La seguridad pública ha sido un recurrente fracaso sexenio tras sexenio; cada nuevo gobierno propone nuevos y viejos remedios sin lograr soluciones contundentes y permanentes.
Desde 1994 hemos atendido el tema a través de un Sistema Nacional de Seguridad Pública el cual propone solucionar los problemas a través de la coordinación operativa y de recursos entre los tres niveles de gobierno. Evidentemente, esto ha fracasado y es necesario reconocerlo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso, entre muchos otros, de mejorar las condiciones de seguridad en el país, esa ha sido su promesa y para lograrlo es necesario tener claro lo que implica el concepto de una república federal como lo somos nosotros.
Hablar de república significa todo lo contrario de la monarquía. Implica un gobierno civil renovado a través del sufragio universal, además de entender al propio Estado como un ordenamiento jurídico; es decir, comprenderlo como un sistema legal previamente establecido que organiza sus funciones y establece derechos y obligaciones para todos. Estas leyes son en sí mismas la materialización de la voluntad soberana del pueblo de México. Por lo tanto, la república es el gobierno de las leyes y no de las ocurrencias de criterios subjetivos, pensamientos nobles o de malvadas intenciones.
El Estado mexicano es una república federal que implica la distribución de competencias en tres niveles de gobierno, por lo que el ámbito de aplicación de la ley y la actuación de sus distintas autoridades y servidores públicos estarán limitados a una determinada jurisdicción.
Establecida la responsabilidad de la seguridad pública a los municipios, los estados y la federación en la Constitución, se convierte también en una obligación para éstos la cual habrán de llevar a cabo de acuerdo con las reglas del federalismo. Quitar esta responsabilidad al municipio, como se ha pretendido con la idea del Mando Único Policial, atentaría contra lo dispuesto en la Constitución y la idea del federalismo.
Sin embargo, es una realidad que dicha iniciativa obedece al fracaso de las policías municipales, además de que éstas corren un mayor riesgo de ser cooptadas por el crimen organizado.
El Mando Único Policial en las entidades federativas puede ayudar a resolver los problemas en la materia, siempre y cuando se respeten las atribuciones del municipio. Para ello, convendría comprender el concepto de seguridad pública, el cual implica tres niveles de actuación: la prevención, la persecución o combate y la sanción.
Al salvaguardar las acciones de prevención a los municipios se estaría respetando su facultad constitucional y no se contravendría el federalismo. Apreciar las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia como una actividad fundamental tendría efectos muy positivos para la sociedad pues como se dice, más vale prevenir que lamentar.
¡Ojo! El nuevo gobierno y en particular Alfonso Durazo, anunciado como el próximo Secretario de Seguridad Pública Federal, no tienen que olvidar que también la Constitución señala que la seguridad pública será de carácter civil, por lo que sería ilegal la actuación militar en estas funciones.
Por todas estas razones es necesario pensar muy bien la idea, que hasta el momento es sólo un rumor, de crear una Guardia Civil. De conformarla, ésta tendría que ser respetando el régimen federal y el carácter civil que la Constitución exige a las instituciones de seguridad pública.
