Uno de los retos principales de los gobiernos en nuestro país es lograr un servicio público profesional y honesto que garantice de manera debida la atención y cumplimiento de sus atribuciones. Sin embargo, es muy común que a diario los ciudadanos suframos las consecuencias negativas en el ejercicio sus funciones de funcionarios incapaces y/o corruptos.
Desde luego, es obligación de los gobiernos mantener capacitados y actualizados a todos y cada uno de sus trabajadores, así como sancionar a aquellos que realicen prácticas corruptas valiéndose del cargo que ostentan.
Para entender un poco el panorama en el que se encuentra la administración pública en nuestro país a nivel federal y local, es necesario evidenciar cómo se conforma dicha organización burocrática en la realidad y cómo es que se insertan, de mayor a menor nivel, en el escalafón los funcionarios públicos.
Es notorio que la gran mayoría de las designaciones atiende a un criterio de conveniencia política. Es decir, quienes ocupan sobre todo los cargos más altos, por un lado, son cercarnos al titular o, por otro lado, son producto de cuotas políticas de fuertes grupos diversos al que dirige la dependencia o gobierno.
También, dentro del criterio político de designación está el que se deriva de la presión que los sindicatos realizan. Así, después de estas formas de conformación de la burocracia queda un reducido espacio de lugares o ascensos (los cuales suelen ser sólo al puesto inmediato siguiente) para aquellos servidores públicos que cuentan, inclusive, con experiencia dentro de la dependencia pero que no pertenecen a ningún grupo político que los pueda respaldar en sus aspiraciones.
Lo anterior no es lo debido en relación a las aspiraciones del Servicio Profesional de Carrera, el cual contempla la asignación de plazas y ascensos según la meritocracia. Sin embargo, es una realidad también que dicho Sistema ha fracasado en nuestro país.
Las cuotas políticas seguirán siendo en la medida que la ley en la materia siga sin señalar la imposibilidad absoluta de asignación de plazas en el gobierno (sin una sola excepción).
Hasta que no suceda lo anterior, de mientras es solucionar el problema que diariamente vivimos con programas que precisamente aspiren a en determinado momento a ser ley. Aplicar evaluaciones de control de confianza a todos los servidores públicos para detectar quiénes, de los que ya se encuentran en el ejercicio de sus funciones, cuentan con las capacidades, las competencias y los valores necesarios que el puesto exige. Asimismo, que dicha evaluación sea un mecanismo de selección de los nuevos servidores públicos. Esto mismo podrá ser considerado como un eficaz mecanismo de prevención del ejercicio indebido del servicio público.
Quienes están o aspiran estar en el Servicio Público deben comprender que él mismo es una vocación que presupone dos circunstancias. La primera, que es el servir de manera funcional y efectiva a la ciudadanía y, la segunda, que como servidor público jamás se alcanzará un estatus de riqueza económica.
Se debe cambiar la imagen de los llamados burócratas, la cual es de incompetencia, abuso y corrupción en la mayoría de las veces. Una medida eficaz es, precisamente, garantizar a la ciudadanía que antes de ser contratados, los aspirantes a cualquiera de los puestos han cumplido de manera satisfactoria con evaluaciones estrictas con las que los gobiernos aseguren que sus funcionarios realizarán sus funciones de manera ética, profesional y con estricto respeto a los derechos humanos.
Empiezan a moverse los aspirantes a la Fiscalía General Anticorrupción; el enorme reto que tendrán es establecer acciones que hagan posible un servicio público blindado de la corrupción e impunidad. El nuevo Fiscal habrá de ocuparse, también, de crear medidas para prevenir el ejercicio de servidores públicos ineptos y/o corruptos, independientemente de los respectivos a los de investigación y sanción de los delitos relacionados con el tema. Por ello, las evaluaciones de control y confianza a los servidores públicos en funciones, como a los aspirantes, son una medida necesaria para aspirar a contar con mejores funcionarios.
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