Más Maquiavelo

“Oficialmente ya no hay guerra”, decretó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la funestamente célebre guerra contra el narco. Y remató: “buscamos la paz”. Hace doce años, el inicio de esa misma guerra posiblemente pudo decretarse desde el discurso. Sin embargo, la paz no se decreta, y al menos en la moral de muchos mexicanos, la guerra contra el narco no ha terminado. Después de la tragedia en Tlahuelilpan, llovieron comentarios en redes sociales justificando la muerte de las víctimas: “Yo si [sic] creo que las personas que estaban ordeñando el ducto se lo merecían, estaban robando, para mi [sic] no fue un accidente, fue una consecuencia”, sentenció un usuario de Twitter. La lógica aterra: roban gasolina con recipientes, entonces son criminales, entonces merecen morir, entonces su tragedia no es la mía.

En el caso de guerras no convencionales, donde el enemigo es tan difuso o ambiguo, las construcciones discursivas que las impulsan son determinantes. En el caso de la guerra contra el narco, por ejemplo, en la práctica el enemigo eran los propios ciudadanos mexicanos. Incluso, esa guerra se estimuló deshumanizando al enemigo desde el discurso: el propio Calderón llamó cucarachas, ratas y termitas a presuntos delincuentes mientras el sistema de justicia era incapaz de procesar una ola de casos de crimen y violencia. Si son peste, se les puede tratar como peste. Después de todo, la justicia de la peste no pasa por jueces y tribunales. Años después, el nivel de deshumanización ante la violencia sigue esparcido. Desde el poder político hasta el relato mediático, hemos recibido y reproducido constantes referencias a que las víctimas de la violencia de estas guerras no son “gente como uno”, como agudamente reflexionó Claudio Lomnitz.

Si la paz no se decreta, tampoco el humor social que conlleva. Cualquier posibilidad de paz se construye y requiere de menos decreto y más participación. Después de todo, los años de violencia no han sido en vano. En ese sentido, la estrategia contra el llamado huachicol enfrenta riesgos de convertirse en otra guerra que, aunque metafórica, tendría y ya tiene consecuencias reales, como se refería Susan Sontag a la violencia de la guerra contra el terrorismo. Observo al menos tres flancos desde los cuales está amenazada cualquier posibilidad de paz. En primer lugar está el mismo gobierno federal. Después de doce años “en guerra”, la lógica institucional de las dependencias que participan en la estrategia requiere (re)armonizar la relación de las fuerzas armadas con civiles. Además, aunque los funcionarios del gobierno federal han tratado de evitar la palabra “guerra”, lo cierto es que la estrategia tiene guiños de guerra metafórica: soldados y marinos como bastiones, así como el acompañamiento de un modelo de guardia nacional que avanza a marchas forzadas a pesar de las bien argumentadas críticas al modelo.

El segundo flanco que amenaza en convertir la medida en una guerra lo ocupan los medios de comunicación. La prensa mexicana desarrolló un lenguaje de “lo narco” en la última década que construyó horizontes de sentido para la guerra metafórica. Ciertamente el fenómeno delictivo del país es real y de máxima relevancia, por lo que requería y requiere reportarse. Sin embargo, para hacerlo el discurso mediático construyó una serie de nociones que confunden más de lo que explican, pero que contribuyeron a construir el sentido de la guerra contra las termitas y las ratas, esa guerra que no involucra a “gente como uno”. El repertorio es tan amplio que no se limita a aquellas palabras que incluyen el prefijo narco. En ese contexto, a pesar de la resistencia del nuevo gobierno a no caer en tentaciones discursivas, abundan referencias a la “guerra contra el huachicoleo” en la prensa mexicana. Una idea que a sus lectores les hace sentido.

Finalmente, el tercer flanco lo ocupa un nivel social difícil de delimitar, pero que se compone por un incontable número de conciencias para las cuales, las víctimas de Tlahuelilpan (por mencionar sólo un ejemplo), “merecían morir”. La reproducción de la deshumanización e insensibilidad es una dimensión tan relevante como poco explorada de las consecuencias reales que tienen las guerras metafóricas. En suma, si el país aspira a la paz, transitar de una guerra a otra es un riesgo que tiraría cualquier esfuerzo por la borda. El diagnóstico de que el origen del problema está en la corrupción de PEMEX es agudo, pero faltan pasos hacia una efectiva y eficiente procuración de justicia particularmente en los casos del llamado “huachicoleo desde arriba”. Oswaldo Zavala lo apuntó de forma aguda en un texto escrito para Proceso, al “insistir en una ‘guerra contra el huachicoleo’ reproducimos el más pernicioso discurso de seguridad nacional que victimiza al pobre y solapa al político y al empresario rico”. Porque sí, el problema de fondo también es la desigualdad.

Sin excepción, cada una de las ya famosas conferencias matutinas del presidente es nota en la prensa nacional. Desde el día en que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se postra muy temprano frente a un micrófono y filas de periodistas. Todo antes de que se asome el primer rayo del alba. ¿Por qué? Es todo menos una necedad o un gusto malsano por madrugar. El presidente entiende –y entendió desde hace ya mucho tiempo– la importancia de incidir en la discusión pública, de marcar la agenda. No se trata sólo de quién habla, en la definición de lo público, es mucho más importante de qué se habla, en qué tono y en qué momento. La construcción del relato público se hace todos los días, y tiene más resonancia si se hace en ayunas.

El nuevo gobierno aún no cumple ni un mes y medio. Sin embargo, a través de esas conferencias se han tratado ya un sinfín de temas. Por ejemplo, la discusión del recorte a los salarios del poder judicial, ocurrido apenas el mes pasado, parece lejanísimo respecto a la del desabasto de gasolina del que López Obrador habla en las conferencias de estos días. Durante estos rituales mañaneros, el presidente permite y responde preguntas. Pero el ejercicio es mucho más profundo. Es, ante todo, un espacio en el cual el presidente participa como protagonista en la definición de la agenda, es decir, de qué hablaremos. Y cuando eso resulta problemático, porque la agenda es demasiado imponente por sí misma como para evadirla, entonces al menos le da al presidente oportunidad para incidir, primero que nadie, en la discusión.

De esa forma, la madrugada le juega a favor al presidente para ponernos a discutir a partir del ritmo y tono que su declaración sugiera. Él es el parámetro. Ciertamente, esta práctica ya la realizaba cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. De hecho, durante la última campaña presidencial, el hoy presidente también entendió y ejecutó de manera magistral el ejercicio de la definición de la agenda. Fue él quien dictó de qué y en qué tono se hablaba. El resto de los candidatos se veía obligado a seguir esa conversación para no resultar marginado de la discusión y, por tanto, de las preferencias electorales. Sin duda, el presidente está convencido de la relevancia de continuar marcando el paso de la discusión pública.

El contraste con la administración pasada, generalmente ausente de la definición de la discusión pública, es enorme. A finales de septiembre de 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el expresidente Enrique Peña Nieto comenzó un ayuno de declaraciones públicas y decidió desaparecer de la discusión pública en un momento clave en que la indignación crecía cada minuto. Además de indolencia, el expresidente evidenció un desdén por la relevancia política de la definición de la agenda. No se trataba de salir a hablar por hablar, pero sí a evidenciar un liderazgo rumbo a una solución, así como la empatía mínima con las víctimas. A poco más de un mes de gobierno, suena inviable una ausencia aletargada del nuevo presidente, como lo hubo apenas el sexenio pasado. Sin embargo, los riesgos son otros.

Hace unos días, López Obrador entró en discusión con el diario Reforma durante una de estas conferencias matutinas. La publicación había salido esa misma mañana con una nota que indicaba un repunte de 65 por ciento en los asesinatos ocurridos durante la nueva administración, respecto al último mes de la presidencia de Peña Nieto. Andrés Manuel utilizó su intervención madrugadora para descalificar al medio. Sin embargo, en las siguientes mañanas se vio orillado a argumentar más y descalificar menos. Así presentó y explicó sus propias cifras de homicidio que contrastaban con las de Reforma. El encontronazo derivó en un ejercicio fresco de democracia. En la medida en que otras investigaciones periodísticas oxigenen la discusión pública con información, el presidente estará siendo orillado a transformar las conferencias matutinas en diálogos y debates. El esfuerzo vale la pena, pues construiría una plataforma para discutir y dialogar con el funcionario público más alto del país.

A pocos días de haber tomado posesión, el nuevo gobierno mexicano se ha empeñado en trazar símbolos de cambio. No es el único ni el primero en hacerlo. Particularmente en las democracias en construcción, los nuevos gobiernos suelen intentar marcar un antes y un después con mayor o menor intensidad. En el caso de la administración de López Obrador, este rasgo adquiere una importancia mayúscula, pues la bandera indica un abrupto cambio y transformación. Sin embargo, curiosamente algunos de esos guiños de cambio coquetean con viejas fórmulas, piezas del rompecabezas del siglo XX. Por ejemplo, durante la llamativa reunión de López Obrador con las Fuerzas Armadas antes de tomar posesión, el ahora presidente dijo que el soldado es “el pueblo uniformado”.

Andrés Manuel ha sido consistente en este dicho, como ciertamente lo ha sido con la mayoría. Hace un par de meses, a días de conmemorar el 50 aniversario de la matanza del 2 de octubre, repitió y expandió la fórmula: Tenemos que tomar en cuenta que el Ejército es pueblo uniformado, [los mexicanos] no ven a los soldados como enemigos, yo recorro todo el país y sé de donde son los soldados, hijos de comerciantes, de campesinos. Incluso antes, estando en campaña, dijo que ese “pueblo en uniforme” es, en su mayoría, simpatizante de su movimiento por lo que votarían por el cambio. No es coincidencia que la fórmula del pueblo uniformado aparezca en contraposición a la idea de que “no son enemigo”. Después de todo, la guerra contra las drogas no pasó en vano, tampoco la sangría que dejó.

Ahora bien, ¿qué tan uniformado está el pueblo? Cualquier respuesta estará empantanada. Aunque “el pueblo en uniforme” es una idea más o menos vieja y asociada también a otros casos internacionales, en el caso de México tiene un sustento histórico interesante. A diferencia de la mayoría de los ejércitos en Sudamérica, las fuerzas armadas mexicanas no establecieron una dictadura militar a lo largo del siglo pasado y hasta la fecha. De hecho, su lealtad al régimen ha sido incondicional, desde etapas penosas como 1968 y toda la época de la guerra sucia, hasta demostrar una digna reacción institucional ante los cambios de régimen desde el año 2000. Además, las fuerzas armadas son hijas de la facción victoriosa de la Revolución mexicana, el mismo proceso que produjo buena parte del orden político contemporáneo.

A eso se suma que el reclutamiento en el ejército ha sido, durante décadas, una opción real de progreso material y profesional para muchos mexicanos que de otra forma no habrían conseguido esa posibilidad. La idea occidental del ejército supone exclusión y separación –aunque el modelo ciertamente ya es global‒. Se busca construir un estamento social distinto y distinguido del resto, altamente disciplinados y ordenados en la medida en que se trata de individuos armados. Por eso se uniforman y se encuartelan. En ese sentido, la fórmula del pueblo uniformado es un planteamiento tan interesante como problemático. Por un lado, se supone que el ejército es “distinto del resto”. Sin embargo, “el pueblo en uniforme” es una invitación a cerrar filas a partir de reconocer que civiles y militares comparten el mismo origen y, en una de ésas, el mismo destino.

Desde hace más de una década, la sociedad mexicana se embarcó en una guerra contra sí mismo. Es comprensible que las fuerzas armadas busquen no perder una imagen de respeto y confianza ante la opinión pública. Después de todo, es innegable ese respaldo como lo demuestran encuestas de opinión que colocan al ejército y a la marina como unas de las instituciones en que más confían los mexicanos. El general Luis Sandoval González, nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo en un tweet que no defraudarán la confianza, pues Nuestra razón de ser es el #Pueblo, porque de él provenimos, a él servimos y a él defendemos. México ha experimentado un violento contexto de criminalización dirigido, eso sí, por el poder civil. Se entiende que “el pueblo uniformado” sugiera un símbolo de reconciliación. Para ello se requieren pasos intermedios. El reto consiste en que ese elemento simbólico se materialice en prácticas concretas de justicia.

Andrés Manuel López Obrador ha sido consistente en su diagnóstico: México ha estado gobernado por una mafia del poder. La hipótesis supone al menos dos premisas. Por un lado, que en el país existe una élite –poderosa, reducida y excluyente como suelen ser las élites– compuesta por políticos, profesionales, empresarios, líderes sindicales, entre otros, que acuerdan, definen y deciden por la mayoría. La segunda premisa, sin embargo, es determinante: esa élite actúa como una mafia. Ese componente supone que, para conservar su poder, utilizan prácticas mafiosas. Es decir, echan mano de comportamientos latentemente ilegales definidos por complicidad, lealtades, con códigos internos más o menos estrictos pero alternos a la ley oficial y potencialmente violentos. Además, no son anárquicas.

Las mafias tienen estructura y orden. Son redes jerárquicas de protección que se alimentan de generar certezas y privilegios a unos pocos por sobre el resto. El diagnóstico del próximo presidente parece acertado. Ahora bien, el dilema que enfrenta la próxima administración es de exactamente el mismo tamaño, ni más ni menos. O se desintegran las prácticas de poder mafiosas, o la (aparentemente) desplazada mafia del poder es sustituida por una nueva. Hasta ahora, los guiños han ido en ambos sentidos. Por un lado, existen nombramientos de personas con buen tamaño moral y profesional para hacerse cargo de puestos de enorme relevancia. Alejandro Encinas para ocupar la subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB es un ejemplo.

Sin embargo, por el otro lado hay focos de alerta encendidos que apuntan hacia prácticas mafiosas: la alianza con el PES (Partido Encuentro Social) y más recientemente con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México), la nominación a puestos públicos de actores, deportistas y, peor aún, nominación y protección para funcionarios y líderes sindicales con pasado cuestionable. En pleno Paseo de la Reforma, el próximo gobierno tiene fantásticos recordatorios de las consecuencias de gobernar como mafia del poder: los antimonumentos. Se trata de estructuras metálicas montadas a lo largo de esta emblemática avenida de la Ciudad de México que rememoran víctimas y desgracias ocurridas en años recientes. Cada una está llena de memoria y dolor dirigidos hacia recordar a víctimas de complicidades, corrupción, indiferencia, indolencia, negligencia y omisiones.

Apenas en febrero pasado, la organización Familia Pasta de Conchos instaló el tercer antimonumento. Un “65+” que conmemora el mismo número de mineros que quedaron atrapados en 2006, la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y a los demás mineros fallecidos o desaparecidos en condiciones similares. La estructura se encuentra exactamente en frente de la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizan las empresas mineras responsables de las pésimas condiciones de trabajo que detonaron este tipo de desgracias. El “65+” se suma a otros dos antimonumentos sobre la misma avenida. Uno es el “43+” frente a la Torre de Caballito conmemorando a las víctimas de Ayotzinapa y de la crisis de violencia en México. Otro más, “49ABC”, está dedicado a los niños de la guardería ABC, instalado frente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otra función de los antimonumentos es la de deshonrar a los perpetradores: una mezcla de autoridades, empresarios, líderes sindicales, etcétera, todos tristemente difuminados por la impunidad. Sería catastrófico que el próximo gobierno les proteja de alguna manera. Hacerlo conduciría a que continúe la falta de justicia para las víctimas, y eventualmente a dinamitar la legitimidad que se ganó en las urnas. Si la nueva administración no quiere convertirse en la nueva mafia del poder, debe negarse a proteger a los perpetradores y desproteger a las víctimas. Mientras el país siga gobernándose con prácticas mafiosas, y la impunidad prevalezca a cambio de lealtad, la posibilidad de que aparezcan más antimonumentos es latente. De no hacerlo consciente, el riesgo de la cuarta transformación es el de caer en el error que tanto criticó el propio Andrés Manuel: perpetrar a una nueva mafia del poder.

Esta semana se empalmaron dos noticias sobre la seguridad nacional en México. Cada una, sin embargo, con una visión profundamente diferente respecto a la otra. Por un lado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que, como parte de su alejamiento del Estado Mayor Presidencial, será un grupo de veinte personas quienes se encargarán de su seguridad personal. Todas ellas, dice el presidente electo, son de toda su confianza. “Me cuida el pueblo”, y “Ustedes [periodistas] me van a estar cuidando” son frases que ha repetido AMLO una y otra vez en foros públicos. De fondo está el argumento de la austeridad republicana que repudia los excesos en gastos de funcionarios públicos en general. La medida ha sido seriamente criticada por expertos y en general por buena parte de la prensa nacional. El argumento central es que la seguridad del presidente electo supone un asunto de seguridad nacional. No se está cuidando a Andrés Manuel, sino al próximo Jefe de Estado mexicano.

Por otro lado, el gobierno del aún presidente Enrique Peña Nieto estaría por adquirir un paquete bélico compuesto, entre otras cosas, por ocho misiles con un valor aproximado de 41 millones de dólares. La noticia salió a la luz a raíz de un comunicado emitido por la Agencia de Defensa de Cooperación y Seguridad de Estados Unidos, país de compra del armamento. En el comunicado, dicha agencia asegura que la compra ayudará a modernizar las fuerzas armadas mexicanas a través de “expandir el apoyo naval y marítimo existente a los requerimientos de seguridad nacional”. Apenas en enero pasado el gobierno mexicano negoció otra compra de armamento con el Departamento de Estado estadounidense. En aquel mes, el paquete fue de 98.4 millones de dólares en misiles y torpedos. En ese momento, la comunicación de la autoridad estadounidense justificó la compra a través de recordar que México ha sido “un socio fuerte en el combate al crimen organizado y a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”.

Por un lado, el gobierno saliente dota de armamento de guerra a las fuerzas armadas mexicanas con un argumento de seguridad nacional, mientras refuerza la relación militar con el vecino del norte. Por el otro, el gobierno entrante menosprecia el perfil de las amenazas y apela a un discurso de austeridad que empieza por la máxima figura individual de la administración pública, es decir, el presidente. Ernesto López Portillo, Secretario Técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana, lo observó con claridad: “hay dos narrativas ambivalentes sobre un mismo problema”. Son, además, dos interpretaciones diferentes –aunque implícitas– de la seguridad nacional. Por un lado, armarse hasta las costas en función de un enemigo ambiguo y una estrategia fracasada. Del otro, bajar la guardia hasta en la cocina de la presidencia y confiar ciegamente en el “pueblo amigo”, figura ciertamente igual de ambigua. La crítica, aquí, es que la estrategia es ingenua.

No es que las dos visiones mientan deliberadamente, ni que una esté correcta a costa de la otra (o al menos no necesariamente). El tema es más complicado porque ambas narrativas tienen una poderosa función simbólica: ofrecen una explicación y una perspectiva, es decir, construyen discursos. En ese sentido, quizás no importe tanto que los misiles sean la compra más inteligente, o que la seguridad personal de AMLO sea la más eficiente en la historia del país. De lo que se trata es de transmitir un mensaje político a partir de símbolos. Ciertamente son visiones diametralmente opuestas. En todo caso, el ánimo mexicano está con relativa apertura para probar alternativas. No es para menos, la sangría ha sido inmensa en los últimos años. En todo caso, conviene que la ingenuidad del próximo presidente mexicano encuentre algo de razón.