Como parte de su idea de austeridad y de respeto a las leyes, la decisión del presidente de reducir los ingresos a los funcionarios públicos ha causado desconcierto y algunos enojos, pero ahora la austeridad salarial impuesta por AMLO se tambalea.
Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador ha señalado que por ley, nadie en el gobierno federal puede ganar más que el presidente, una decisión que va acorde a su idea de austeridad y también respetando lo establecido en la Constitución.
Sin embargo, tanto el Banco de México (Banxico) como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), han anunciado que promoverán cada uno por su parte, una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ante la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN).
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Banxico se revela
En ese sentido, el Banxico informó sobre el hecho de que algunos de sus trabajadores y el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México, “han promovido juicios de amparo” respecto a la aplicación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Pero también en contra de “ciertos parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019”, con lo cual busca que queden claros “los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que dotan de autonomía al banco central, así como la esfera competencial de las leyes reglamentarias de dichos preceptos”.
Esto se puede interpretar de cierta manera, como un mensaje para delimitar hasta donde pude intervenir el presidente en el ámbito interno del banco central, defendiendo así su autonomía de manera precisa pero sin crear conflictos directos.
Y para no generar un ambiente de discordia e incertidumbre, el Banxico señaló en el comunicado que retoma Notimex, que “acatará en todo momento las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales competentes”.
La Cofece defiende a sus especialistas
Por su parte, la Cofece ha sido más específica en sus peticiones y ha justificado la decisión de promover la controversia constitucional con el fin de defender los salarios de sus especialistas, utilizando una ventana legal que permite esto y que no se contrapone con los topes salariales impuestos por el presidente.
Así, esta comisión señaló que su prioridad es tener “claridad en la aplicación de salarios de los funcionarios de los órganos autónomos” pero en especial del personal que está altamente capacitado por realizar funciones específicas y que además, esto lo contempla la Constitución.
Y argumentó esto en función de los “términos de lo señalado en el artículo 127 constitucional”, el cual prevé que “servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50 por ciento de la remuneración del presidente”.
Con la claridad de estos términos y que tendrán que ser definidos por la Suprema Corte, la Cofece operará con mayor “certeza en sus procesos de reclutamiento y permanencia de personal, lo cual resulta trascendental ya que su autonomía técnica está sustentada en su capacidad de atraer, retener y especializar a su capital humano”, apuntó.
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AMLO les responde
Ante este escenario, López Obrador señaló en su conferencia matutina que la discusión sobre los topes salariales está establecida en la “Constitución, donde se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república y aplica para todos”.
Pero en el caso específico de los planteamientos hechos por la Cofece, AMLO dijo que efectivamente la ley contempla el caso de los trabajos especializados, pero aseguró que está esa “excepción”, pero en esos casos “no puede tampoco superar el sueldo de un funcionario más del 50 por ciento de lo que gana el presidente de la república”.
Por lo tanto, dijo López Obrador, “si yo gano 108 mil pesos mensuales, un especialista, alguien que tenga este matiz, esta característica, podría ganar 160 mil, no más”.
Bajo estas circunstancias y más allá de la cuestión salarial, el Banxico y la Cofece también intentar mandar un mensaje claro para fortalecer y consolidar su posición de entidades autónomas y en ese sentido, marcar una distancia muy clara ante el presidente y el gobierno federal.