Orden al caos

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El año 2018 ha comenzado con una significativa espiral de violencia en los estados de Chihuahua, Veracruz, Colima y Guerrero, en lo que parece ser el preámbulo del año más violento en la historia reciente de México. Esto obedece tanto a factores estructurales, como la debilidad de la procuración de justicia en casi todos los ordenes del Estado mexicano; o coyunturales, como los reacomodos de poder a nivel local en época electoral, algunos de los cuales esbozo a continuación.

En primer lugar es importante reconocer que México está en medio de una crisis estructural de inseguridad que responde a múltiples dinámicas sociales negativas que se evidencian en la gran cantidad y variedad de los rostros de las violencias. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son muy elocuentes ya que reportaron 29,168 homicidios dolosos, 671 feminicidios, entre otros (http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-acumulado.php).

Un factor estructural es que la cadena de procuración de justicia está “roto”. Esta debilidad del sistema de procuración de justicia tiene sus orígenes en la desarticulación de la cadena de justicia en donde policías, peritos, ministerios públicos, jueces y sistema de readaptación social de los distintos órdenes de gobierno no trabajan de forma conjunta para atender los delitos, dándose fortalezas en algunos tramos y localidades a la par que debilidades en otros tantos; dicha fragmentación impide la correcta aplicación de la ley,  la reparación del daño a la víctima y explica en parte el alto índice de impunidad.

Otro factor que se suma al sistema de cadena de justica roto, es la confusión generada por la coexistencia del “viejo” sistema de justicia penal y la transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor a partir del 16 de junio de 2016 y que a pesar de que se publicó en junio de 2008 contemplando un periodo de transición y adaptación de ocho años de las procuradurías, aún registra múltiples carencias en la implementación, abriendo espacios para la impunidad criminal (http://www.animalpolitico.com/2017/07/clave-nuevo-sistema-penal/).

Así, debido a factores inerciales de violencia social que generó 1’807,772 de “Presuntos delitos registrados” en 2017, como a un sistema de procuración de justicia roto y en confusión por la desigual implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que tardará bastante tiempo en su correcta aplicación, se observa que se mantendrá la crisis de violencia en el 2018 e incluso es probable que se acentúe por la temporada electoral y la respectiva coyuntura de transición de poder a nivel local y federal.

El 1 de julio de 2018 se pondrá a prueba a la democracia mexicana con la elección más grande en la historia del país, en esta fecha se elegirán más 3,400 cargos públicos desde el nuevo Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gobernadores, Jefatura de Gobierno la Ciudad de México y 2,809 autoridades locales en 30 estados de la República (Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías). Esta gran jornada electoral se realizará en un ambiente violento que ya ha dado indicios de su complicación (http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/).

Una elección es, entre muchas otras cosas, el momento que mide la fortaleza y el peso específico de los distintos actores de poder de carácter económico, político y social. Este periodo de reacomodo de poder es una oportunidad de los grupos delictivos busquen incidir puesto que se han consolidado como un actor social de gran peso en algunas localidades, esta participación se da mediante la presión o amenaza a los actores locales, apoyo a alguno de los candidatos para que no obstruyan los negocios ilícitos o directamente los favorezcan; razón por la cual es probable que a nivel local se den expresiones de violencia derivada de la intervención de la delincuencia organizada en el proceso electoral (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/09/1212414).

Otro factor coyuntural que abonará al incremento de la violencia en este año es el retraimiento de algunas de las autoridades para atender la responsabilidad de los problemas de inseguridad. En espacios donde las autoridades del área de seguridad son parte del grupo político en turno, los incentivos perversos están orientados para que desvíen la atención de sus responsabilidades hacia la supervivencia política durante la campaña electoral, desde aspectos muy pedestres como la recolección de firmas y “apoyos” de los elementos de las corporaciones de seguridad, hasta la participación activa de personal armado en la presión al rival político; y cuando se da el resultado de la elección se abre un periodo de transición donde los mecanismos de entrega-recepción de la administración pública, sobre todo a nivel local, no necesariamente se dan de forma profesional y se produce un vacío de autoridad que es bien aprovechado por los grupos delictivos locales.

Por lo tanto, debido mucho a la inercia de violencia nacional, la carencia de una cadena de justicia funcional, el reacomodo de poder político a nivel local, estatal y federal y al retraimiento de algunas autoridades encargadas de atender la inseguridad, se espera muy desafortunadamente que el 2018 sea el año más violento en la historia reciente de México, lo cual abre una gran responsabilidad a autoridades y ciudadanos para revertir esta tendencia.

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El nacionalismo requiere una fuerte creencia

en algo que patentemente no es. 

Eric Hobsbawn.

Eric Hobsbawn (1917-2012) fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX, una de sus líneas de investigación fue el tema del nacionalismo plasmado en el influyente libro “Naciones y nacionalismo desde 1708. Programa Mito y realidad”, además de la famosa trilogía de “La era de las revoluciones,” “La era del imperio” y “La era del capital”.

Refiero a Hobsbawn porque en el debate sobre la declaración de independencia catalana una de las primeras “bajas” ha sido el debate serio e informado que ha sido sustituido por justificaciones y versiones sesgadas de la realidad, en un juego maniqueo de blanco y negro que apela más a las pasiones populares que al necesario entendimiento de los acontecimientos.

El caso catalán es parte del contexto global de creciente nacionalismo como el Brexit, la elección de Trump, los avances de los partidos radicales en Francia y Alemania, y ahora la independencia catalana de España que inauguran una nueva “era de los nacionalismos”, de los cuales apenas estamos viendo los primeros ejemplos pero que sin duda tendrá distintas manifestaciones en todo el orbe; estos movimientos políticos coinciden en ser una respuesta a la polarización económico-social de una economía global que trae consigo un resentimiento social canalizado por elites locales hacia sus propios intereses con la falsa ilusión de que con base al control de la política se resolverán los problemas socio económicos, en una oferta de más banderas en lugar de monedas.

En el caso catalán, el 1 de octubre de 2017 con la convocatoria del gobierno autonómico a un referéndum para responder la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?”, el cual fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España desde el mes de septiembre, se llegó a un punto de quiebre de la relación entre el Reino de España y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Así, el “1-O” se dio finalmente el primero de múltiples enfrentamientos largamente anunciado entre dos visiones contrapuestas en España, por un lado, la idea de Reino y Estado Español y, por el otro, el intento de independencia catalana, mostrado con imágenes de policías y guardias civiles interviniendo urnas y golpeando votantes pacíficos pero en franca rebelión a una normativa del Estado.

Este escenario era predecible y a los líderes políticos de ambos sectores no les importó exponer a población civil frente a la violencia del Estado en algunos casos excesiva, pero en general bien realizado. No obstante, la irresponsabilidad política de los líderes de ambos sectores quedó de manifiesto al promover o incentivar discursos polarizados, sin la voluntad ni capacidad de diálogo necesario en una democracia reflejado en el peligroso gesto de enfrentar población civil y autoridades o entre grupos distintos de civiles.

Hay que considerar que esta espiral de polarización alimenta las posiciones radicales de ambos bandos como los antisistema, anticapitalistas y movimiento okupa, por una parte, y los neonazis, o nacionalistas exacerbados, por la otra, pertenecientes a sectores socialmente resentidos mayormente jóvenes desempleados que se han especializado en generar violencia directa y que de enfrentarse directamente muy probablemente den cuenta de los primeros muertos de esta crisis.

Parte de los riesgos de la crisis en Cataluña es que se ha dejado a un lado a sectores importantes de la población, como los catalanes que sienten que su identidad española y catalana son complementarias y no excluyentes y no quieren la independencia de España, o españoles moderados que ven alternativas de diálogo antes que de enfrentamiento, a los cuales no sólo se les ha relegado del rumbo de los acontecimientos sino que se les ha obligado a tomar partido por alguno de los bandos radicales.

Esta espiral de polarización se refleja en los medios de “información” que han centrado el “debate” en estar a favor o en contra de España o Cataluña, en un “diálogo de sordos” que ven y magnifican los eventos que se acomodan con su posición o línea editorial y buscan denostar los contrarios en una lógica maniquea de buenos contra malos, más propia de actividades de propaganda que de informar de forma objetiva sobre los acontecimientos. Además, con el uso intensivo de las redes sociales se han desarrollado grandes campañas de desinformación, opiniones sesgadas o noticias inventadas, resultando en una ambiente de ruido informativo tal que complica aproximarse de forma seria a los acontecimientos.

Finalmente, en el desencadenamiento de los eventos subsecuentes al “1-O” están la declaración unilateral de independencia de Cataluña, la negativa de la Unión Europea a reconocer la independencia, la salida de capitales, el encarcelamiento de líderes catalanes, la toma administrativa de la región por parte del gobierno central que significa la anulación de autonomía, el bloqueo al funcionamiento del tren de alta velocidad que llega a Cataluña y los paros de labores del 3 de octubre y el 8 de noviembre; todos son eventos que alimentan esta dinámica del conflicto a consecuencia de la liberación de las pasiones sociales, algo que desafortunadamente tendrá buenos réditos para los actuales liderazgos políticos irresponsables tanto de España como de Cataluña.

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Las siguientes líneas son una reflexión sobre los sismos que impactaron colectivamente a la sociedad mexicana, además de un mecanismo de catarsis personal que todos deberíamos hacer para no arrastrar el estrés que estos eventos nos dejan y como un homenaje a las víctimas, a todos aquellos que perdieron la vida de un familiar, amigo o vecino y a quienes vieron afectado su patrimonio. La extracción de lecciones son una forma de mantener vivo el espíritu solidario que se manifestó en la respuesta inmediata y que se requiere para la reconstrucción una vez que el polvo de los escombros se haya asentado.

Para empezar hay que ampliar un poco la perspectiva, subrayando que son DOS sismos significativos en un corto lapso, ya que esto nos ofrece una perspectiva más amplia sobre los requerimientos de las poblaciones tanto en la atención inmediata a la respuesta como en la fase de reconstrucción y recuperación que vale la pena comparar con base en los datos del Servicio Sismológico Nacional (http://www.ssn.unam.mx).

Esto que parece obvio no lo es porque el temblor de Oaxaca y Chiapas del 7 de septiembre tuvo una mayor fuerza en la escala de Richter y ha tenido la enorme cifra de 5,652 réplicas que ha dejado a 2.3 millones de mexicanos en una zozobra permanente porque literalmente no ha dejado de temblar. Debido a ello la gente no quiere dormir en sus casas y prefiere dormir en las calles pero en este lapso la lluvia no ha dejado de caer, por lo que les está “Lloviendo sobre lo temblado”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo la declaración de desastre natural para 283 municipios en Oaxaca y 97 de Chiapas aunque parte de la atención al problema es que son comunidades muy dispersas y con una baja densidad de población que pudiera organizar una pronta respuesta a la crisis, además de la afectación a las vías de comunicación entre las que destaca la caída del puente de Ixtaltepec y a la Base Aérea Militar de Ixtepec en las réplicas del 23 de septiembre.

Estos datos nos ayudan a ampliar la perspectiva de la dimensión del problema en los estados de Oaxaca y Chiapas, mismos que se vieron desplazados de la atención pública por el segundo temblor que si bien lastimó de forma importante a la Ciudad de México, tuvo sus peores repercusiones en municipios como San Juan Pilcaya, Santa Isabel Cholula, Tepapayeca en Puebla o Morelos que fue el estado más afectado por este segundo sismo declarándose emergencia para 33 municipios entre los que destacan Jojutla, Jiutepec, Cuautla y Tlayacapan, por ser de los más afectados.

Esta perspectiva más amplia también puede aplicarse hacia dentro de la misma Ciudad de México, donde en las delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan sobraban las manos, los alimentos y hasta las medicinas. En las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac no se contó con los recursos necesarios y se dejó a las poblaciones más vulnerables a dar respuesta con los escasos recursos propios.

Otro elemento a destacar es la importancia en el correcto manejo de la información durante la crisis ya que debido a las redes sociales se dio una explosión de información que ayudó tanto como confundió y saturó la atención colectiva. En el aspecto negativo, el manejo del caso de la niña “Frida Sofía” muestra las consecuencias negativas de no verificar la información con el golpe de prestigio para Televisa y las Secretarías de Educación y Marina.

En este punto vale la pena destacar la importancia que adquirieron mecanismos de organización y verificación, así como la utilidad de las herramientas informáticas que permitieron a grupos ciudadanos dar cierto orden al enorme flujo de información y que buscaron optimizar la desbordada iniciativa colectiva. Así, iniciativas ciudadanas como la organización Gobierno Fácil en Puebla o #Verificado19S[1] fueron de gran ayuda para tener un diagnóstico en tiempo real de los daños causados por el temblor y así conducir la atención y ayuda específica a los espacios donde se requería.

Durante la crisis se reveló el aspecto central de la distancia entre sociedad civil y autoridades que no han desarrollado mecanismos ordenados de acción conjunta que  manifiesta la necesidad de desarrollar mecanismos de comunicación y coordinación entre autoridades y ciudadanos. La participación social se volcó a dar ayuda mediante la donación en efectivo, de alimentos, medicinas y otros enseres, rescatistas voluntarios, transporte, servicios médicos, entre muchas otras formas de solidaridad y ayuda; mientras que las autoridades activaron los mecanismos de respuesta institucionales y en los espacios donde se encontraron ambas el resultado no siempre fue halagüeño.

Cabe mencionar la forma diferenciada de atender la contingencia de parte de las autoridades estatales, la cual no fue la misma en Chiapas, Oaxaca o CDMX que en Puebla o Morelos que contrastan con las autoridades federales que con base en el despliegue y operación de nuestras fuerzas armadas puede ofrecer ayuda más oportuna y de mayor alcance y presencia.

Como corolario habría que destacar la necesidad de desarrollar protocolos de respuesta más afinados que contemplen la participación de la sociedad civil, es decir, ampliar los espacios de gobernanza donde autoridades y ciudadanos participen de forma conjunta y coordinada para atender distintos problemas. De igual manera habría que identificar los mecanismos de una participación social sostenida por lo pronto para acompañar la etapa de limpieza y reconstrucción en las zonas dañadas además de dar seguimiento o supervisión social para que la reconstrucción se haga en tiempo y forma adecuada, vigilando el correcto uso de los recursos económicos y materiales para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar lo más pronto posible, eso sin duda sería la mejor expresión de #FuerzaMéxico que se traduzca en un México más integrado y, por lo tanto, más solidario, estable e integrado.

[1] http://www.elpopular.mx/2017/09/22/local/crean-mapa-interactivo-de-comunidades-afectadas-169547

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/asi-fue-como-verificado19s-puso-orden-a-la-ayuda-tras-el-sismo.html

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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el acuerdo comercial más importante en la historia de México, desde su entrada en vigor en 1994 le ha dado un giro importante a la economía y a la sociedad mexicanas. A raíz de éste, se cambió el carácter mayormente interno de la economía nacional por una orientación hacia el mercado externo, entiéndase norteamericano, con todas las consecuencias positivas y negativas de convertir a México en una plataforma comercial global.

Llama la atención que, a pesar de la importancia de las repercusiones de seguridad en la renegociación del tratado, son pocos los análisis que se han hecho en torno a las consecuencias del nuevo TLCAN para la relación de seguridad, por ello vale la pena identificar algunas de las más importantes consecuencias desde este enfoque.

La renegociación del TLCAN es un asunto de seguridad nacional porque depende la estabilidad completa de amplios sectores productivos y las áreas geográficas donde se asientan: la manufactura en el corredor industrial del Bajío (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco); maquila en los estados fronterizos (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California Norte); o el sector agroexportador (Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Jalisco). En corto, de los resultados de la negociación en curso dependerá la viabilidad económica, estabilidad social y gobernabilidad de millones de mexicanos que habitan estas regiones y viven de estos sectores.

El TLCAN es mucho más que un tratado comercial, es un símbolo de confianza, es la piedra de toque que ordena y da cauce colectivo a una de las relaciones bilaterales más intensas, complejas y desiguales del mundo. Si Estados Unidos se retira del Tratado o la renegociación no prospera, la confianza mutua será la principal damnificada de ese fracaso, lo cual tendrá un fuerte impacto en toda la agenda bilateral.

El TLCAN estableció reglas claras[1] para el flujo de inversiones y mercancías, aunque siempre se le cuestionó que adolecía de un enfoque integral o que no tratara de forma regional aspectos tan importantes como la integración de los mercados laborales, regular la migración, acercar las posiciones en temas internacionales o vincular aspectos de seguridad. El acuerdo es “sólo” comercial, pero a partir de ello, la confianza se ha extendido a otras áreas y detonado un crecimiento exponencial de la relación con la geografía como factor determinante que conecta a México y Estados Unidos.

Estados Unidos ha buscado históricamente una relación más estable con México que paulatinamente se potenció de la mano del TLCAN y propició la extensión y profundización de la confianza a otros espacios de la relación bilateral, entre ellos el de la seguridad que es sin duda uno de los aspectos que más confianza requiere para avanzar en la cooperación y coordinación.

Desde la firma del TLCAN a la fecha la relación de seguridad se ha potenciado como lo muestra la cifra de 1,140 mexicanos extraditados a Estados Unidos desde enero de 1995 a julio de 2017,[2] algunos sumamente relevantes como la extradición de Joaquín Guzmán el 19 de enero de 2017, un día antes de la toma de posesión del Presidente Trump, acto que más que un “guiño” en realidad fue un recordatorio a la administración entrante sobre la importancia de la cooperación de México.

El otro indicador por excelencia es la transferencia de fondos vía Iniciativa Mérida para el cual el Congreso estadounidense ha asignado 2.8 mil millones de dólares desde el año fiscal del 2008, si bien esta cifra parece importante, palidece si se compara con los 8 mil millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia a través del Plan Colombia entre el año 2000 y el 2010; además que en realidad es una parte menor de lo que México ha invertido en seguridad y defensa durante este periodo, eso sin contar que gran parte de estos fondos han caído en una lógica burocrática-administrativa binacional que impiden la asignación puntual y eficaz de los mismos.

Sin duda, una de las áreas de seguridad donde se han visto los frutos de esta confianza es en la cooperación en seguridad y defensa, donde las Fuerzas Armadas de ambos países han desarrollado y mantenido amplios niveles de comunicación y cooperación[3] que ha servido para dar estabilidad a la relación a pesar de los contratiempos políticos actuales.

En conclusión, la relación México-Estados Unidos va mucho más allá de la balanza comercial y en la actual coyuntura crítica se está negociando más que productos y tarifas, se están definiendo los márgenes de confianza que impactará en toda la relación en temas como la seguridad-defensa y sociales como la migración. Hasta el momento la administración Trump está llevando a la relación no sólo a ser vecinos distantes, sino vecinos distantes y resentidos con las fuertes implicaciones económicas, políticas, sociales, de seguridad y defensa que conllevará esta sensación en los años por venir.

[1] Luis Rubio lo llama “régimen de legalidad”: http://consejomexicano.org/?s=contenido&id=840

[2] Claire Ribando y Kristin Finklea, US Mexican Security Cooperation: Merida Initiative and beyond Congressional Research Service, junio 2017, Washington, D.C. disponible en: https://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf

[3] Iñigo Guevara, “La relación militar entre México-EU, un oasis en la era Trump”, El Heraldo de México, México, 1 de mayo 2017, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/orbe/relacion-militar-mexico-estados-unidos-la-trump/

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John E. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó en México el 9 de agosto una red de lavado de dinero liderada por el supuesto narcotraficante Raúl Flores Hernández (a) “el Tío”, cuya red incluía a 21 personas y 45 empresas de distintos ramos, destacando al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez.

A raíz de la inclusión en dicha lista y con base en la Ley Kingpin, Estados Unidos congela unilateralmente las cuentas de los mencionados en su territorio y les cancela las visas estadounidenses, las sanciones pueden ser mayores e implicar procesos de persecución judicial en Estados Unidos como el caso de Raúl Flores sin necesariamente ser investigados en México.

Esta clase de eventos no deja de lado el problema político de una definición común o compartida de las amenazas puesto que las acciones unilaterales como las de la OFAC, sólo complican los márgenes de cooperación en lugar de avanzar en acuerdos y entendidos más amplios que permitan una colaboración fluida y una atención compartida a dichos problemas.

En otro evento, el 26 de julio Dámaso López Serrano (a) “Mini Lic” de 29 años, se entregó a las autoridades estadounidenses en Calexico, California ‒frontera con Mexicali, Baja California Norte‒, primero a la Oficina de Aduanas y Control Fronteriza (CBP) y después a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), supuestamente el motivo de la entrega fue la amenaza de muerte y persecución de “El Mayo”, advirtiendo de que si era capturado en México lo asesinaran en prisión. Las autoridades mexicanas federales y estatales no recibieron comunicación oficial a pesar de los protocolos de intercambio de información.

Se ha especulado mucho sobre esta atípica entrega por tres razones: la primera porque aparentemente pasó tres o cuatro noches en la frontera antes de su entrega, tiempo en el cual pudo negociar algunas condiciones de protección física, patrimonial, legal o familiar con la DEA; la segunda, porque a pesar de estar en aparente desventaja en la guerra por el cártel de Sinaloa, aún cuenta con suficiente poder de fuego, recursos humanos y materiales para mantener una posición intermedia en los mercados ilegales; y la tercera, por las implicaciones para las redes criminales en México y Estados Unidos de la información que entregue a las autoridades estadounidenses en la coyuntura de una tensa relación bilateral.

El “Mini Lic” es ahijado de Joaquín Guzmán e hijo de Dámaso López Núñez (a) “el Licenciado” capturado en la CDMX el pasado 2 de mayo y desde entonces se convirtió en el heredero de una parte importante del mercado de narcóticos que controla el cártel de Sinaloa y que se encontraba en disputa con los familiares de Joaquín Guzmán, su hermano Aureliano y sus hijos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo.

Desde la captura de Joaquín Guzmán se abrió un vacío de poder que se ha disputado a sangre y fuego entre los hijos de este y su socio más cercano, Dámaso López y su hijo López Serrano, dejando a Ismael “El Mayo” Zambada como el fiel de la balanza, quien se decantó por apoyar a los Guzmán, esta pugna es responsable de buena parte de los 1,054 homicidios registrados en Sinaloa durante 2017.[1]

El valor de la información del “Mini Lic” puede sopesarse en la captura el 31 de julio, cinco días después de la entrega, de Nahúm Abraham Sicairos Montalvo (a) “El Quinceañero” detenido en un fraccionamiento exclusivo en Atizapán, Estado de México, quién fungía como el principal operador financiero de López Serrano[2] y que cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

Estos ejemplos, de la OFAC en México y la entrega de López Serrano, resaltan la naturaleza “interméstica” de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, en el primero porque el dinero producto de las actividades ilegales se traslada a los cauces legales en ambos países cuyo comercio bilateral genera un millón de dólares por minuto. De igual manera, la entrega de un delincuente de alto rango en la frontera común a las autoridades del otro país, señala que la delincuencia organizada tiene muy claro que las divisiones políticas o burocráticas son espacios de los cuales obtienen ganancias significativas, ya sea en recursos económicos, protección física, salvaguardas familiares o ventajas jurídicas.

Finalmente, hay que subrayar que mientras más tarden las autoridades políticas y de seguridad de ambos países en identificar y potenciar el trabajo conjunto, más ventajas le estarán dando a los grupos de la delincuencia organizada que obtienen enormes ganancias de estos vacíos de información y colaboración. Sirvan estos ejemplos como recordatorio de la importancia de ser socios estratégicos a favor de la aplicación de la ley en lugar de chivos expiatorios del descontento social interno.

[1] http://reaccioninformativa.com/noticias/sinaloa/rebasa-sinaloa-los-mil-homicidios-en-2017_ROYDTKP2mWGWe8s2amsAs

[2] https://www.vice.com/es_mx/article/d338zz/muy-valientes-en-mexico-y-ahora-ante-eeuu-estos-dos-capos-se-doblegan?utm_source=vicefbmx

 

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La relación bilateral México-Estados Unidos tiene en la asimetría una característica clave para entender su complejidad. Para todos es claro que la potencia mundial hegemónica actual es Estados Unidos y que las diferencias con nuestro país son enormes bajo cualquier parámetro que se utilice, por ello la frase que dice “cuando a Estados Unidos estornuda a México le da una pulmonía” aún tiene cierta vigencia.

De ahí que gran parte de la atención externa desde México pase por los eventos en Estados Unidos y a pesar del creciente papel de mexicoamericanos en la sociedad estadounidense, el nivel de atención social no es ni remotamente comparable y se extiendan narrativas hostiles contra nuestro país como la que desafortunadamente enarbola la base social que respalda al presidente Trump.

No obstante esta asimetría, México y Estados Unidos están condenados a entenderse debido a la enorme frontera común, esos 3,180 km de frontera son, a la vez, espacio de encuentro y rompimiento, así como la división territorial más extensa entre dos realidades económicas contrastantes y un choque cultural tan intenso que crea una fusión propia, única, que la revista Time bautizó como Améxica y fue sintetizada por el tijuanense Luis Humberto Crosthwaite en una Misa fronteriza:

“Bienvenidos todos a esta misa fronteriza.

(Haciendo la señal de la cruz.)

En el norte los Estados Unidos,

en el sur México;

en medio, de este a oeste, una franja.

Yo confieso, ante la Frontera todopoderosa y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y que seguiré haciéndolo por los siglos de los siglos. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa, Frontera entre México y Estados Unidos.

(…)

Creo en una sola Frontera, tierra de nadie, espacio, área, río, muro: límite norte de México, límite sur de Estados Unidos, república de en medio, orilla del mar que no es del todo agua y no es del todo arena, donde la esperanza y la desesperanza son amantes y se toman de la mano sin importar lo que diga la gente; donde ciudades, pueblos y ranchos se casan, se divorcian y se vuelven a casar.”

Esa frontera nos ha llevado a entendernos de alguna manera, el área por donde diariamente circulan 1,500 millones de dólares en comercio bilateral y que ha sido protagonista desde la campaña presidencial estadounidense donde el Presidente Trump quiere construir un muro “grande y bello” y obstaculizar este flujo de personas, bienes, servicios o  dinero que nutre a ambas sociedades.

Esa misma frontera y la densidad social que la habita, conlleva a que la gran mayoría de los problemas de seguridad tengan aspectos binacionales y sean intermésticos, es decir, problemas domésticos que tienen un alto componente internacional para cuya atención necesariamente se demanda construir mecanismos internacionales de comunicación y atención conjunta, un requisito del mundo abierto que habitamos.

Evidentemente tanto los actores sociales y económicos como los actores negativos de la delincuencia organizada han avanzado mucho más rápido en aprovechar esta realidad interconectada que las autoridades de ambos países. Esto se debe en buena medida a que no se han consolidado los procesos y mecanismos de confianza que se observan, por ejemplo, en las reglas comerciales que permitieron la apertura comercial cobijada por el TLCAN.

El TLCAN ha promovido y potenciado una mayor densidad social y económica de la relación de ambas sociedades, que ha llevado a un alto nivel de institucionalización en múltiples rubros; esto es, que se ha tejido una extensa red de intereses binacionales para los cuales es preferible mantener de forma ordenada los términos de la relación que poner obstáculos y trabas físicas o normativas a la misma.

Esta institucionalización, entendida como reglas, prácticas, procesos y rutinas de acción cotidiana que permiten relaciones sociales y económicas estables que incentivan ampliar los canales de mutuo entendimiento, es una novedad y puede servir de base para reorientar la relación bilateral hacia nuevos espacios de mejora y optimización de esta relación. De forma significativa, esta mejora puede y debe ser orientada para atender algunos de los problemas de México, notoriamente la crisis de seguridad que hoy nos aqueja mediante la participación de nuevos actores a esta densa red de intereses binacionales como las agencias de seguridad y justicia de México, Fuerzas Armadas, policías federales, estatales y municipales, inteligencia y toda el área de procuración de justicia.

Esta coyuntura crítica que significa la administración Trump y la renegociación del TLCAN puede ser un buen momento para reelaborar la agenda y definir los términos de la relación bilateral que se puede reorientar para atender los problemas de seguridad intermésticos en beneficio de ambas sociedades.

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Sugiero que le demos una tregua de atención a los dichos de Donald Trump y observemos las señales de la relación bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos con la visita oficial del General John Kelly, Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) a México el 5, 6 y 7 de julio; justo un día después de celebrar el 4 de julio, fecha de independencia de Estados Unidos y, coincidentemente, en las mismas fechas que el Presidente Peña está de viaje por Francia y Alemania para atender en Hamburgo la reunión del G20. Cabe mencionar que el General Kelly no anda sólo, lo acompañan Michael Richard Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia, el Senador Tom Cotton y la Embajadora Roberta Jacobson.

En un ajetreado primer día de trabajo para el General que durante cuatro años fue responsable del Comando Sur de Estados Unidos, fue recibido junto con su comitiva por el Presidente Peña Nieto y el Secretario Videgaray en la residencia oficial de los Pinos en una reunión de alrededor de una hora en la que se acordó según el comunicado oficial “continuar trabajando con Estados Unidos para seguir impulsando medidas que promuevan el flujo eficiente y ordenado de bienes y personas a lo largo de la frontera (…) combatir al crimen organizado trasnacional, a partir del enfoque de corresponsabilidad”.

Posteriormente, el General Kelly y su comitiva tuvo reuniones con el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, con quien analizó temas de fronteras, migración y seguridad; el Procurador General de la República Enrique Cervantes, con quien discutió temas de trata de personas y combate al lavado de dinero; y finalmente en Palacio Nacional con José Antonio Meade, el Secretario de Hacienda, en donde trataron temas de cooperación fiscal y financiera.

El jueves 6 se reunió con los Secretarios de Defensa Nacional y Marina, General Salvador Cienfuegos y Almirante Vidal Soberón en las instalaciones de la 27/a Zona Militar en Pie de la Cuesta, Guerrero para: “tratar asuntos relacionados con la seguridad, combate a la delincuencia organizada (…) realizaron un reconocimiento a las áreas de incidencia de enervantes en el Estado de Guerrero (y) una demostración del despliegue para la destrucción de destrucción de cinco plantíos de amapola (…) conforme a las instrucciones del Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas”. Presumiblemente, el viernes tendrá una reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Resalta la apertura y calidez ofrecida al Secretario Kelly, la cual probablemente sea producto de su simpatía personal, de la visita anterior a México del 23 de febrero o de los múltiples encuentros que ha tenido con los Secretarios Videgaray y Osorio; el más reciente el 15-16 de junio en Miami durante la Conferencia de Prosperidad y Seguridad de Centroamérica que fue copatrocinada por México y a la que asistieron los presidentes de Guatemala, Honduras y el Vicepresidente de El Salvador, en la que México se comprometió a coadyuvar a promover la inversión y crecimiento económico y aumentar la seguridad en la región.

Aunque me temo que esta grandiosa recepción para Kelly y acompañantes se debe a que la coyuntura de la relación entre México y Estados Unidos está en una situación crítica de la administración Trump, no obstante la tensión generada por la agresiva posición contra México y los connacionales, reflejada en su insistencia para construir el muro, redadas e iniciativas antiinmigrantes, posiciones que llevó a la cancelación del Presidente Peña del encuentro con Trump del 31 de enero.

Más bien es que durante la coyuntura del huracán Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es donde se resalta el valor estratégico de México para la seguridad de Estados Unidos, ese valor reflejado en la importancia de la estabilidad de la frontera sur estadounidense y que por la dinámica, dimensión y retos de los problemas de seguridad transnacionales, necesariamente pasan por amplios canales de comunicación y cooperación con las contrapartes mexicanas y la participación activa de México como actor regional.

Ésta es la razón del Secretario Kelly de acercarse a las autoridades en México aunque me parece que desde la parte mexicana falta identificar o comunicar mejor los objetivos del acercamiento con el DHS, además de un posible interlocutor en las intrigas palaciegas de la Casa Blanca, el cual no será suficiente para atender los problemas en común, disminuir la agresividad de la relación, ni mucho menos defender los intereses de México. Para lo cual se necesita una estrategia unificada como país, algo mucho más complicado de lograr que ser buenos anfitriones.