El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Esta reforma es una de las más trascendentes desde la promulgación de la Constitución de 1917. Su importancia radica en que establece un cambio de paradigma al establecer el respeto y la protección de la dignidad de la persona como el objetivo final del sistema jurídico y del Estado mexicano. Asimismo, incorpora a los Tratados e instrumentos internacionales suscritos por México como parte del orden jurídico nacional buscando en todo momento la protección más amplia del individuo.
Este importante avance del marco jurídico del país, se ha visto acompañado de una serie de trascendentales reformas jurídicas en diversos ámbitos como la efectuada en materia de Amparo, el nuevo Sistema de Justicia Penal y el Sistema Nacional Anticorrupción. De igual forma, se han aprobado profundas reformas estructurales como la energética, la de telecomunicaciones y la educativa que pueden poner a México en el camino del desarrollo sustentable y el bienestar.
Sin embargo, muchas de estas reformas están siendo de difícil implementación. En el caso de los derechos humanos se trabaja en la adecuación del marco jurídico del país para ajustarlo a la reforma constitucional; en la difusión y divulgación de la reforma; así como en la capacitación de servidores públicos de los tres poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos autónomos. Pero en la realidad falta mucho por avanzar en un campo en el que hay continuos avances y retrocesos.
En México se cuenta con el sistema no jurisdiccional de defensa y promoción de los derechos humanos más grande del mundo, integrado por organismos públicos autónomos. Es importante tener una permanente evaluación del mismo. Hay que conocer con precisión cuáles han sido sus resultados después de poco más de 25 años de existencia.
La cultura del respeto a los derechos humanos se ha difundido ampliamente. Se ha convertido en la causa de grupos y organizaciones que la han promovido en forma legítima y de otros que la han utilizado como bandera de lucha para proteger situaciones ilegales y aún delictivas en contra del interés general de la población y violentando el Estado de Derecho.
El ejercicio de los derechos de un grupo no debe efectuarse lastimando y subordinando los derechos de los demás, ni para hacer prevalecer intereses particulares sobre el interés general y el bienestar de la población.
Es claro que existe el derecho a la manifestación de las ideas y a la protesta pacífica pero no al uso abusivo de un “derecho” que afecta y daña al resto de la sociedad. El derecho a las manifestaciones debe sujetarse a lo que establece la ley para evitar la afectación al derecho al libre tránsito del resto de la población, así como el derecho al empleo, a la salud, a preservar el patrimonio personal y familiar, entre otros. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha afectado y dañado por años a ciudades y comunidades enteras, ha bloqueado calles, avenidas, carreteras, ha tomado casetas de cobro en autopistas, bloqueado accesos a los aeropuertos e incluso ha interrumpido los flujos comerciales y el abastecimiento a zonas marginales poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas, en particular de las más pobres y vulnerables.
Es claro que la CNTE es representativa de un sector del magisterio que viven en las zonas más pobres, menos desarrolladas del país. Además, también parece claro que la reforma educativa puede ser discutida, corregida y mejorada pero el fondo del asunto parece ser otro.
Romper el círculo vicioso de pobreza, marginación e ignorancia pasa, entre muchos otros factores, por articular una educación de calidad, lo cual exige terminar con numerosos vicios que van desde la venta y renta de plazas de docentes hasta las agendas políticas y económicas de algunas dirigencias. Es obligación del Estado aplicar la ley, garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las personas y asegurar el orden, la libertad y la justicia. Pero también existe la percepción de varios observadores y protagonistas de la sociedad civil y del sector productivo que se han visto severamente afectados por las acciones de la CNTE, que el Estado no está enfrentando simplemente un movimiento de disidencia magisterial sino una estrategia de desestabilización con propósitos que trascienden los temas educativos. La sociedad debe estar informada y consciente del conflicto, así como participar en la solución de esta problemática.
Retomar el camino de la construcción del Estado democrático de Derecho, con plena vigencia de los Derechos Humanos exige aplicar el principio de todos los derechos para todos, así como también el de que todos tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades. No se entiende un principio sin el otro. Son dos caras de la misma moneda.
México tiene avances en algunas cosas, pero un gran retrasó en otras, cuando se habla de derechos humanos, por desgracia esta organización lleva tiempo que se encuentra en una crisis, no solo económica, sino de ciertos intereses que ponen en duda su correcto huso de las leyes, no es ninguna mentira que suelen defender delincuentes, en lugar de exigir que se les aplique todo el peso de la ley y preocuparse en defender a las víctimas de un delito, que siempre quedan desprotegidas y que resulta atemorizadas por el hecho de falta de apoyo por parte de esta organización, en verdad están haciendo las cosas correctamente los DD.HH?.