El pasado 20 de diciembre sesionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para acordar temas sobre: el Programa Rector de Profesionalización, el seguimiento, evaluación y consolidación del Sistema de Justicia Penal, la prevención de la violencia y la delincuencia; se pretenden homologar las Unidades de Policía Cibernética, las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares, Suspensión Condicional y de Policía en funciones de Seguridad Procesal; además, también, los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; además se acordó lo concerniente a los Criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el 2017 y la modalidad copago de este Fondo para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. Asimismo, se concertaron los Programas de Trabajo para el fortalecimiento de las Áreas de Análisis y Estadística de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia, la integración de las Comisiones Permanentes del CNSP y, finalmente, los Lineamientos y Convocatoria para designar a nuevos Invitados Permanentes de la Sociedad Civil al Consejo.
Al respecto, de los anteriores, hay 3 que quiero destacar:
- Programa Rector de Profesionalización. Fundamental para garantizar policías preparados afines al sistema penal que actualmente rige. De no actualizarlo, la formación del también llamado primer respondiente sería obsoleta lo que provocaría una situación sumamente dañina para nuestra sociedad ya que, al tener policías incapaces por su indebida formación, las detenciones y las puestas a disposición, así como su actuación en el proceso penal como hoy se prevé, seguramente todo ello lo realizarán de manera irregular, lo que ocasionaría que delincuentes queden en libertad por violaciones al debido proceso. De esto mismo dependerá el seguimiento, evaluación y consolidación de este nuevo sistema penal.
- Prevención social de la violencia y la delincuencia. Decía Pitágoras en el siglo VI a. de C. que más valía educar a los niños para no castigar a los hombres. La prevención es la mejor inversión de los gobiernos para lograr resultados positivos y permanentes. Para ello, es preciso se reconsidere destinar los recursos necesarios a efecto de materializar políticas públicas transversales y transexenales que incentiven: la identidad comunitaria, la cohesión y salud social, la educación, la economía y el desarrollo de una cultura de la legalidad.
Es fundamental que las autoridades inhiban la corrupción e impunidad en el ejercicio del servicio público y que impulsen la participación ciudadana en espacios definidos por la ley, a la vez de generar mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas. De no hacerlo así, nada va a funcionar. Al respecto, es una gran noticia que en esta Sesión Ordinaria se aprobó la regulación para que miembros de la academia y de la sociedad civil supervisen y evalúen los programas de prevención financiados con recursos públicos.
- Homologación de las Unidades de la Policía Cibernética. Delitos como el robo de identidad, de dinero a cuentas bancarias o el fraude por la internet han presentado un alarmante incremento. Para investigarlos y combatirlos es necesario que las entidades federativas cuenten con su policía cibernética a la par de fortalecer sus áreas de inteligencia e investigación. Éste es un tema que debe establecerse con estricto apego a la legalidad ya que, por el contrario, pudiera haber quien lo utilice para el espionaje político.
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Lo primero a destacar es que se está destinando una partida del FASP para la consecución de las implicaciones del nuevo sistema de justicia penal. Lo segundo es que se han establecido los criterios de asignación para cada entidad federativa, aparentemente a partir criterios objetivos e imparciales. Al respecto, es conveniente se capacite a las entidades federativas a efecto de que ejerzan dichos recursos ya que las fórmulas publicadas no son sencillas de comprender. Pienso que, en relación a ello, faltó señalar las sanciones a los servidores públicos que distraigan dichos recursos para otros efectos o que por omisión no los utilicen.
Los acuerdos mencionados, como todos los anteriores de las pasadas 40 Sesiones Ordinarias del CNSP, son premisas necesarias para concluir resultados positivos en la prevención, combate y erradicación de los altos índices de violencia y delincuencia.
Lamentablemente muchos de esos acuerdos han sido sólo buenas intenciones que al paso del tiempo quedaron en el olvido sin nunca cumplirse. Sería un gran logro que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia ejecutora y articuladora del Sistema Nacional, se pronuncie para subsanar las deficiencias de la ley que regula la materia para establecer mecanismos eficaces que permitan cumplir los objetivos. Sería un logro mayor que, inclusive, desde el propio CNSP se proponga su autonomía constitucional para reforzar su capacidad de ejecución y gestión y garantizar mayormente su imparcialidad.
@marcialmanuel3
