Se está de acuerdo que uno de los grandes logros del hombre en los quehaceres del poder político fue la instauración de Estados determinados por documentos escritos que prescribieran la forma en que habrían de organizarse, las atribuciones de sus autoridades y, lo más importante, el reconocimiento de los llamados derechos humanos. Esto logró, se piensa, limitar el ejercicio del poder al dividir las funciones públicas en ejecutivas, legislativas y judiciales siendo independientes y autónomas entre ellas, evitando con ello que una sola persona reuniera las tres y, en consecuencia, no permitir los regímenes absolutistas y dictatoriales.
La limitación del poder público se consagra, pues, con las Constituciones, tanto por la división en sus funciones como por el principio de legalidad; éste, característica principal de cualquier Estado de derecho que le impone la sujeción a la ley; ahora las autoridades tendrán que fundar y motivar todos sus actos a la norma jurídica previamente establecida. Y la autoridad, se supone, únicamente podrá realizar aquello que la ley le ordena; ni tantito más, ni tantito menos.
La Constitución Política o Carta Magna implica una ideología que siempre o casi siempre es aquella que, previó a su instauración, enarbolaban aquellos que tras la revolución armada o por la vía democrática cambiaron las circunstancias políticas, jurídicas y económicas de su país por aquellas que creyeron más favorables.
Es así que la nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 1917, tiene un contenido ideológico de carácter social. A ésta se le reconoció como la primera gran Constitución social del siglo XX, por la reivindicación en sus derechos de las clases históricamente abusadas, así como por los mecanismos procesales de control como el juicio de amparo.
Tras la entrada en vigor de este nuevo texto constitucional “revolucionario”, adoptamos frente a éste una actitud de veneración sublime, igual de incuestionable como cualquier dogma religioso, procurándole un fanatismo tan ciego que nos ha impedido ver los fracasos que en pleno S. XXI venimos arrastrando.
En las escuelas de derecho es común saber que a los futuros abogados se les inculca una idolatría sin freno a nuestro máximo ordenamiento jurídico. Esto, tal vez ha repercutido en la falta de un estudio crítico objetivo y propositivo (sí en pro de la unidad nacional) que cuestione, no sólo la Constitución, sino todo nuestro sistema jurídico, político y económico para transformarlo a la altura de las necesidades de un país como el nuestro. Es cierto, nuestra Constitución goza de excelentes buenas intenciones: derechos humanos, principio de legalidad, división de funciones del poder político, facultades exclusivas del Congreso de la Unión. También prescribe que la soberanía reside originariamente en el Pueblo de México; mecanismos de control constitucional y político, etc.
Sin embargo, algo pasa que todas esas bondades no llegan a materializarse. Realmente, por ejemplo, ¿todas las personas gozan de los derechos humanos? ¿Todas las autoridades… cumplen con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los DDHH?, verdaderamente ¿está prohibida la esclavitud aún y en sus nuevas formas de explotación laboral, sexual, etc.?
¿Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas? ¿Es pleno el derecho a la educación y de calidad?; ¿realmente desarrolla la educación de manera armónica las facultades como ser humano, el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos?
¿Hombre y mujer son iguales ante la ley?; ¿todos los somos? ¿El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de salud, a un medio ambiente sano; de vivienda digna; derecho al trabajo y salarios dignos existen en nuestro país?
¿La procuración e impartición de justicia son efectivas para todos sin distingos de raza, credos, preferencias sexuales, ideologías o posición económica, por mencionar algunas?
¿La democracia en México es real? ¿Nuestro federalismo está funcionando?… ¿Por qué los ricos son más ricos y los pobres son más pobres? ¿Por qué en las playas de nuestro país hay hoteles transnacionales a los que más de la mitad de la población no tiene acceso?…
Creo que el mejor ejercicio que podríamos hacer en conmemoración a los 100 años de entrar en vigor nuestra Constitución General, es buscar los por qué de las simulaciones de todos esos derechos y obligaciones y, lo más importante, sería encontrar las soluciones para verdaderamente cambiar nuestras circunstancias como país. Valdría aún más la pena verificar las leyes reglamentarias y secundarias, así como todo el andamiaje de instituciones y autoridades para que estuvieran en armonía y materializar así lo que hasta ahora siguen siendo sólo buenas voluntades constitucionales.
@marcialmanuel3
