El Servicio de Administración Tributaria (SAT), continúa el combate contra empresas fantasmas y lavado de dinero y para ello ha implementado medidas más estrictas, cancelado sellos de los sospechosos e incluso, trabajando de la mano con los notarios para que ellos reporten cualquier irregularidad o movimientos grandes de dinero en la conformación de empresas.
Ciudad de México.- Las empresas fachadas o fantasmas se han convertido en un modelo muy redituable para los delincuentes al poder utilizar sus recursos en operaciones aparentemente legales, ingresarlos al sistema financiero y perder el rastro de sus movimientos ilícitas, por lo que las autoridades mantienen una lucha constante para identificar, rastrear y castigar a estas compañías.
Así lo aseguró Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien en un evento organizado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), confirmó las acciones que han llevado a cabo para frenar el uso de dinero de procedencia ilegal en operaciones cotidianas.
En declaraciones que retoma El Economista, Santín afirmó que “siendo nosotros responsables de darle vida a las personas morales, el hecho de no ser efectivos en esta función es como abrirle las puertas al crimen organizado para el lavado de dinero, la evasión fiscal, el contrabando y la corrupción”.
El SAT ha identificado tienen identificadas a más de 6 mil 500 empresas fantasmas “que presuntamente, simulan operaciones”, pero de ellas, 3 mil 918 “ya están determinadas como fantasma definitivas, las cuales han realizado operaciones por 783 mil millones de peso”, aseguró el funcionario.
Y la gravedad de estas operaciones según Santín, es que al cierre del 2017, “las empresas fantasmas generaron facturas por 1.4 billones de pesos, lo equivalente a casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
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Acciones para frenar a las empresas fantasmas
Bajo este escenario, el SAT ha implementado acciones concretas para frenar estas actividades ilícitas que tiene un impacto profundo en el sistema financiero nacional, por lo que ha eliminado la posibilidad de seguir facturando a las personas y empresas sospechosas de ser fachadas de actividad ilícitas.
Así, según cifras del propio SAT, en 2017 se cancelaron 15 mil 743 sellos digitales a personas físicas y 31 mil 69 a personas morales.
Según Guillermo Mendieta, vicepresidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, estas acciones pueden ser eficaces para frenar el lavado de dinero pero al mismo tiempo, son medidas que rebasan las atribuciones legales de las propias autoridades tributarias, lo que pone en entredicho sus resultados.
En declaraciones que retoma El Financiero, el experto asegura que “un problema con esta cancelación es que la autoridad muchas veces rebasa sus facultades porque lo usan como medio de presión para que pague los créditos fiscales que hayan sido determinados a partir de una auditoría”, por lo que habría que analizar también otras medidas que contribuyan a combatir a las empresas fantasmas de manera integral.
