalinatas del Ángel de la Independencia. La realidad es que, sin propuestas, la mayoría de las protestas sólo son desahogo.

Salvo dos que recuerdo muy bien. La primera, en 2004, una marcha que por primera vez convocó a ir vestido de blanco y a caminar en silencio para quejarse de la inseguridad (heredada) que vivía la capital del país. En ese entonces, la respuesta fue muy diferente a la que dio el actual presidente este mismo lunes.

La segunda, fue la protesta por el desafuero de aquel mismo Jefe de Gobierno y la cual congregó a más de un millón de personas (alcancé a llegar a la Glorieta de Colón, porque no había manera de llegar al Zócalo).

De naturaleza distinta, las dos marchas estaban unidas por la idea de que la presión social podía modificar las decisiones políticas e impulsar los resultados que tanto se necesitaban.

En el primer ejemplo, aunque la manipulación por muchos intereses creados fue evidente, el gobierno de la Ciudad encabezado por Andrés Manuel López Obrador aceleró su combate contra la delincuencia, que después consolidó la administración de Marcelo Ebrard.

En el segundo caso, la indignación por la forma en que Vicente Fox (ese mismo que caminó el domingo) trató de descalificar al entonces candidato López Obrador para contender por la Presidencia de la República, hizo que nos saturáramos las calles para defender a la endeble democracia que, suponíamos, había llegado a su punto de madurez precisamente por la elección de Fox Quesada como mandatario. El resultado fue la cancelación de un proceso a todas luces mañoso, ante el descontento general por el intento de eliminar a un aspirante de la boleta electoral.

En ambos casos, me quedé con un sabor agridulce y el pensamiento de que necesitábamos otro tipo de medidas para hacer sentir el auténtico peso de la sociedad mexicana.  Así que, en la segunda ocasión que me ofrecieron unirme al trabajo civil para ayudar a disminuir los niveles de inseguridad en la capital, pedí que estuviéramos seguros de que haríamos una diferencia.

El gobierno de Ebrard lo entendió y creó un híbrido, a la mitad de una organización civil, pero con las mejores prácticas de la iniciativa privada, además de facultades claras para sortear los obstáculos de cualquier administración pública para facilitar la denuncia y fortalecer el tejido social.

La historia de este país ha demostrado en un sinfín de ocasiones que, si no hay una propuesta concreta, un plan, una estrategia, entonces la protesta nada más alcanza a convertirse en una anécdota.

¿Dónde están las propuestas del domingo? ¿En qué nos benefician los reclamos, muchos de ellos francamente atroces, que con esquizofrenia pedían, además, no dividirnos como sociedad, pero reflejaban todo lo contrario?

En julio del año pasado, la mayoría votamos por cambio pacífico –aunque radical– del sistema político y económico. Cada uno es responsable de apoyar esta decisión u oponerse a ella; sin embargo, en ambos casos debe ser de frente, sin doble moral y aportando propuestas para llegar a las soluciones que tanto necesitamos.

Y en este sentido, apenas el domingo 28 de abril, arrancamos una nueva propuesta civil donde podremos, juntos, construir ese puente de entendimiento que tanto nos hace falta en la República: Confianza e Impulso Ciudadano.

Síguenos en www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx  y por redes sociales Twitter: @ConfianzaMx ;  Facebook: ConfianzaeImpulsoCiudadanoMx.

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En momentos de tanta incertidumbre, necesitamos entrar en un diálogo nacional para crear puentes que nos permitan entendernos.

Dividir a los grupos de poder entre liberales y conservadores puede servir para explicar los motivos que nos trajeron hasta este punto de violencia y desigualdad; sin embargo, ¿qué pasa con la mayoría de nosotros que no estamos en alguno de los dos bandos, precisamente porque ni siquiera tenemos referencias de qué significa pertenecer a cada uno?

No obstante, la pregunta no es nueva. Desde que esta división se fortaleció en los tiempos de las Leyes de Reforma, tanto los liberales como los conservadores, al interior, discutían acaloradamente sobre quiénes tenían más pureza en su definición de si mismos. El propio Benito Juárez fue catalogado en varios episodios de su historia como un liberal “moderado” y los postulados de Lucas Alamán, ideólogo de lo que se llamó el conservadurismo, tampoco eran precisos sobre lo que debía ser un conservador “modelo”. Todo esto, con una población mayoritaria que solo leía (los que sabían) o comentaba el debate de quienes tomaban las decisiones del país.

Salvando las proporciones de cada época, hasta ahora la opinión de la mayoría de los mexicanos coincide en que el cambio era tan necesario como lo es hoy la pacificación y la procuración de justicia en todo el territorio nacional.

Creo que existen pocas dudas de que la corrupción, la impunidad y el capitalismo de cuates, destrozaron cada esfuerzo que se intentó para construir un auténtico Estado de Derecho. Ahora, con cierta justificación, pero también con intención de utilizar políticamente cada hecho de impacto, se exigen resultados inmediatos en seguridad, en empleo, en servicios de salud, entre muchos otros requerimientos que tenemos como sociedad.

Pero se olvida que una de las razones por las que el año pasado se decidió darle una sacudida al sistema político y económico, fue precisamente porque la política terminaba por echar a perder cualquier otra estrategia o medida que buscara reducir la descomposición que ya padecíamos.

Por ello, mantener este falso dilema sobre una mitad de mexicanos opositores y otra mitad de mexicanos apoyadores, no sirve para explicar las necesidades de la mayoría de la población y, mucho menos, resolver los enormes retos que siguen hacia adelante.

Primero, la economía mundial, de la que somos parte nos guste o no, entrará en una fase de volatilidad aún mayor si las decisiones comerciales de nuestro principal socio en el norte desembocan en una guerra tarifaria, aunque ésta sea de menor proporción a la que se esperaba hace un año.

Segundo, esa misma relación con Estados Unidos se está replanteando a diario debido a los intereses políticos (de nuevo) allá, a la cercanía de los comicios para un segundo termino presidencial y al uso electoral que se le dará a la inminente votación del T-MEC, sin descontar que también estará en la agenda el aumento migratorio desde Centroamérica a México, el cual ya provocó que el gobierno federal tome medidas restrictivas que estarían alineadas con los compromisos que se han trabajado con la administración del presidente Donald Trump.

En tercer lugar, la inversión social y en infraestructura que está por lanzar el gobierno federal deberá tener un impacto de corto plazo en diferentes aspectos del mercado interno, la seguridad y la confianza de los consumidores y empresas.

Sin embargo, estos elementos necesitan de una coordinación eficiente y de la colaboración de la ciudadanía, esa que no está involucrada en el campo de batalla de las redes sociales, pero que sí vive en un clima de violencia ‒y convivencia‒ con el crimen organizado al que sólo podremos vencer todos juntos.

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Tristemente, parece que detrás de cada insumo básico, de cada servicio público, de cada permiso, trámite o concesión, existe un negocio sostenido por la corrupción.

Es una verdad cruda, terrible para la mayoría de los ciudadanos honestos en México, pero no hay evidencia de lo contrario. Sintonizar una mañana sí y, otra también, la conferencia presidencial, es enterarse del entramado del día que hace monumental la tarea de generar un cambio en sólo un sexenio.

Llegamos a mitad de esta semana y ya se nos informó tres cuestiones que, por cierto, no eran nuevas. La primera, el sorpresivo llamado a los empresarios gasolineros para que moderen su margen de ganancias en el precio final que nos dan por litro de combustible.

Ayer, de acuerdo con el primer mandatario y el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, la razón por la que no desciende el precio de la gasolina en sus modalidades, es precisamente porque se aprovecha desde el subsidio del IEPS hasta el costo de referencia para mantener el porcentaje de beneficio que reciben las compañías.

Incluso, en un anuncio todavía más inesperado, el gobierno federal estaría en el análisis de abrir sus propias estaciones de servicio para ofertar el combustible a un precio menor ‒o al menos al objetivo con base en la inflación‒ para provocar competencia artificial en el mercado.

Dudo que usted o yo podamos asegurar que algún día nos hayan vendido litros de a litro, por el contrario, siempre aceptamos que había un robo desde la máquina despachadora que toleramos, siempre y cuando no afectara demasiado nuestro bolsillo.

Por lo tanto, la desconfianza del consumidor en el suministro final del combustible es absoluta, y eso que no nos habíamos enterado bien del tamaño del robo de hidrocarburos, lo que hace del “huachicoleo” uno de los negocios más siniestros que hemos inventado como país.

Luego vino la secuela que tuvo la queja del empresariado turístico el fin de semana, durante el tradicional tianguis de Acapulco, por la cancelación de toda promoción de México como destino. En ese fondo publicitario, de 6 mil millones de pesos, se pagaron favores, se hizo difusión dirigida al gobierno federal y se manejó sin muchas restricciones, según el dicho presidencial.

A ello, se debe sumar la desaparición de 60 oficinas comerciales y de promoción que pertenecían a ProMéxico y que, en esta necesaria política de austeridad, fueron eliminadas. El detalle se encuentra en que el propio presidente de la República afirma que eran plazas obtenidas por recomendaciones poderosas y no necesariamente por capacidad profesional. Un fenómeno que tampoco era ajeno para ningún ciudadano mexicano.

El dato final que da un sombrío reflejo de la impunidad en México es la contratación en los últimos años de hasta 50 mil elementos de seguridad privada para custodiar instalaciones de gobierno. No se puede calificar a todas las empresas de seguridad privada de la misma forma, pero estoy seguro que para nadie fue desconocida la presencia de un cuerpo de este tipo que provenía del Estado de México y tiene su origen en el temible Batallón de Radiopatrullas (Barapem).

Y esos sólo fueron tres casos en una mañana. Desde diciembre hemos escuchado y visto otros más que demuestran una versión de nosotros de la que poco se habla y menos se trata de explicar: el sistema político y el económico no servía a la mayoría y la desigualdad que eso ocasionó es la base de la crisis social y de seguridad que padecemos desde hace 40 años.

Las opciones que tenemos a la mano para revertirla son escasas, en todas ellas es indispensable que participemos como nunca lo hemos hecho y modifiquemos esa tolerancia ante el abuso y el robo, aunque sea una realidad incómoda que primero debamos aceptar.

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Recibí un número inusual de comentarios y mensajes por el artículo de hace dos semanas, en el que proponía que mejor nos evaluáramos nosotros en estos primeros 100 días que tiene el gobierno federal en funciones, en lugar de sumar un análisis más al desempeño de la actual administración.

Tengo que confesar que me llevé varias sorpresas. Desde quien, ofendido, reclamó que los ciudadanos no tendríamos por qué ser medidos, pues no somos autoridad, hasta quien dio una calificación reprobatoria a la ciudadanía mexicana, no por estos 100 días de cambio de época, sino por años y años en los que nuestro comportamiento ha dejado mucho qué desear.

De fondo, el ejercicio (o la provocación) dejó opiniones valiosas y diferentes propuestas para mejorar nuestra calidad de vida como mexicanos. La principal, no depende ‒aunque sí exigir derechos‒ de ninguna autoridad. Este gobierno está haciendo lo suyo, guste o no, pero ello no necesariamente es determinante para que nosotros asumamos la tarea de construir el país que deseamos.

La experiencia de atender a miles de víctimas de delitos, abusos o faltas administrativas, me permitió, antes y ahora, entender que la mayoría de nuestras actividades en sociedad están conectadas y, de la buena organización que tengamos, podemos prevenir, evitar y hasta revertir muchas de las causas que nos han sumido en la inseguridad y en la impunidad.

Un ejemplo, que fue un comentario y me llamó la atención, era la convivencia en los parques públicos. Suena menor y hasta trivial, pero no lo es; la manera en que actuamos en espacios abiertos determina las condiciones de seguridad, de comunidad y de violencia que padecemos.

Cualquier delincuente (no es necesario buscar alguno para entrevistarlo, así que confíen en estos datos) necesita de referentes muy particulares para actuar, dependiendo del delito en el que esté especializado. El más común, el robo a transeúnte, requiere de mala iluminación pública, poco o nulo mantenimiento del mobiliario urbano, falta de regularidad para recoger la basura, en resumen, de una condición de abandono.

Un sitio así, cerca de una alta concentración de personas, imaginemos una salida del metro o una escuela preparatoria, da a los criminales la posibilidad de asaltar sin problema a víctimas que forzosamente siguen una ruta. Si sumamos un patrullaje policiaco deficiente, no hace mucha diferencia si en la zona existen cámaras de seguridad.

Cada parque, cada plaza, cada avenida, que no están habilitadas para que los ciudadanos puedan caminar sin obstáculos y con buena luz, son puntos en los que pueden cometerse muchos delitos. Son los mensajes de descuido e indiferencia que mandamos, los que permiten que colonias enteras sean consideradas de alto riesgo y, en consecuencia, que las autoridades no inviertan recursos públicos en ellas, lo que sólo provoca un círculo vicioso del que nunca salimos.

Una acción tan sencilla como el arte urbano, estas intervenciones en los muros, en las cortinas vandalizadas de negocios, en las áreas abandonadas, permiten comprometer a los vecinos, mejorar los servicios públicos, e incluso aumentar en cuestión de semanas el valor de las propiedades, además de darle una vía de expresión a jóvenes creadores que no buscan rayar paredes, sino expresar un talento artístico que se convierte en valor agregado para las comunidades.

Otro acto tan simple como recoger las heces de un animal de compañía, hace la diferencia entre que este mensaje llegue o haga dudar al delincuente sobre lo idóneo del lugar para establecer su negocio. Varios comentarios me indican que, además, empezamos a tener un problema de convivencia en ciertos parques entre quienes pasean a sus perros y quienes los usan para correr o pasear; estas diferencias nos dividen y eso lo observan rápidamente los criminales; pues no existe nada más conveniente para un delincuente que la división social.

De lo que he mencionado, no hay algo que parezca imposible o consuma demasiado tiempo de nuestra vida cotidiana, únicamente demanda un compromiso con el vecino, con el paseante, con el corredor o el ciclista, y hasta con el turista y el visitante.

¿Cuándo empezamos?

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Con una economía destrozada y la urgencia de dar resultados que aliviaran la crisis, Franklin D. Roosevelt anunció en 1933 un periodo de cien días para que los norteamericanos pudieran sentir una mejoría. Esta política de intervención gubernamental de emergencia se transformó luego en un “nuevo pacto” económico y social que relanzaría a Estados Unidos como una potencia mundial. De ahí viene esta frontera artificial que después de hizo popular entre políticos y administraciones.

Dudo que falte una evaluación más sobre los primeros cien días de este gobierno. Por ello, propongo mejor una evaluación en sentido contrario, es decir, de nosotros como ciudadanos durante ese mismo periodo que tantos comentarios ha provocado.

Primero, sugiero que este análisis empiece con el tema del momento (y de todos los momentos en este país) que es la corrupción. ¿Somos menos, más, o los mismos, después de cien días? Públicamente, la mayoría de quienes han sido encuestados opinan que la estrategia contra el huachicoleo es uno de los rasgos más positivos de esta primera calificación del gobierno actual.

Sin embargo, los hábitos ciudadanos no parecen haber cambiado mucho. Faltara medirnos con herramientas estadísticas, pero no percibo una modificación social respecto a la corrupción, más allá de alzar las cejas cada vez que leemos el escándalo del día. Parece que no hay actividad pública que no tuviera irregularidades o estuviera amañada a favor de algún cuate. Hago otra pregunta: ¿dónde estábamos todos cuando sucedió esto? Si la respuesta es “aquí mismo y por eso votamos como votamos en julio del año pasado”, entonces podemos explicar, en parte, nuestra molestia con el sistema político y económico que teníamos; pero no es suficiente.

Seguimos dependiendo de la gasolina para movernos por las principales ciudades del país, lo que demuestra que no deseamos bajarnos del automóvil, aunque eso implique ahorros y cuidado del medio ambiente. Tampoco nos hemos organizado para evitar que las estaciones de servicio de combustible nos den litros incompletos, a pesar de que vamos en el camino de hacernos expertos en opinar sobre refinerías, y no veo mucha presión civil para que, de una vez y por todas, se regule correctamente para que lo despachado sea lo justo.

Si bien hay una enorme protesta e indignación en redes sociales por la cancelación de recursos para estancias infantiles y otros servicios que fueron subcontratados en el pasado, observo poco interés por conocer quién o quiénes eran los particulares favorecidos por este tipo de concesiones; lo mismo para guarderías subrogadas del IMSS (a las que, por ejemplo, pertenecía la guardería ABC en Sonora) e incluso los comedores subvencionados por el gobierno donde, de acuerdo con la información presidencial de hace dos días, también existen irregularidades.

En resumen, las acciones tomadas por el nuevo gobierno, encaminadas a fortalecer su principal bandera que es el combate a la corrupción, no genera una movilización social para saber hasta el último detalle sobre cómo se armaron negocios, se obtuvieron favores, o se benefició a unos cuantos con dinero de todos.

Claro que esa puede ser una tarea de los medios de comunicación y su papel de investigadores en la sociedad, sin embargo, ¿no es también una tarea de nosotros los civiles pedir los datos, generar y compartir la información correcta, y no sólo manifestar nuestra opinión?

Para avanzar en eso no necesitamos la ayuda de ningún gobierno. Si bien las facultades legales e institucionales recaen en los diferentes niveles de la administración pública, cada ciudadano debe participar y hacerse responsable de denunciar delitos, faltas administrativas y cualquier otro aspecto que perjudique su buen y bien vivir.

También de modificar sus malos hábitos, sus conductas nocivas y de construir una ciudadanía que produzca un nuevo acuerdo, que puede venir del gobierno hacia la sociedad como el de Roosevelt, o podemos proponerlo nosotros hacia quienes hoy tienen la tarea de conducir al país. Esa, y no otra, es la verdadera participación social.

Ya con esos elementos: ¿Cómo calificarían sus primeros cien días?

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El juicio de la historia nos alcanza a todos. Aunque nuestras acciones tengan la poderosa influencia de las circunstancias, al final las decisiones nos marcan, nos retratan, nos definen, para siempre.

Es evidente que la velocidad a la que viaja este cambio de época es vertiginosa y, como todo lo que va con prisa, es posible que se empuje, se abolle, o se rompa cualquier objeto que se interponga en la trayectoria.

Contrario a lo que se piensa, lo que nos demuestra esta frenética carrera por desmontar el sistema político y económico que teníamos hasta hace algunos meses, y sustituirlo por uno nuevo bajo la visión de quien encabeza la transformación, es que el lapso será sólo de seis años.

Tal vez por ello, cada día nos despertamos con nuevas noticias acerca de viejos problemas: falta de transparencia, casos de corrupción institucionalizada, beneficios para un pequeño grupo de cuates, diversos conflictos de interés. A estos se suman los problemas, que de repetirse tanto se vuelven cotidianos, de empujar una forma diferente de operación gubernamental que dé resultados con el menor presupuesto posible.

No es sencillo, definitivamente. Aunque tampoco es nuevo. Cada vez que recibo comentarios sobre la montaña rusa en la que se están convirtiendo las noticias, las redes sociales, los mercados, y hasta las opiniones de las calificadoras, trato de hacer un ejercicio de revisión del pasado para entender los objetivos del gobierno actual.

Esto ayuda a ser objetivos frente a quienes odian o aman la Cuarta Transformación. Es difícil tratar de eliminar el ruido que generan las opiniones, ciertos editoriales, e incluso algunas críticas que usan fragmentos de lo que dijo el presidente a las siete de la mañana para argumentar su preferencia, mas que su posición.

Tampoco es que haya pasado tanto tiempo. Durante sus cinco años al frente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el mandatario actual dejó claro que tenía un propósito e iba a ser complicado que alguien lo desviara del mismo.

Si su tono o su conducta hubieran sido difusas, como lo dictaba la política tradicional, entonces no creo que habría despertado la enorme oposición, legítima y fabricada, que le impidió llegar a la presidencia en 2006 y en 2012. Calificarlo de ser un peligro para la nación fue uno de muchos excesos que modificaron la vida pública de México para siempre.

Esa división, que podemos discutir por horas sobre su origen, hizo que nuestra confianza como país se quebrara completamente. Si en la lucha política se valía de todo, ¿qué nos corresponde a los millones de ciudadanos que no participamos en esa batalla?

Pasaron dos sexenios, uno que trató de legitimarse lanzando una guerra contra el crimen organizado (que es todo, desde el que roba espejos de automóvil hasta el cártel) y sólo pateó un avispero sin atender las causas de la delincuencia; y otro que hizo de las viejas formas de la política (corrupción incluida) su carta de presentación para intentar regresar a los tiempos de control total que alguna vez tuvo el gobierno mexicano.

En este proceso, el deterioro llegó a tal grado, que el ciudadano raso decidió brindarle su voto en cascada a la opción que, con base en lo ocurrido en la Ciudad de México, representaba la posible solución a los problemas que nos aquejaban antes y ahora.

No obstante, la pista de carreras es diferente en tamaño, longitud, curvas y hasta obstáculos. Nadie está esperando, creo, que no se den algunos golpes o rayones en la carrocería; sin embargo, es importante que podamos observar los cambios y las probables soluciones con claridad, además de que la actual administración pueda modular esa velocidad, para no perder el apoyo de la mayoría.

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A veces, es difícil ser normal en México. Lo que en otras naciones es natural (el orden, el respeto a la ley, las reglas claras) en nuestro país suena a lujo o depende de variables directamente relacionadas con la posición social o los recursos económicos.
Porque en el capitalismo de cuates al que ya estábamos acostumbrados, lo importante eran las conexiones y luego la capacidad de emprendimiento.

Esta actitud provocó que, en casi cualquier actividad económica, se buscara la reducción de la competencia, la ganancia a través de las rentas, y no necesariamente de la innovación o de la mejora en el servicio, al igual que obtener concesiones o permisos oficiales que brindaran un ingreso constante desde el presupuesto público.

Como ciudadano común (tal vez, no tan normal) es la constante que veo todas las mañanas cuando se nos anuncia el saqueo del día. Ya sea con el combustible, la energía eléctrica o ciertos servicios públicos, el denominador común es que recursos fundamentales para cualquier nación eran explotados o concesionados a personas físicas o morales cercanas, sin descontar los delitos flagrantes que se cometían a manos de la delincuencia en contra de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.

No sé qué tan bien funcionaban o funcionan las estancias infantiles. En diferentes mesas que he compartido recientemente, pregunto al aire si la guardería ABC era una instalación de este tipo y si ésta era la forma en que se daban los permisos a quienes pensaban, con razón, que atender las necesidades de las y los niños (por consecuencia de sus padres) es un gran negocio.

Las respuestas a mi comentario varían, igual que la posición política del interlocutor. Quien no acepta al nuevo gobierno, pone el grito en el cielo por la significativa cantidad de infantes que no tendrán dónde estar mientras sus padres (juntos o separados) trabajan, y se ofende mucho más al recordar la declaración del secretario de Hacienda de transferirle la responsabilidad de la estancia a los abuelos a cambio de una cantidad de dinero.

Quienes están a favor de la medida, señalan la enorme cantidad de intermediarios que existen en toda la estructura de la economía mexicana. Así como existen topes, casetas de cuota y plumas en los estacionamientos, también parece que hay un intermediario metido en un negocio poco claro.

Este sistema de obstáculos, hace que prosperen quienes reciben la encomienda de administrar los recursos públicos y se corrompen, o los que lo hacen dando permisos para que algún amigo y/o contacto pueda dar el servicio que es obligación del Estado.
Entiendo que el objetivo del gobierno actual es eliminar al máximo los dos problemas, tanto la burocracia que absorbe la mayoría del presupuesto en salarios, como los intermediarios que cobran bien, gracias a sus conectes con quienes están en el poder.
Espero que funcionen las dos. No será fácil, los intereses creados a lo largo de muchos años van a oponer una formidable resistencia, pero es muy difícil negar que la ayuda social entregada desde el gobierno mexicano pasó de ser una herramienta de clientelismo basado en mantener la pobreza, a una opción de negocio fácil para las comadres y compadres de cada sexenio.

Una economía sana y competitiva necesita un sistema de apoyos directo, transparente, accesible y que dé opciones a los beneficiarios. Soy abuelo (joven, aclaro) y no tengo ningún inconveniente en cuidar a mis nietas, y además escuchar mariachi por horas, si sus padres lo necesitaran por exigencias de trabajo. Lo importante es tener un censo confiable de beneficiarios, reglas claras que permitan a la mamá o al papá ayudarse y apoyarse en la familia mientras buscan el sustento, y sanear la red de estancias infantiles de compromisos e irregularidades para que siga siendo una opción para atender a las niñas y a los niños. Si hay un ejemplo de esfuerzo y de tesón, que no siempre es recompensado, es el que le ponen las abuelas y abuelos a favor de sus nietos, lo mismo que las mamás y los papás de todo el país.

Y ya de paso, no estaría mal que nos informaran quiénes fueron los beneficiados con esas concesiones y cuáles serán los castigos para tanto intermediario.