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Ahora que se ha concretado el Impeachment a Trump, vienen a relucir los casos similares en los que presidentes de América Latina se han visto envueltos.

El miércoles 18 de diciembre, la Cámara de Representantes acordó cometer al presidente Donald Trump a un juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Impeachment a Trump votado, lo coloca como el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en llegar ante los tribunales.

Pero en los últimos 30 años no sólo Estados Unidos ha llevado a cabo este tipo de procedimientos. En un repaso histórico realizado por la BBC Mundo, se hace mención a los casos que han marcado la historia de países latinoamericanos.

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La figura del “impeachment”

Son varias las naciones latinoamericanas que, desde el regreso de la democracia, han llevado a cabo juicios políticos en contra de presidentes en ejercicio.

Algunos terminaron con la salida del poder del mandatario, otros no, y hubo casos en los que renunciaron antes de su destitución.

Pero antes de empezar a enumerarlos, cabe aclarar que tanto el concepto como el procedimiento de impeachment varían dependiendo del país.

Como explica Adolfo Felipe Constela Arguedas, expertos en derecho internacional público, en un artículo publicado por la Escuela Judicial de Costa Rica, las Constituciones latinoamericanas que contienen un equivalente al impeachment estadounidense son las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República Dominicanay Uruguay.

Como en EE.UU., en estos países “la acusación y el juzgamiento son desarrollados por órganos distintos dentro del Parlamento”, según el abogado y asesor parlamentario.

Asimismo, como en el caso estadounidense, las cámaras que acusan y las que toman una decisión no son las mismas.

“La Cámara de Diputados o Representantes es la encargada de plantear la acusación contra el presidente”, mientras que los senadores son los que realizan el juicio y emiten una resolución para separarlo o no del cargo.

En algunos países, como Panamá y Nicaragua, no existe la figura del impeachment.

Y en otros, aunque existan procesos similares, “el enjuiciamiento político no está claramente definido en cuanto a los órganos que lo desarrollan”. Es el caso de Bolivia.

Brasil

Uno de los casos deimpeachment más recientes en la región fue el que enfrentó Dilma Rousseff en 2016.

La mandataria brasileña, quien había llegado al cargo en 2011 y fue reelegida en 2014, fue acusada de haber violado normas fiscales y maquillado el déficit presupuestal con el fin de exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos, una práctica prohibida por la ley de Responsabilidad Fiscal del país.

Roussef describió el proceso como un “golpe de Estado” en su contra, asegurando no haber cometido ningún delito.

“Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es ‘impeachment’, es golpe”, dijo.

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador no tardaron en sumarse a la denuncia, mientras que Argentina y Chile afirmaron respetar el proceso brasileño.

Collor de Mello, el primero en América Latina

Aunque el caso de Dilma Roussef haya sido quizá el impeachment brasileño más conocido, no ha sido el único.

Un escándalo de corrupción que estalló en mayo de 1992 le costó el cargo a Fernando Collor de Mello, quien se había convertido tres años antes en el primer presidente de Brasil electo por voto popular luego del regreso de la democracia.

Collor de Mello enfrentó el primer juicio político en la historia latinoamericana.

Con una popularidad en caída libre, producto de una serie de medidas económicas con las que había intentado combatir la hiperinflación, una denuncia de su propio hermano, Pedro Collor de Mello, dada en el marco de una entrevista con la revista Veja, conmocionó el ya agitado ambiente político en la nación sudamericana.

Pedro reveló un esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias dirigido por el tesorero de la campaña de Fernando Collor de Mello.

Paraguay

Cuatro años antes, Fernando Lugo corrió la misma suerte en Paraguay.

El 22 de junio de 2012 el entonces presidente fue destituido por el Senado tras un controvertido juicio que siguió a la matanza de seis policías y 11 campesinos.

En mayo de ese mes, cientos de campesinos paraguayos habían ocupado una finca en protesta ante la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú, en el norte del país.

El 15 de junio, el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad provocando sangrientos enfrentamientos entre los invasores y las fuerzas de seguridad.

Tras la que se llamó “masacre de Curuguaty”, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), parte de la coalición que llevó a Lugo al poder, le retiró su apoyo y colaboró con sus rivales del Partido Colorado en la activación del juicio político en su contra.

Este impeachment resultó en la destitución del dirigente de izquierda, cuya elección en 2008 rompió con más de 60 años de gobiernos del Partido Colorado, de derecha.

“Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe, hoy no es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente”, dijo el ya expresidente tras conocerse la decisión.

Su sucesor, Federico Franco, del PLRA, defendió, por su parte, la legalidad del proceso negando que hubiera habido golpe.

En 1999 otro mandatario paraguayo se vio obligado a dejar el poder ante la amenaza de un juicio político.

En medio de una crisis política que explotó a raíz del asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña presuntamente a manos de paramilitares, el expresidente Raúl Cubas fue sometido a una propuesta de juicio político en el Parlamento por su mal manejo de la crisis que dejó varios muertos.

Y ante la presión popular, el exmandatario puso su cargo a la orden, antes de que se aprobara el juicio, el 28 de marzo de 1999.

Perú

En 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pasó por un proceso similar.

El 16 de marzo de ese año, con 93 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de Perú inició un procedimiento de “vacancia presidencial” para destituirlo, después de que se revelaran pagos millonarios de la constructora Odebrecht a empresas vinculadas a él.

Kuczynski negó haber recibido retribuciones ilegales de la empresa brasileña, pero aceptó haber trabajado como asesor para la firma.

Pero para que el entonces presidente fuera destituido se necesitaba de una mayoría calificada, la cual no se alcanzó.

Sin embargo, con una sensación de déjà vu, Kuczynski enfrentó un segundo juicio político tan solo tres meses después.

Los cargos eran los mismos, pero esta vez la oposición contaba con más argumentos: congresistas del oficialismo habían sido grabados intentando comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario.

Ante la polémica, Kuczynski anunció su renuncia un día antes de que se realizara el juicio.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”.

Una renuncia no aceptada de Fujimori También en Perú, pero a principios de siglo, el Congreso de ese país activó un proceso de vacancia presidencial contra Alberto Fujimori.

En 2000, el entonces mandatario enfrentaba una creciente impopularidad a medida que se iban destapando casos de corrupción que lo salpicaban.

El 14 de septiembre de ese año salió a la luz un video en el que se veía a Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori y su más cercano colaborador, sobornando al diputado opositor Alberto Kouri.

Tras la difusión del video, Montesinos huyó del país y se ocultó en Venezuela por casi un año, mientras que Fujimori decidió exiliarse en Japón.

El polémico gobernante realizaba una escala en el país asiático tras haber participado en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Brunéi y planeaba regresar al continente para la X Cumbre Iberoamericana en Panamá, y desde allí intentó dejar su cargo por medio de un fax alegando falta de garantías para su integridad física.

El Congreso peruano no aceptó su renuncia, pero lo removió por “incapacidad moral”.

Ecuador

Luego de que Abdalá Bucaram, recién electo presidente de Ecuador, anunciara un plan económico que incluía el aumento del costo de servicios básicos como la electricidad y el agua potable, una ola de protestas sacudió al país y diversas organizaciones sociales se unieron para repudiar su administración.

En febrero de 1997, el diputado opositor Franklin Verduga presentó ante el Congreso una moción para separar al mandatario de su cargo, alegando incapacidad mental.

Con 44 votos a favor, de un total de 82, los diputados (la mayoría del Partido Social Cristiano y de Democracia Popular) apoyaron el caso y Bucaram fue destituido seis meses después de haber llegado al poder.

Aunque la oposición lo acusó de desviar fondos públicos y de “incapacidad mental para gobernar”, algunos alegan que nunca se le realizó un examen médico para evaluar su salud mental.

Lucio Gutiérrez fue otro mandatario ecuatoriano removido por el Congreso de ese país.

En el año 2005, el mandatario sustituyó a 27 magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y fue acusado de querer facilitar el regreso de su amigo el expresidente Bucaram, exiliado en Panamá.

La medida desencadenó una ola de protestas en Quito, que se salió de control luego de que Gutiérrez declarara el estado de excepción.

Ante la presión popular, el entonces presidente intentó huir del país y Brasil le concedió asilo político. El 20 de abril, el Congreso lo destituyó por “abandono del cargo”.

Venezuela “Peculado doloso” y “malversación” de 250 millones de bolívares (US$17 millones) fueron las acusaciones que el fiscal Ramón Escovar Salom utilizó para introducir una solicitud de antejuicio de mérito contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

El 21 de mayo de 1993, el Congreso autorizó el juicio y separó al entonces mandatario venezolano de su cargo.

El dinero, perteneciente al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se utilizó para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, quien acababa de resultar electa.

La presidencia de CAP, como es conocido en su país, sobrevivió a un intento de golpe de Estado orquestado por varios oficiales las Fuerzas Armadas de Venezuela, entre los que se encontraban Hugo Chávez Frías, quien llegaría al poder siete años más tarde.

Pérez se convirtió en el único mandatario venezolano en ser destituido mediante un juicio político.

El Proceso 8000, Colombia

En 1995 se inició una investigación en Colombia, seguida por un proceso judicial conocido como Proceso 8000, por el número asignado judicialmente a la investigación.

Se trató de un caso en el que se acusaba al presidente en ejercicio Ernesto Samper de haber utilizado dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral.

Pese a diversas pruebas que lo inculpaban, el proceso fue precluido con 111 votos a favor y 43 en contra, y los cargos contra el entonces presidente fueron archivados.

Si bien este proceso no puede ser considerado un impeachment sino un proceso judicial que fracasó, se trata de un caso que trascendió como uno de los mayores escándalos de la historia política de Colombia.

La historia que no termina. A finales de noviembre de este año, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile afrontó una petición de impeachment, acusado de haber violentado los derechos humanos de los manifestantes durante las recientes protestas en ese país.

Pero con 79 votos a favor y 73 en contra, la moción no prosperó.

En los últimos 30 años, y desde el regreso de la democracia en la región, los juicios políticos se han hecho más populares que los golpes de Estado, y ante la inestabilidad que atraviesa gran parte de la región, es posible que los de este repaso no sean los últimos.