Encerrado en un Círculo

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El documental, producido y dirigido por Gabriel Dombek con el apoyo de la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Instituto Mexicano para la Justicia, exhibe de manera descarnada la cruel circunstancia de desamparo en que habitan miles de niños y adolescentes en nuestro país. No son las carencias físicas las que nutren la pantalla con su desolación y miseria, sino la orfandad brutal que impone soledad y violencia como normalidad de las familias. La violencia como lenguaje, la violencia como entorno, la violencia como una constante que inocula odio y resentimiento.

Aunque el documental toma la condición desahuciada de Guerrero como objeto de análisis, la radiografía es exportable a todo el país. La invisibilidad de la infancia mexicana en estos núcleos de nuestra sociedad es una herida punzante, que drena la peor materia de nuestras décadas de olvido, injusticia, miopía e inacción. El verdadero naufragio no es, siquiera, la estridente realidad que nos estalla en la cara, sino la ausencia de esperanza y futuro, el fracaso rotundo de un sistema que no tiene nada que ofrecer a los últimos en la cadena de errores y olvido. ¿Qué les decimos a las madres que buscan a sus familiares desaparecidos entre fosas clandestinas? ¿Qué consuelo tenemos para compartirles?

En la ecuación del mal hay muchos ingredientes: la discriminación permanente hacia grupos indígenas; la marginación y sometimiento a las mujeres; un sistema penal y penitenciario podrido; el fracaso grotesco de la tesis de la readaptación social de sentenciados; el castigo institucional a la pobreza; la ruptura de la infraestructura de solidaridad a los invisibles; la intervención desorientada de un ejército asustado que hace uso del único recurso que conoce. La ausencia de amor y cobijo como expresión sutil que reivindique nuestra condición humana. Así se construye esta realidad aplastante en la que se llega a ser nadie, para nadie.

Con la suma de las partes se construye esta única encrucijada para los desamparados: migración o delincuencia. Nuestros niños y jóvenes entregados a los grupos criminales como materia prima; los dispuestos a todo porque no se es nada.

En medio del relato, la soledad de las manos del protagonista buscando un punto de apoyo, un punto de inflexión. El habla y casi no se le entiende. Es un lenguaje distinto, ajeno, construido con otros significados. El idioma del exiliado de una sociedad que, de todas formas, desde hace mucho no lo escucha. Por eso, la aparente falla en el audio no es tal, es una forma elocuente de mostrar que la comunicación, como acto primario de comunión, esta fracturada.

Desde ese lugar, nuestra vehemente condena a los desalmados que violan, secuestran, torturan y matan, pierde entereza. Se desvanece la tesis del criminal que debe ser aislado para siempre de la sociedad, para ser suplantada por ese mismo personaje, 20 años antes, esperando ser abrazado por la misma gente que hoy lo señala y repudia.

La descomposición que Dombek retrata en 40 minutos de imágenes terminan, como todo material fílmico, con la palabra “Fin”. Es el mejor final, pensar que llegamos a ese punto en el que ese país termina para nacer de nuevo. Éste tiene que ser el fin. Porque es una vergüenza dolorosa saberse mexicano en un México así de dividido, así de jodido, así de injusto, así de indiferente y así de ciego.

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Entre huachicoles y guardias nacionales, vale la pena abrir un paréntesis y preguntar hacia dónde vamos en materia de ciencia y tecnología, ante la llegada de la nueva administración federal. A lo largo de las últimas tres décadas, se ha venido construyendo un ecosistema de innovación en el país, que aún con carencias y deficiencias, estaba ya aportando algunos resultados.

Al inicio de cada sexenio, es ésta una pregunta que se debe responder, de hecho, a lo largo de todo el periodo, con políticas y logros concretos. Empresas y gobiernos, regularmente reconocen y declaran que es necesario incrementar presupuestos, apoyos, actividades y visión para el desarrollo de ciencia y tecnología, pero los resultados siguen sin ser los esperados. El potencial de México como territorio de innovadores sigue siendo sólo una posibilidad, una fortaleza sin uso, un recurso desperdiciado. Las oportunidades nos pasan de largo y otros países las aprovechan a cabalidad, a pesar de poseer menores capacidades e infraestructura que nosotros. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer para revertirlo?

Si queremos estar en el grupo selecto de países con economías basadas en el conocimiento, será necesario incrementar de manera significativa el gasto público en ciencia y tecnología –menos del 1% del PIB‒ y atraer inversiones privadas. Un dato muy revelador es el que reporta que la mezcla de 70% de gasto público, frente al 30% de privado que se alcanza en México, suele ser exactamente de manera inversa en otras economías. Parte de la explicación, es que los empresarios nacionales aún no perciben los beneficios de invertir en desarrollo tecnológico, que suele presentar tasas de retorno en plazos más largos que las de tipo comercial. El verdadero reto consiste en usar el conocimiento en productos de alto valor agregado. En ese contexto, las startups mexicanas tienen una gran oportunidad a partir de la facilidad que hoy aporta la conectividad en el mundo.

Desde hace dos décadas, la formación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue concebido como la columna vertebral del plan estructurado por el gobierno federal para impulsar la innovación a partir del apoyo económico a los investigadores. Cada vez que un investigador que forma parte del SNI publica un artículo, recibe puntos que le permiten mantener o subir de categoría y de compensación económica en el Sistema, y lo mismo sucede cuando logran obtener una patente. Lamentablemente, mientras que la publicación puede tomar de dos a tres meses, conseguir una patente ante el IMPI puede llevar hasta 7 años, por lo que los investigadores optan por publicar. Muchos, inclusive, lo hacen conscientes de que, una vez difundida la información, no habrá forma de tramitar una patente y conservar un mercado exclusivo para el producto o proceso desarrollados. El SNI cuenta al momento con 25,150 investigadores, que reciben apoyos que van, de los 4,500 a los 30,000 pesos mensuales, que son adicionales a sus salarios en centros de investigación o universidades.

Con relación al SNI, que es una de las piezas angulares de la infraestructura de producción de nuevo conocimiento científico en el país, debemos reconocer que nos hemos estancado y parte de la problemática obedece al hecho de privilegiar y recompensar las publicaciones de los investigadores, antes que las patentes exitosas. No sólo se falla en la parte del enfoque, que genera conocimiento que no tiene muchas veces aplicación industrial, sino que también se compromete la novedad de las patentes que son presentadas cuando la publicación previa de esa información ya provocó que se conviertan en dominio público.

Ésta es una de las más graves distorsiones que el sistema existente en México para estimular la innovación presenta, y que nos está llevando a resultados desalentadores en función del tamaño de la economía mexicana. No sólo nos estamos rezagando frente a países industrializados de vocación innovadora, sino también frente a otras economías que tenían simetrías con la nuestra y que han despegado desde hace 10 o 15 años, dando un salto notable en sus números y en beneficios tangibles para sus empresas.

En la parte de gasto público, la mayor parte de los recursos se destinan a Conacyt –alrededor de 30,000 mdp‒, mientras que el resto de los 50,000 mdp del total se distribuyen entre las secretarías del ejecutivo que se relacionan a ciencia y tecnología. Falta coordinación para mejorar la utilización de la infraestructura que ya poseemos en el país, pero sin duda, también nos faltan algunas piezas en la maquinaria de producción de innovación.

Por parte de las empresas, se requieren también cambios radicales del modelo para orientarse a innovación, que sigue siendo un reto para muchas corporaciones mexicanas. Uno de los cambios inmediatos es tratar de pagar mejor a los gerentes de desarrollo tecnológico. Existe un apoyo de Conacyt que permite que a un director con maestría o doctorado en una rama industrial la institución le pague el primer año; pero las empresas no lo quieren porque posteriormente heredan un puesto con sueldo alto, que distorsiona los salarios bajos que pagan al resto del personal. Otro de los problemas recurrentes de las pequeñas y medianas empresas del país, es que no conocen ni usan los recursos disponibles en los fondos públicos de financiamiento de innovación. Muchas veces, los fondos no son ejercidos, lo cual provoca que cada año se reduzca la asignación presupuestal correspondiente.

En la visión de cualquier programa de estímulo a la innovación, una de las políticas que se deben observar es la de dirigir proyectos hacia actividades y mercados en los que México ha mostrado fortaleza. Por ejemplo, si nuestro país es una potencia maquiladora en la producción automotriz, debe apoyarse a proveedores nacionales del sector que puedan desarrollar refacciones y piezas que demanda la industria. Como siempre, la palabra “vinculación” aparece como constante en el camino hacia el desarrollo. No podemos aspirar a niveles importantes en generación de tecnología, si no logramos alinear las políticas públicas con la industria y los centros de investigación. Si las cosas se hacen bien, no es necesario pasar por un largo proceso de industrialización; podemos dar el brinco y ubicarnos como líderes regionales en innovación si nos enfocamos. Hagamos como Finlandia, que pasó de ser un país de leñadores a ser una potencia mundial en comunicaciones.

En este punto, es claro que 4,000 mdp en el contexto del gasto público para ciencia y tecnología de un país como México, es claramente insuficiente. Es necesario entender que son las empresas del sector privado las que innovan; los centros de investigación y universidades son auxiliares en los procesos, pero las líneas de desarrollo deben ser auspiciadas por la industria. El ecosistema de innovación tiene como fuerza motriz la iniciativa empresarial para desarrollar productos específicos que respondan a mercados particulares.

Resulta indispensable que los casos de vinculación que han sido exitosos se conozcan. Hay muy poca difusión, y de esa manera se pierde el efecto de que otros empresarios quieran emular las rutas que promueven la innovación y el desarrollo tecnológico. De hecho, los académicos mexicanos rara vez tienen interés en participar en desarrollos tecnológicos de las empresas, porque carecen de alicientes para salir de su zona de confort. Las exigencias académicas que tienen para mantener o mejorar sus niveles son básicas, y el reconocimiento o compensación económica por ser parte de proyectos de innovación no tienen reglas claras; además, los académicos no aceptan las exigencias de tiempo y forma que las empresas pretenden imponerles.

En la apuesta por la vinculación, se han desarrollado una serie de clusters en el país, consumiendo grandes recursos públicos y privados, que son inaugurados con grandes auspicios del progreso que habrán de generar, y al paso de los años siguen siendo parques industriales vacíos y sin resultados. Se cumple en el papel con objetivos, pero no se tienen resultados concretos; una vez más, nos falta ser más prácticos en el sentido de orientar los esfuerzos a productos específicos que los mercados demandan, o lo que es lo mismo, requerimos inteligencia de mercados para saber dónde están los clientes y cómo llegar a ellos con propuestas de valor.

Además, debe entenderse que no basta acercar financiamiento a las empresas. Resulta indispensable que en el paquete se cuente con la asesoría necesaria para administrar el proceso completo, contando con los asesores adecuados y los equipos e instrumental necesario para alcanzar metas intermedias. Por esta razón, programas como el anunciado por el gobierno de la CDMX de apoyo a empresas, tiene muy pocas posibilidades de hacerlas prosperar si no se invierte con un plan concreto de expansión y crecimiento.

Existen en el país numerosos proyectos con alto potencial innovador, que se quedan en proyecto por asuntos administrativos. De hecho, muchas empresas no logran obtener los recursos porque tienen problemas fiscales que los descalifican para recibir los apoyos.

Uno de los puntos esenciales para entender e impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el país, es que el abordaje debe ser regional. No necesariamente de Estado por Estado del país, pero sí asumiendo que cada zona presenta condiciones propias y diferentes al resto, las cuales reclaman y requieren su agenda particular. Jalisco, por ejemplo, es un buen caso de éxito de desarrollo de la industria de software, que atrae y genera nuevo talento en esas áreas. Es algo que se retroalimenta una vez que el desarrollo alcanza ciertos niveles.

En respuesta a cuál es la situación que prevalece en México en relación a sus pares a nivel mundial, podemos decir que cada vez más las PyMEs mexicanas reconocen que innovar es indispensable para competir, pero no cuentan con áreas de la empresa destinadas a este fin, ni aplican recursos para lograrlo. Un primer problema es que las empresas carecen de medios para hacerse de información y tomar decisiones adecuadas, así como conocimiento para proteger la propiedad intelectual que resulta de sus desarrollos. Eso las convierte en víctimas frecuentes de plagios y piratería. En esta parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene muchas tareas por desarrollar.

Gran parte del problema con las PyMEs mexicanas es que muchas veces se plantean metas que son difíciles de alcanzar, pensando en productos o servicios revolucionarios. La innovación debe verse como pequeños pasos para mejorar aspectos prácticos de productos, o cambios en el proceso de producción para ahorrar costos, o incluso poder probar nuevas herramientas de marketing. Al propio tiempo, la empresa debe estar muy atenta a los programas de oferta exportable, de modo que las decisiones que se tomen sean muy prácticas y muy comercializables en mercados internacionales.

Lamentablemente, como parte de las decisiones del nuevo gobierno federal, de las instituciones que conforman ejes rectores del ecosistema de innovación, dos de ellas no parece que sobrevivirán al diseño de la nueva plataforma, y lo preocupante es que no existen planes para mantener sus funciones esenciales. Me refiero, por una parte, a ProMéxico, que ha sido el brazo promotor de la exportación, la inversión y el turismo hacia el país, y, por el otro, al Instituto del Emprendedor, que especialmente en el sexenio pasado concentró la mayor parte de recursos destinados a proyectos empresariales.

Otras de las instituciones diezmadas en presupuesto y protagonismo, que son pieza vital del mecanismo promotor de investigación y desarrollo del país es Conacyt, de la que ya hemos hablado, que aun y cuando mantenga, en principio, la operación del Sistema Nacional de Investigadores, verá recortados muchos de los fondos destinados a empresas de base tecnológica. De la mano de la reducción de recursos para ciencia y tecnología, diversas incubadoras, aceleradoras de empresas y centros de transferencia de tecnología verán declinar sus funciones al ritmo del recorte presupuestal.

El problema asociado a la desarticulación del ecosistema de innovación y de apoyo a nuevas empresas en el país, pasa por la cancelación de la red de soporte que este tipo de emprendimientos demanda para existir. El nivel de riesgo en la apuesta de una nueva empresa es de tal magnitud, que sin una plataforma de asesoría, fondeo y asistencia profesional las inversiones escasean. Si se deja a programas sociales aislados ‒como el programa de “ninis”‒, la administración de recursos que no se vuelven productivos, el barril sin fondo ahondará sus profundidades.

Por otro lado, el gran esfuerzo de vinculación que en los últimos 20 años se ha venido haciendo entre las diversas instancias de la administración pública federal conectadas con tecnología, la iniciativa privada, universidades y centros de investigación, que apenas daba sus primeros frutos, perderá la inercia y regresará a punto cero. En todas partes se insiste en que el éxito de un ecosistema de innovación depende de la eficacia de la vinculación de las diversas partes de este organismo viviente. Sin una de ellas, el sistema se paraliza.

La primera llamada tendría que ser a reconsiderar los temas de ciencia y tecnología en los planes oficiales, y regresarlos del exilio al discurso oficial. No puede México, si aspira a crecer y ser un país desarrollado, renunciar a las ruedas que podrían moverlo. No es eslogan de gobierno, se llama economía del conocimiento.

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Que el muro no sólo es allá, es aquí y desde siempre, al menos, desde que la patria se hizo patria; que el muro está arraigado en nuestras mentes y nuestras prácticas sociales más íntimas, en formas tan inoculadas, que ya no lo percibimos. Que saltar de cuando en cuando el muro para regalar ropa, o para dar un abrazo no es solidaridad sino justificación. Que nuestra cultura está articulada sobre las premisas de la desigualdad y la indiferencia, del servilismo desde la médula de la postración y la necesidad extremas. La ignorancia, de los dos lados, como mecanismo de perpetuación de un colonialismo rebautizado.

Roma es una fotografía tan precisa de nuestra forma clasista de operar socialmente, que se vuelve una radiografía. El muro también nos encierra como género; hombres estúpidos que usan toda clase de violencia porque se saben intocables. La violencia física de un amante fugaz que huye de su legado; la violencia psicológica de un padre emocionalmente ausente. Un muro perimetral, que nos encierra en nuestra vanidad desbocada. ¿Cuánto hemos avanzado en 50 años?

Es sintomático que cuando nos exponemos a otros entornos, nos parezca extraño que algunos prestadores de servicios nos traten sin la parafernalia de los subordinados. Nuestra reacción inmediata, es cuestionar su comportamiento como “igualados”. Es correcto, son nuestros pares y se conducen como tales.

La enorme comodidad del prejuicio ha dotado a sus beneficiarios de un arsenal de expresiones ofensivas y brutales, con una carga de significados que siguen proclamando la pretendida supremacía del blanco, o del rico, o del noble, o del que estudio, o del hijo de…

Nuestra visión del mundo explicada y reducida a dos grupos: los que mandan y los que obedecen.

Así visto, parecería Trump una mera proyección de nuestros propios miedos y derroteros. Su muro es nuestro muro. Su afán por cerrar la casa y administrar la entrada es una paradoja siniestra de la breve jurisdicción de nuestras casas; y de nuestras mentes. Ahí, el derecho lo dictamos nosotros; la ley la aplicamos nosotros; el muro lo hacemos nosotros.

Cuando juzgamos el lenguaje polarizante de López Obrador, elocuente en etiquetas y descalificaciones, hay que reconocer su presencia en la base de nuestra convivencia. Es fácil desentrañar el resentimiento, es simple apelar a la diferencia, es políticamente lucrativo mostrar los bandos y estar de un lado. Lo difícil es convocar a la reconciliación desde la conciencia y el cambio real, derribar el muro para encontrar al otro. Al otro crecido, al otro digno, al otro igual.  La construcción cultural y jurídica “del igual” requiere tiempo, trabajo, espejos y conciencia. Lo simple y reduccionista es seguir acusando a Trump de discriminar.

Tenemos hoy la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la reacción que el sistema normativo ha gestado para dar cauce institucional a esta manera de ser y convivir. Está bien, el Derecho es “el mínimo contenido ético socialmente exigible”, como reza la conocida máxima, pero aun siendo amplias las hipótesis, y severas las sanciones, la ley no podrá modelar esta realidad apabullante. El muro de cada quien sólo a través del trabajo personal puede ser derribado.

Qué gran alegría ver a Cuarón subir a recibir el Globo de Oro el pasado domingo. Qué orgullo ver a estos cuatro mexicanos magníficos acaparar premios y elogios en el mundo del cine en los últimos años. En realidad, Cuarón sí lo dijo a lo largo de toda su premiada película, que es memoria y nostalgia, pero es también parte del grito ahogado de la sociedad clasista y repudiable del 2019: el muro somos nosotros.

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La ruta era peor que tortuosa. El eventualmente “bello paisaje” bajaba la cortina al morbo viajero bajo la fatídica condición del polvo y las piedras. De cuando en cuando, al amparo de los huecos malhabidos de la erosión vehicular, un vado de lodo se encargaba de acotar cualquier pretensión que quisiera moverse a más de 30 kilómetros por hora. El ambiente era más pesado que el habitual en un sendero llanero. Los rostros que aparecían a la vera de lo que pretendía ser el camino no reflejaban ni cansancio, ni temor, pero tampoco los habitaba un solo rasgo de alegría o cordialidad. Rostros que no decían nada, y por esa maldita circunstancia podían precisamente decir mucho. No a mí, conato de abogado de 4 años de carrera, al que todavía la figura de Ulpiano le parecía un egregio monumento vivo de la tradición justiciera.

Esos no son de aquí. Nuestro letrero era un halo interminable sobre nuestro auto defeño y nuestra mirada de pasantes delirantes de la legalidad imaginable. A los 30 minutos de ruta, ésta había perdido su esencia de camino para convertirse en el destino mismo. Estábamos ya, por así decirlo, en el mapa del destierro y la navegación por instrumentos. En nuestras manos y las de los inspectores del IMPI que nos acompañaban, los documentos que soportaban la oficialidad de nuestro actuar parecían cada vez menos oficiales, cada vez menos imperativos, cada vez menos contundentes, y cada vez más sólo eso, papeles. Simples papeles.

La llegada a Chichihualco, en medio de la que nos pareció la sierra más guerrera de Guerrero, fue como la entrada a la zona del silencio en Zacatecas; polvo, palabras breves, gestos que no comunican y el ruido apagado de una estática mórbida de algún agonizante radio viniendo desde la espesura. Desde las primeras casuchas en que nos detuvimos a consumir un refrigerio, supimos que la información era un artículo con valor de intercambio, ¿y ustedes de dónde son? ¿y para qué quieren ir a esa dirección? ¿y están seguros de que es en Chichihualco? No sabemos, parece que es para allá, pero es que aquí las calles no tienen nombre. O pregúntenle a don Gerva, quien es el único que sabe qué calle es cual, y los nombres de la gente.

No tuvieron que pasar demasiados descalabros informativos para darnos cuenta de que habíamos ingresado de lleno al mundo del mejor surrealismo. Los objetivos de la misión jurídica empezaban a desvanecerse ante la fuerza desarticulante de la confusión. A esas horas, se suponía, los doce domicilios que deberíamos visitar para asegurar balones piratas no eran más que terrenos baldíos, o en el mejor de los casos, grupos indiferentes a nuestros alegatos, formados por vacas y caballos. Literal: en mi desesperación por dar con el paradero de cualquiera de los destinatarios de nuestros esfuerzos legales para desarticular a la banda de los baloneros pirata, estuve a punto de notificar la demanda a uno de los caballos que mostró algún interés en nuestra presencia, y me pareció que hasta llego a sonreír. Menos mal que en la visita de inspección, que normalmente precede al acto de la notificación, me percaté de la condición equina del demandado, y haciendo acopio de las tres neuronas funcionales que me quedaban, decidí regresar los documentos al intimidante portafolio negro de donde las había extraído.

Finalmente, en el único de los domicilios en que, se supone, don Gerva ubicó que nuestras coordenadas coincidían con las del buscado, el panorama era todo menos lo que pudiera parecerse a una factoría o instalación para la manufactura de balones. Se le llamaría choza de no ser porque, en el contexto, era una construcción de tabique desnudo, lo que revelaba una inversión superior a las de puro cartón, madera o lámina. Los dos niños que con sólo camisetas por vestuario detectaron con curiosidad nuestra presencia, sirvieron como anfitriones silenciosos del mito de los mafiosos. En su huida, dejaron a nuestra vista la única pelota que, les anticipo, pudimos encontrar durante nuestras pesquisas. Una pelota de hule, a medio aire, más sucia que el propio piso, y que a mis ojos pareció como un pequeño mundo moribundo.

La “seño” que apareció en el quicio de la puerta, y que se recargó como amarrada en la hamaca principal de lo que podía formar una terraza, concentró en su primera pregunta la absoluta necedad de nuestra presencia, y la impertinencia misma de los postulados que nos habían conducido a semejante escenario: …y ustedes, ¿pos como qué andan buscando?…

―Mire señora, me apresté a decir…Tenemos información sólida de que en este inmueble se fabrican productos de origen ilegal, distinguidos con falsificaciones de la marca “Voit”, a la cual representamos.

―¿Balones?…  no… aquí no hacemos balones… ¿quién les dijo? Y además esto no es un mueble… es mi casa y la de mi señor…

―Bueno señora, tenemos información que nos proporcionó un equipo de investigadores que han estado averiguando dónde se fabrican estos balones falsificados. ¿Usted sabe el tipo de sanciones a que se hacen acreedores los que piratean marcas? Hasta se pueden ir a la cárcel señora.

Hasta ese momento, don Gerva, con sus mentirosos años encima, se hizo presente con un gesto histriónico que, aunque leve y programado, fue suficiente para saber que la diligencia había terminado. Me quedé mirando, como me acuerdo, el tolvanero humo de su cigarro sin filtro.

―Ya se los dije doña Laura, que conozco a su viejo y que ustedes son gente de bien que se dedica a la milpa. Yo no sé de dónde sacaron eso de los balones. Pero estos jóvenes insisten, así que preferí traerlos para que vean que les dijeron mal. Si aquí ni comunistas somos.

Era posible. A 38 o 40 grados de temperatura cualquier delirio empezaba a ser posible. El cuadro no podía ser más Cauduro; una casucha en medio de una calle enmarcada por pequeños hilos húmedos fétidos, una señora como las hay miles en nuestros pueblos; de edad indefinida, de arrugas profundas, de pelo enmarañado, de actitud hosca pero vulnerable, de malas palabras, de barro, de vestido viejo pero limpio, de zapatos de hule, de belleza fotográfica, de brazos cruzados y curtidos, de ojos limpios pero escondidos, de cansancio milenario. Y luego don Gerva, el viejo del lugar, el más don de cuantos portan la palabra “Don”. Insípido, ríspido, desinteresado, corto, amargado, con una mirada de esas que sólo al recordarla, a lo largo de los años, empieza a significar lo que significaba. Y nosotros cuatro, jugando al túnel del tiempo, cubriendo el expediente de un expediente legal que nada tendría jamás que ver con la realidad histórica. La verdad jurídica de los papeles, versus la agreste realidad de nuestro paisaje pueblerino. Haciendo el papel de héroes justicieros, de una justicia que estaba reducida a la inmundicia de unos derechos etéreos, en medio de la nada.

Nos fuimos no sin echar un vistazo al interior de la morada, en busca de algún indicio que reivindicara algo de la eficacia extraviada. Ese interior podría ser el de todas las moradas de los pueblos en México. Un viejo televisor como personaje central, unos cuantos muebles y enseres mezclados en un catálogo extenuante de colores, texturas y edades, y una cantidad sobresaliente de figuras de toda clase de vírgenes, santos, luchadores y animales. Todo sobre un piso de tierra apisonada, matizado por un lenguaje de claroscuros esculpidos por las pequeñas ventanas descuadradas. Parecía, en el menos escapista de los casos, el escenario de una película de culto.

La vuelta a la tienda de donde partió la expedición de las doce casas fue en silencio. Cada uno cavilaba para sí la experiencia transitada. Sólo mi compañero Schroeder acertaba a lanzar una que otra frase, que pretendía hacer de la derrota un evento aceptable: “Venir hasta acá para esto”. “De haber sabido ni nos movemos”. “Seguro esos ojetes investigadores inventaron todo, pensando que nadie se lanzaría hasta acá”. “Ni modo, al jefe se le van a parar de punta los piches pelos”. “¿Y si nos lanzamos a acá a olvidar el desaguisado?”

Habrían transcurrido unos dos o tres años con la velocidad con la que esa mañana disfrutaba el primer sorbo del primer expreso del día, cuando la noticia que leí en el Novedades me produjo esa extraña sensación que producen los sentimientos encontrados.

“PUEBLO COMPLETO DE GUERRERO DEDICADO A LA PIRATERÍA

Mediante un operativo coordinado entre la AFI y el gobierno local, ayer se incautaron algunos materiales empleados en la manufactura de balones que se fabricaban por los pobladores de Chichihualco, en la sierra de Guerrero.

Los representantes legales de las empresas de artículos deportivos y vestuario, Adidas y Nike, declararon a Novedades que de acuerdo con las investigaciones que las mismas llevaron a cabo, el pueblo de Chichihualco, en Guerrero, se ha convertido en el principal fabricante en México de balones falsificados. Desde el lugar se producen balones con todas las marcas conocidas, los cuales son distribuidos a muchos de los mercados piratas de este tipo de productos, especialmente a los que se venden en las afueras de los estadios de futbol, a precios reducidos.

Según sus investigaciones, detrás de la fabricación se encuentran mafias bien organizadas que han establecido un sistema bien coordinado con los pobladores de Chichihualco, a través del cual les entregan por la mañana los materiales, y por la tarde recogen los balones cocidos a mano a lo largo del día por las familias del lugar. Asimismo, cuentan con vigilantes en la única ruta de entrada, que por medio de radios de comunicación previenen de la llegada de cualquier intruso, con lo que tienen tiempo de sobra para ocultar cualquier indicio de sus operaciones ilegales.

Lamentablemente, declararon los entrevistados, no se pudo detener a nadie ni se obtuvo mercancía terminada, salvo algunos insumos como agujas e hilo para coser.”

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El desencuentro jurídico, de amplia resonancia política, entre AMLO y el Poder Judicial de la Federación, es la escenificación más representativa del choque de los tres poderes. La colisión no sólo involucra al ejecutivo y el judicial, sino también al tercero en discordia, el legislativo, que con su Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha generado la materia de la controversia.

La tinta que ha corrido en estos días con análisis desde todos los puntos de vista sobre la situación imperante, y sus posibles soluciones, ha agotado el recuento de los efectos que pueden derivar de este primer choque de trenes. Con un poder legislativo claramente plegado a la voluntad del presidente, es manifiesto que sólo el Poder Judicial podrá representar un coto al ejercicio del Ejecutivo. Todo indica que algunos ministros han interpretado a la perfección el significado de su encargo, que en este momento cobra significado histórico en la definición de espacios y contrapesos.

Haciendo un resumen apretado de las acciones desplegadas por los protagonistas, bien podemos decir que unos errores han llevado a otros que se justifican sólo en la lógica de impedir los efectos nocivos del error previo. A la gran pretensión anunciada de lograr ajustes al gasto público por la vía de recortar salarios elevados ‒que en principio suena razonable para muchos‒, ha seguido una promulgación de ley precipitada, atípica y carente de técnica, que desde lo jurídico es rechazable.

Sólo dos apuntes con relación a los sueldos del sector público. Primero, no creo que el salario que se ha autoasignado el presidente de la República deba ser el rasero máximo de los demás. Ése es un cargo honorario, para el que el personaje en cuestión se propone y lucha, seguro, no por el sueldo que recibirá. Otros encargos, en cambio, de mayor riesgo o nivel de especialidad de acuerdo al mercado, deben merecer mayor emolumento.  Con sueldos de segunda se suelen obtener resultados de tercera. Eso no quita que, en algunos casos muy particulares, como el de determinados ministros o consejeros electorales, se deba revisar cómo han llegado a acumular tantos ceros y negociar reducciones. El otro apunte sobre el tema es que, imponer bajas forzadas a determinados puestos es una forma de extender una moral, pretendidamente republicana, a todos. Perdón, pero es válido decir que yo no quiero ser juarista y quiero ganar bien por mi trabajo, con el que ciertamente contribuyo al engrandecimiento de la patria.

Recuperemos la reconstrucción de los hechos a partir de que la ley de reducción salarial fue promulgada de manera exprés. Para sorpresa de muchos, a propuesta del ministro Pérez Dayan, el amparo interpuesto para analizar la constitucionalidad de la misma, no sólo fue admitido, sino que se otorgó la suspensión de la aplicación de la misma, es decir, la ley no puede considerarse vigente contra los promotores del amparo, hasta en tanto éste se resuelva de fondo.

Se ha criticado que la suspensión en contra de la entrada en vigor de una ley es improcedente, dando pie a que, desde la consejería jurídica del presidente se vislumbren denuncias en contra del ministro Pérez Dayan por haber concedido la medida. Queda claro que, tratándose del estudio de un caso que estudian jueces, que podría afectar a jueces, todo esta bajo sospecha. Sin embargo, nada podría excluir a los jueces de hacer valer el derecho humano de acceso a la justicia.

La buena noticia, que es lo último conocido sobre el particular, es que la suspensión de la ley será impugnada por ser ilegal, lo cual debe llevarnos a considerar que, al final, tanto AMLO como el Poder Legislativo están llevando al terreno procesal su desacuerdo. Mientras sea por los cauces legales me parece que el tema puede llegar a buen puerto.

Lo que no debe permitirse, y que empieza a flotar en el ambiente como una opción, es la tentación de que el legislativo pretenda, a través de una nueva reforma, evadir las objeciones a esta ley y pretender alcanzar el mismo fin a través de otro acto legislativo. Eso sería una suerte de “chicana”, que lastimaría profundamente al ya de por sí endeble Estado de derecho.

Estamos viviendo momentos críticos en la comunicación hacia los sectores no jurídicos de la sociedad. O se rescata al sistema normativo como una herramienta democrática, eficaz y confiable contra el uso concentrado del poder, o se confirma la condición manipulable e irrelevante que en los últimos años ha adoptado.

El asunto, al final, encierra un vicio muy latinoamericano, que de tan gastado ya no nos perturba, consistente en la reiterada inclinación de nuestros presidentes por dictar las leyes con las que pretenden modificar la realidad para que responda a sus visiones particulares de proyecto y nación. En ese punto, la democracia se pervierte totalmente, al someter a un poder pretendidamente independiente, a la simple maquila de leyes inconfesables, que desde la congruencia y la coherencia que les son necesarias, resultan piezas de legislación desaseadas e indefendibles. Cabe aquí preguntar por qué Trump no ha podido, aun con mayoría republicana inicial en las dos Cámaras, lograr su cometido de paquete de leyes antinmigrantes y el financiamiento para su muro.

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La declaración emanada de la reunión que el G-20 sostuvo en Buenos Aires la semana pasada, en apoyo a los derechos de Propiedad Intelectual como motor de la innovación y la economía, merece una lectura más allá de la simple recordación de los postulados que la han llevado a ubicarse como una de las prioridades en materia de política pública para casi todos los países del grupo y como la herramienta de competencia más utilizada por las corporaciones a nivel mundial. Es, sin lugar a dudas, un llamado que podría presagiar la llegada de “malos tiempos” en la concepción, regulación y observancia de este tipo de derechos.

Para comprender los nubarrones que asedian a los derechos de autor, de patentes y de marcas, hay que regresar el reloj 25 años hasta señalar un momento cumbre en la promoción de este tipo de ordenamientos de alcance internacional, que tuvieron su reflejo posterior en legislaciones domésticas que los honraron. En aquél momento, único en la historia de esta materia, los astros se alinearon para que, al amparo de los acuerdos de la OMC (Organización Mundial de Comercio), la Propiedad Intelectual alcanzara su mayor reconocimiento histórico con un tratado mundial ‒el llamado ADPIC, Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio– orientado a regular los “aspectos de PI vinculados al comercio”.

Casi el total de países de economías emergentes ‒México entre ellos‒, realizaron esfuerzos de modernización de sus leyes internas, interpretando que adoptar estándares altos de protección de derechos exclusivos de este tipo era una forma de atraer inversión extranjera, y una suerte de boleto de entrada a los circuitos liberalizados del comercio mundial. En este punto es claro que el binomio “Propiedad Intelectual-neo capitalismo liberal”, representaba de manera aspiracional la imagen de una economía abierta, moderna y competitiva. Hasta China, tradicionalmente orientada al plagio y la piratería, modificó sustancialmente sus estructuras para generar innovación patentable, además de crear y adquirir marcas internacionales, cambiar leyes y desechar viejos hábitos para recibir estos nuevos modelos.

Al amparo de la implantación ideológica de los beneficios de la Propiedad Intelectual, modelos de negocio de intercambio y explotación de tecnología y marcas como las licencias y las franquicias, alcanzaron las mejores cifras en esas décadas, hasta llevar la utilización de los “sistemas de regalías” a niveles incontrolables y abusivos. De los eventos de revelación de información conocidos como “Panama Papers” y “Paradise Papers”, se obtuvo la conclusión de que, al menos en el 75% de los casos, este tipo de esquemas fueron sobre explotados para justificar salida de capitales hacia paraísos fiscales.

En el camino, diversos escenarios han ido desgastando el prestigio de la PI. Probablemente el más resonante sean los serios cuestionamientos formulados al sistema de patentes, especialmente en el ámbito farmacéutico, derivado de la confrontación de los valores que reivindica la recompensa a la invención frente a los principios humanitarios que la restricción en el acceso a medicamentos comporta. La amplia discusión sobre las iniciativas de Brasil, India y Sudáfrica para cancelar en sus países las patentes de VIH y cáncer ha sido, sin duda, el mayor punto de ruptura del que se tenga memoria.

De ahí, el escenario ha mutado ahora hacia la antes indiscutida e inalterable legislación en materia de derechos de autor.  La gran reflexión pasa por el tema de las acciones restrictivas dictadas en contra de sitios que trafican ilegalmente con películas, música, videojuegos, software o textos, que en ciertas jurisdicciones han sido detenidos con órdenes fulminantes de jueces desde el inicio del procedimiento, y que muchos activistas de internet miran como una intrusión en la red que coarta la libertad de expresión.

El fenómeno Internet, en su filamento constructivista de escaños de colaboración multitudinaria, ha incentivado que la imaginería colectiva perciba los derechos individualistas en ese entorno como muros divisorios que encadenan y socaban la idea de la aldea global colaborativa. Linux, Creative Commons, Copyleft y Access to Knowledge parecen ser, sin dejo de duda, las banderas que de manera simultánea dan sentido teórico y práctico a las nuevas posiciones, tecnológicamente libertadoras.

Es creciente y tangible que, un cada vez mayor número de consumidores y usuario de redes, organizados o no, perciben al derecho de autor como un ente ajeno y legaloide que impide el acceso a las obras y a los contenidos. Ésta es la visión que ha llevado a las posiciones apocalípticas que miran a la Propiedad Intelectual como el sistema más sofisticado para la apropiación del futuro en las manos de unos cuantos.

Más allá de las estridencias abolicionistas, cada vez queda más claro que el esquema de los derechos de autor y las patentes, sometidos ahora a estas tensiones sociales, deberán rediseñar sus estructuras internas, pero manteniendo el ADN de exclusividades que define su génesis y destino. Que sigan cumpliendo su función como premios e incentivos a la creatividad es esencial en las sociedades de nuestro tiempo.

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Hay una visión simple que atiende a la valoración de lo que se posee en términos de experiencia y preparación. En cualquier actividad productiva, sea de manufactura o administrativa, las habilidades de las personas que toman decisiones son críticas. Es algo tan obvio que me produce pena ponerlo en un papel. Pero es claro que esta “verdad de Perogrullo”, no parece representar un límite a las decisiones que el nuevo gobierno federal anticipa como grandes avances en términos de austeridad gubernamental.

Una primera medida, ya puesta en marcha con la nueva base jurídica que representa la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es la orientada a reestructurar los salarios pagados a los empleados de la administración pública que, de entrada, tendrán como límite lo pagado al Presidente de la República, y que serán recalculados para aplicar ajustes que se estiman entre 20 y 40%.

A la medida reductiva hay que agregar serias afectaciones a diversas prestaciones que eran parte sustancial de la compensación de cualquier funcionario público desde nivel medio, que incluían seguro de gastos médicos mayores y un sistema de ahorro en el que, por cada peso destinado por el empleado, el gobierno aportaba otro tanto, dentro del límite del 10% del sueldo. Para muchos servidores públicos esta caja de ahorro se traducía en una suerte de liquidación, dadas las prácticas comunes en el gobierno, consistentes en comprometer la renuncia de cualquier empleado que debe declinar en el respeto a sus derechos laborales, a favor de compromisos con el equipo político del que forma parte.

Es claro que, ante la reducción salarial impuesta, muchos de los funcionarios con altas calificaciones en experiencia y conocimiento, que encuentren acomodo en la iniciativa privada, no dudarán en buscar opciones que respondan a sus expectativas. Otros que se queden seguramente se mantendrán en sus puestos mientras encuentran algo mejor, pero lo harán con la desmotivación que produce no ser reconocido cada quincena con una remuneración realista por su esfuerzo. De todos los amigos y conocidos que tengo en el servicio público, que son muchos y de muy diversas jerarquías, especialización y áreas de servicio, no he encontrado uno solo que me diga que se quedará en el puesto, convencido de que estas medidas redundarán en un mejor país, y que su compromiso con México conlleva este sacrificio. Ni uno solo. ¿Será que no son patriotas?

Otra de las novedades que para el servicio público han sido anunciadas, es la consistente en evitar la contratación de especialistas, porque se ha prestado en el pasado a abusos y corrupción. Me parece que, como en el caso del recorte salarial, no deberían pagar justos por pecadores. Es claro que muchos de los salarios de algunos servidores públicos son muy elevados y merecen ser limitados, igual que diversos contratos con “expertos” son simples fachadas para desviar recursos públicos; pero de ahí a desterrar el tumor cortando el miembro hay mucha distancia. Imaginemos, por ejemplo, que en un caso de arbitraje internacional, que es una materia de altísima especialización jurídica, el gobierno mexicano decide atenderlo con sus propios recursos, comprometiendo millones de dólares a personal sin las calificaciones necesarias.

Otras de las medidas anunciadas en el paquete consisten en la eliminación de ciertas dependencias y unidades administrativas, o su mudanza a sitios diversos en la Ciudad de México. Estoy a favor de la descentralización como concepto general, pero siempre que se trate de servicios que puedan ser prestados mayoritariamente de manera digital, o bien, que su reubicación no obligue a los usuarios a perseguirlos por diversos rincones del territorio nacional. Una persona que reside en Tijuana, que hace un trámite ante la Secretaría de Turismo, por ejemplo, que dispone de 6 vuelos al día a la CDMX, deberá trasladarse con grandes dificultades y gastos hasta Tuxtla Gutiérrez; o la que vive en Mérida, que tendrá que llegar a CONACYT en La Paz. Para bien o para mal, la centralidad geográfica de la Ciudad de México le ha dado esta posición estratégica como capital política y económica desde hace varias décadas, que sólo podrá ser desmontada de manera gradual y ponderada.

Con relación a la intención de liquidar organismos expertos y reasignar sus funciones fraccionadamente a otras dependencias, vale decir que representa la más grave e irresponsable decisión de todas. Pongamos el caso de PROMÉXICO, que ha sido ampliamente comentado en medios. Para quienes conocemos la labor prolífica y eficiente de este organismo, la idea de prescindir de su marca, presencia y servicios es inexplicable y trágica. Es como si, de pronto, una empresa decidiera eliminar su área de mercadotecnia. Buena parte de lo que nuestro país conserva de atractivo para la inversión y el turismo extranjeros se debe a la labor, profesional y dedicada, de este organismo, cuya experiencia y habilidades tardaríamos muchos años en reconstruir. Para quienes piensen que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede desarrollar esas capacidades peca de ingenuidad, porque la estructura y entrenamiento de esa dependencia es totalmente política.

Bajo estos auspicios, ubiquémonos por un momento en la situación de un matrimonio con hijos, en el que los padres trabajan para dependencias públicas distintas ‒caso muy común en nuestro país‒, que se encuentra en la disyuntiva de quedarse sin trabajo y de ser mudados a otra ciudad, con sueldo reducido y a la mitad del calendario escolar. Poner a personas que trabajan para México en esa circunstancia es injusto, innecesario, irresponsable y desagradecido. El problema es que, la creencia de que “lo dijo, pero no lo hace”, ha caído por tierra después del ejercicio demostrativo del “aquí se hace como yo digo”; del cancelado nuevo aeropuerto de Texcoco.

Para cualquier unidad productiva, trátese de una empresa, una granja, una fábrica o una dependencia de gobierno, tener y conservar capital humano experto es esencial en la consecución de objetivos. No hay eficiencia sin eficientes. Tirar por la borda el know how de miles de empleados nuestros por el capricho de la austeridad es suicida. Nadie va a hacer la chamba que cada día hacen y tardaremos años en recuperar esos altos niveles de capacidad.

En mi caso, que trato en lo personal con funcionarios de la Secretaría de Economía, el IMPI, la Administración General de Aduanas, la PGR y Sagarpa, entre otras, debo decir que la corrupción es la excepción, y más bien me topo con funcionarios preparados y comprometidos con la eficiencia y los resultados. Perderlos, como país, es erosionar de manera flagrante nuestro capital intelectual, sin recibir nada a cambio.

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Sigue pasando el tiempo y el discurso se ajusta pero no cambia. Empresas y gobierno reconocen y declaran que es necesario incrementar presupuestos, apoyos, actividades y visión para el desarrollo de ciencia y tecnología, pero los resultados no llegan. El potencial de México como territorio de innovadores sigue siendo sólo una posibilidad, una fortaleza sin uso, un recurso desperdiciado. Las oportunidades nos pasan de largo y otros países las aprovechan a cabalidad, a pesar de poseer menores capacidades e infraestructura que nosotros. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer para revertirlo?

No sólo nos estamos rezagando frente a países industrializados de vocación innovadora, sino también frente a otras economías que tenían simetrías con la nuestra y que han despegado desde hace 10 o 15 años, dando un salto notable en sus números y en beneficios tangibles para sus empresas. Los empresarios nacionales aún no descubren los beneficios de invertir en desarrollo tecnológico, que suelen tener tasas de retorno en plazos más largos que las de tipo comercial. El verdadero reto consiste en usar el conocimiento en productos de alto valor agregado. En ese contexto, las startups mexicanas tienen una gran oportunidad a partir de la facilidad que hoy plantea la conectividad en el mundo y el ambiente digital.

A partir de los años 90, se vislumbraba en el país un gran despertar de la innovación institucional y empresarial, que una serie de fallas y despropósitos han bloqueado y desviado. Al cabo de estos 25 años, lo que tenemos son sectores ganadores y perdedores; pero hasta en los ganadores hay puntos que deben ser analizados. En la industria automotriz, por ejemplo, que contribuye de manera enfática al PIB nacional, el grado de integración de proveedores mexicanos en un auto producido en México no llega al 10% y los componentes que aportamos son de bajo valor agregado. Se suponía que, al cabo de este periodo, abriendo nuestro comercio podríamos equipar a nuestra industria y modernizarla para enfrentar la competencia mundial. Pero no ha pasado.

Con relación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una de las piezas angulares de la infraestructura de producción de nuevo conocimiento científico en el país, debemos reconocer que nos hemos estancado y parte de la problemática obedece al hecho de privilegiar y recompensar las publicaciones de los investigadores antes que las patentes exitosas. No sólo se falla en la parte del enfoque que genera conocimiento y muchas veces no tiene aplicación industrial, sino también se compromete la novedad de las patentes que son presentadas cuando la publicación previa de esa información ya provocó que se conviertan en dominio público.

En la parte de gasto público, la mayor parte de los recursos se destinan a Conacyt –alrededor de 34,000 mdp‒, mientras que el resto de los 60,000 mdp del total se distribuyen entre las secretarías del ejecutivo relacionadas a ciencia y tecnología. Falta coordinación para mejorar la utilización de la infraestructura que ya poseemos en el país, pero sin duda, también nos faltan algunas piezas en la maquinaria de producción de innovación.

Como siempre, la palabra “vinculación” aparece como constante en el camino hacia el desarrollo. No podemos aspirar a niveles importantes en generación de tecnología si no logramos alinear las políticas públicas con la industria y los centros de investigación. Si las cosas se hacen bien, no es necesario pasar por un largo proceso de industrialización; podemos dar el brinco y ubicarnos como líderes regionales en innovación si nos enfocamos. Hagamos como Finlandia, que pasó de ser un país de leñadores a ser una potencia mundial en comunicaciones.

Resulta indispensable que los casos de vinculación que han sido exitosos se conozcan. Hay muy poca difusión y de esa manera se pierde el efecto de que otros empresarios quieran emular las rutas que promueven la innovación y el desarrollo tecnológico. Una recomendación constante para las empresas mexicanas está orientada a que se aprendan a utilizar los bancos de patentes como una forma de mejorar la inteligencia competitiva de las organizaciones y tomar mejores decisiones en materia de innovación. Es información que tiene bajos costos y permite visualizar los rumbos que cada competidor puede seguir para hacer mejoras a la medida.

El extraordinario caso de Jalisco

De acuerdo con números publicados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI en CIFRAS), Jalisco es el estado que más ha crecido durante el sexenio en patentes e invenciones, alrededor del 25%. En 2017, en patentes 27% más respecto a 2016, mientras que el crecimiento nacional en el mismo periodo fue de 1.8%. En 2012 el estado se encontraba en quinto. lugar en patentes, sin embargo, en 2016 alcanza el segundo lugar consolidando dicho sitio en 2017 nuevamente. En materia de invenciones, Jalisco ha sido segundo lugar por tres años consecutivos. Las áreas de mayor innovación son las de dispositivos médicos, pero también existe una tendencia en la industria de la transformación y del diseño, tecnología de alimentos y software.

La estrategia que Jalisco siguió inició con la creación de una Dirección de Propiedad Intelectual dentro de la Administración Estatal, en particular dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y a la dependencia se le encargó el diseño, puesta en marcha y ejecución de solicitudes de patentes e invenciones, así como el uso de la propiedad intelectual en general para que fuera una herramienta de uso para la innovación en las empresas de base tecnológica.

Los ejes centrales de la estrategia se orientaron, por una parte, en la formación de recursos humanos especializados por sector y asesoría personalizada para detectar la invención adecuada a proteger y realizar diagnósticos de viabilidad, así como la formación habilidades ligadas a la materia, por ejemplo, toma de decisiones de los grupos de ingenieros que lideraban desarrollo de nuevos productos en las empresas. El segundo eje lo conformó el diseño de política pública para la asesoría y acompañamiento a los organismos públicos y privados para mejorar los procesos internos o de reglamentación de obtención de invenciones y su transferencia, por ejemplo, a las universidades y/o empresas, con el fin de facilitar la protección y asegurar beneficios al inventor, estímulos y/o regalías por explotación, así como también incidiendo en la toma de decisiones insertando criterios de Propiedad Intelectual dentro de los programas y convocatorias en otras áreas de innovación de la misma secretaría y el sector público estatal destinadas a los apoyos de usuarios.

Como parte de la estrategia se lanzan tres programas, uno de fomento a la propiedad intelectual, otro para el fortalecimiento de capital intelectual a empresas jaliscienses con orientación o base tecnológica y, el último, un programa para el fortalecimiento de invenciones para instituciones de educación superior o centros de investigación, que además de incluir apoyo para protección de invenciones otorga la posibilidad de dar estímulos directos al inventor.

Con estas iniciativas, las solicitudes de residentes jaliscienses crecieron así:

El caso Jalisco nos recuerda que todas las empresas tienen potencial para innovar, sin importar tamaño o giro, y de que, formando parte de un eco-sistema de innovación funcional, que les ayude a perder el miedo de entrar en contacto con asesores privados en materia de tecnología, que les ayuden a identificar proyectos viables y a darles seguimiento se pueden lograr resultados sorprendentes. Algo que Jalisco ha hecho muy bien es entender las reglas básicas de propiedad intelectual, a fin de saber qué proteger, cuándo y cómo, para no arriesgar proyectos importantes por salir al mercado prematuramente.

El caso de Jalisco acredita que todo lo que nos hace falta es alinearnos para que las piezas trabajen como debe ser, y tenemos la obligación de difundir las historias empresariales de éxito basadas en innovación. Es la mejor forma de demostrar que los mexicanos podemos generar riqueza a través de este camino.