Desde su inicio como país independiente, México ha mantenido una tradición federalista, salvo el periodo que abarca de 1836 a 1857. Más por costumbre, y con una fuerte carga emotiva, hemos mantenido la idea que el federalismo es la mejor de las formas de organización jurídica y política.
En gran medida, lo anterior ha sido motivado por una educación nacionalista y de culto, promovida desde el gobierno, a los diferentes símbolos patrios que han conformado nuestra identidad nacional. Entre esos símbolos se encuentran todos aquellos que se forjaron en las intestinas luchas entre federalistas y centralistas previo a las Constituciones de 1824, 1836 y 1857.
En general, consideramos que el federalismo es sobre el centralismo mejor forma de Estado y gobierno; que con éste se pueden lograr mejores condiciones económicas, de bienestar y democráticas en nuestro país.
En parte, lo anterior se debe a que propugna por el desarrollo local y regional, además de respetar los liderazgos locales los cuales tienen una oportunidad mayor de alcanzar el poder y dirigir a sus comunidades desde los ayuntamientos y gubernaturas e, inclusive, arribar a los Congresos para crear leyes acordes a las necesidades de su población. El federalismo, por su naturaleza, genera mecanismos de contrapeso al dividir aún más el ejercicio del poder en federación, estados y municipios.
Sin embargo, la falta de acuerdos entre los distintos partidos políticos y sus facciones y entre las diversas autoridades de cada uno de los niveles de gobierno, generan tal ingobernabilidad que no sólo provocan un arrebato de canonjías y beneficios entre estos, sino también y, es lo más grave, impacta de manera directa en la falta de desarrollo económico de la población, puesto que el presupuesto público queda desperdigado en tales discusiones y, finalmente, cooptado por una cúpula que es la que al final se impone.
Se ha pretendido dar la vuelta a los mecanismos de contrapeso, que por su naturaleza genera el federalismo, con la creación de sistemas nacionales y leyes generales, para aparentemente atender de mejor manera temas prioritarios del país como la educación, la salud o la seguridad; en dichos sistemas lo que se privilegia es la coordinación tanto de recursos como operativa entre los tres órdenes de gobierno; lamentablemente, en los hechos esto se ha visto contrastado por los pobres resultados que desde hace mucho tiempo ha dado la política de nacionalización de instituciones y generalización de leyes.
En realidad, en dichos sistemas nacionales las decisiones que se toman llevan una fuerte inclinación a lo que dicta el gobierno federal, pues es éste quien marca la agenda y, también, es éste de donde se disponen los apoyos económicos a los gobiernos estatales y municipales; lo anterior, siempre y cuando vayan en el sentido que se les marque. Esto desde luego parece más un centralismo con rasgos, inclusive, de una autocracia disfrazada de democracia.
Pero ¿qué ha fallado del federalismo? Me parece que para percatarnos de ello es necesario reflexionar y cuestionar conceptos previos a éste como lo son el de soberanía, república y democracia. ¿Realmente el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste? ¿Realmente en México es el gobierno de las leyes y nunca más de las personas y los grupos a los que pertenecen? ¿Somos un país verdaderamente democrático en el que sin excepciones hay representación y representatividad? ¿Tenemos como sociedad el suficiente desarrollo educativo y de bienestar para poder discernir lo conveniente de lo inconveniente?
Seguramente esto no es en sí un problema de federalismo o centralismo. Es en realidad un problema de concentración de poder y riqueza de algunas muy pocas élites que son las que en realidad gobiernan y promueven la simulación como medio para hacer imperceptibles sus verdaderos y particulares intereses.
