Entre los retos de los nuevos gobernadores: la seguridad pública

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Felices dos añitos hermosos, mi Sofi amada por toda la eternidad

 

Estamos por concluir el año y con ello un inevitable cierre al alza en la comisión de delitos de alto impacto en nuestro país. Delitos como el homicidio doloso, el secuestro, el robo de vehículos, a casa habitación, negocios y a transeúntes son los principales.

Los gobernadores entrantes tienen un verdadero reto para contrarrestar, en cuanto a la seguridad, las cifras negativas en cada uno de sus estados. Si hay algo que ahuyenta a la inversión privada, creadora de miles de empleos formales en los estados, es precisamente la falta de seguridad. Por supuesto, una de las principales exigencias de la ciudadanía es tener trabajo para mantener a sus familias, por lo que de no poner atención y redoblar esfuerzos para contrarrestar la problemática, el capital privado volteará antes a otras entidades que sí garanticen esa vital condición, llevándose sus empleos a otros lugares. Además de que, si no se reducen los índices de violencia y delincuencia, los mandatarios estatales estarán en permanente conflicto con sus gobernados.

Se habla de una política en materia de seguridad pública desde el gobierno federal en la que se privilegia la coordinación entre todas las autoridades implicadas (federales y locales) a efecto de sumar esfuerzos y capacidades para combatir a la delincuencia. Sin embargo, parece que no ha sido lo suficiente aún dado el aumento en las cifras de los delitos cometidos.

Por tal motivo, independiente de aquella política o estrategia nacional, cada gobernador habrá de enfocar la propia entendiendo, primeramente, el contexto regional de su territorio y de su población para lograr estrategias focalizadas, especializadas y pertinentes. No es lo mismo atender “X” delito en las zonas urbanas que en la sierra o rancherías. No es lo mismo el modus operandi de los delincuentes en las grandes urbes que en las pequeñas comunidades; desde luego, las rutas de operación son tan diversas como diversas son las condiciones territoriales de nuestro país. Hay regiones en las que se es más proclive a la comisión de ciertos delitos que en otras. Todos estos factores, entre otros, tienen que ser considerados para hacer un traje a la medida para cada región.

El reto de los nuevos gobernadores, por lo tanto, es reducir y erradicar los delitos que aquejan a la ciudadanía. Para ello es fundamental: 1. Formar una institución eficiente y eficaz; 2. Que establezca estrategias focalizadas; 3. Que tenga estrecha relación de colaboración con las demás instancias de seguridad, tanto del propio estado como con las del gobierno federal y, las más importante; 4. Que fomente la participación ciudadana y con ello se privilegie la proximidad social para lograr la prevención del delito.

Para formar una institución eficiente y eficaz, ésta habrá de profesionalizarse y regirse a través de métodos científicos, lo cual sólo se logrará con un debido desarrollo policial: ingreso, formación, doctrina policial, capacitación, certificación, ascensos, régimen disciplinario y retiro del servicio. Asimismo, como dignificar a los policías en cuanto a sueldos y seguridad social principalmente.

Se requiere que sean designados como titulares de la seguridad pública en los estados aquellos que conozcan, evidentemente además de los temas policiales, las particularidades de la entidad, tanto del territorio como de su población, así como los factores económicos en que se desenvuelve la convivencia.

La coordinación con las demás áreas encargadas de la seguridad, tanto a nivel local, pero sobre todo federal, será fundamental para lograr la reducción de los delitos. Para ello es necesario establecer una comunicación constante que logre los apoyos económicos, materiales y humanos necesarios para determinadas acciones. Esto será posible siempre y cuando se termine, de una vez y por todas, la politización de la seguridad pública. El modelo de mando único ha resuelto esta problemática por lo que bien valdría la pena reconsiderarlo al menos a través de la gestión de convenios de colaboración entre los municipios y el gobierno estatal para que aquellos cedan el mando a éste.

Finalmente, fomentar la participación ciudadana y abrirle espacios de colaboración será vital para ir avanzando en este tema. Es necesario que la ciudadanía participe corresponsablemente con la autoridad vigilando sus acciones y con ello crear verdaderos mecanismos de contrapeso, privilegiando la transparencia y la rendición de cuentas.

cruzvazquezmanunel@gmail.com

@marcialmanuel3

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