De primera intención, quien leyere el título de este modesto artículo, pensaría que quizá podría referirme a un evento profético de corte espiritual, pero no es así. Desde hace algunos años, centros de investigación e instancias gubernamentales, paralelamente, aunque también en conjunto, han elaborado diversas propuestas para acercar la impartición de justicia a la ciudadanía, con la finalidad de abrir accesos más ágiles a la resolución de controversias recurrentes que afectan la convivencia diaria.
Y es que es imperante hacer efectiva la máxima constitucional de hacer que la justicia sea pronta y expedita. Pasar del discurso al hecho. Los caminos que ha seguido la evolución de los procedimientos jurisdiccionales parecieran cada vez más complejos y quizá más costosos para las partes; se perciben largos aunque la tendencia es hacerlos más sumarios, y con frecuencia llevan la divisa de la insatisfacción. La aspiración ciudadana ronda en procesos en los que se respeten la garantía de audiencia frente a un juez cívico o calificador; se emplee la mediación y el diálogo como instrumentos eficientes y se pondere los usos y costumbres; procesos cuyas sanciones sean proporcionales a la gravedad de la conducta y resuelvan en forma inmediata, generando certidumbre y confianza en la justicia cívica, percepción de un buen gobierno y cultura de la legalidad.
En retrospectiva podemos encontrar antecedentes y fundamentos que se remontan a las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas; asimismo, en épocas más cercanas hemos conocido de la existencia de jueces de paz quienes dirimían controversias de índole diversa y coadyuvaban a mantener el orden social en pueblos pequeños. Aún existen figuras que evocan esas viejas instancias las cuales reciben nombres distintos a lo largo y ancho del país, comisarios, jueces cívicos u oficiales calificadores, a quienes se les ha asignado competencias que difieren de una región a otra, algunos resolviendo sobre multas de tránsito, consumo o expendio debidas alcohólicas, pugnas, diferendos, alteración de la convivencia social, etc. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015, señaló que en el año 2014 había más de 24 mil personas destinadas al ejercicio de esta función, entre jueces cívicos, oficiales calificadores, comisarios, secretarios, personal médico, policías y administrativos; es decir, que ya existe una base con la que se podrá iniciar.
Partimos de que una gran parte de los ayuntamientos ya cuentan con figuras similares a la que ahora propone el gobierno federal, no obstante, estas instancias han evolucionado a velocidades diferentes en cada estado. En algunos se les restó importancia porque ejercían su función en pueblos alejados en donde los usos y costumbres era una especie de mundo aparte, o por tratarse de figuras de antigua creación se les consideró fuera de una estructura moderna de impartición de justicia. En definitiva, hubo un tiempo en que se minusvaloró su delicada actuación junto a la barandilla de su modesto despacho, en donde sus juicios adquirían peso específico debido a la credibilidad de las personas que se desempeñaban como jueces o mediadores, y que en muchas ocasiones esta función era de carácter honorífico y, por tanto, no remunerada.
Mentes maduras y de olfato sensible han sabido rescatar la esencia de la justicia de barandilla; la justicia que conocía sobre casos de elemental convivencia y de trama sencilla, pero es innegable que su contribución ha sido importantísima en todos los aspectos. Estas instancias suelen arraigarse en los afectos de los ciudadanos, porque lo que ahora mismo consideran complejo e incompresible, irresoluble y lejano, que nubla sus expectativas y mina sus buenos ánimos, podría transformarse frente a los ojos de la sociedad en un proceso digerible y confiable, en una estructura que resuelva los asuntos de forma diáfana frente a las partes, por la sencilla razón de que adquieren simpleza y, por lo tanto, se entienden mejor.
Producto de un exitoso foro de convocatoria nacional, donde diversas voces autorizadas aportaron su conocimiento, se esbozaron algunas ideas para poder avanzar en este tema y desarrollar algunas iniciativas de ley que fortalecerán la raíz de la llamada Justicia Cotidiana. Así fue como el presidente Enrique Peña Nieto, envió un paquete de iniciativas de reforma al Constituyente Permanente con propuestas que rescatan la aspiración de esa esperada justicia cotidiana, pronta, completa e imparcial.
Dichas iniciativas mediante las que se adicionan nuevas atribuciones a la Constitución, alcanzan un ancho e importante espectro de materias, todas interrelacionadas con la Justicia Cotidiana; de entre todas ellas destacan dos en particular muy relacionadas al tema que nos ocupa: una sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, y la otra, justicia cívica e itinerante.
A esto se suma una acción más para preparar el advenimiento de una justicia más cercana, el acuerdo de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que en conjunto con el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elaboran “…un modelo homologado de Justicia Cívica y Buen Gobierno que incluya una norma tipo, perfiles y procesos de capacitación de operadores y programas de cultura de la legalidad para los municipios de México”.
Bajo esta premisa, las legislaturas locales y los ayuntamientos podrán establecer un derrotero con el propósito de que homologuen su legislación y avancen con sincronía en la edificación de instituciones que deberán regresar para quedarse y que están ampliamente fundadas en una de las más sentidas aspiraciones de los mexicanos: acceso a la justicia.
Habiéndose consolidado estas acciones, los mexicanos de todos los rincones del país, habrán de contar con mecanismos de justicia más a la mano, donde puedan acudir con confianza; donde encuentren la oportunidad de defenderse y expresar su sentir frente a un juez que escuche y al que puedan ver; una justicia pegada a los ciudadanos en la que los jueces encargados de dirimir las controversias, empleen sus habilidades y encuentren mecanismos para llegar a acuerdos y para resolver los casos que se les planteen casi desde el momento en que se susciten, sin formalismos ni procedimientos interminables y que permita aminorar la carga excesiva de tribunales jurisdiccionales; una justicia cuya aplicación sea equitativa para todos y no sólo sea para los que puedan pagar un despacho de asesores jurídicos.
Es pues que la justicia que viene, tiene tientes sensibles y posee arraigo social. Habrá que desmarcarse de posiciones maniqueas, ya sea negando beneficios antes de tiempo o echando campanas al vuelo pregonando que el pueblo será redimido. Existen amplias posibilidades de que estas acciones tengan claroscuros y tonalidades de grises, como todas las manifestaciones humanas; pero si estas nuevas instituciones son cuidadas a detalle por las autoridades estatales y municipales, seguramente se desenvolverán dentro de parámetros aceptables ante el implacable escrutinio social.
Los beneficios no se verán sino hasta que se activen las disposiciones jurídicas que apenas están viendo la primera luz, tanto las constitucionales como su posible secuela reglamentaria. Todas ellas pasarán por la prueba ácida enfrentando el día a día de las controversias que surgen del roce permanente entre los ciudadanos, al confrontar sus intereses personales y los comunitarios frente a jueces que presidan sus juzgados sin que se refugien en la profundidad insondable de sus oficinas. Veremos a las entidades federativas con sus municipios inmersos en un proceso de construcción de nuevas estructuras en las que su nacimiento no representará la concreción del objetivo primigenio, sino que finalmente éste se consolidará cuando los años de ejercicio y la suma de juicios maduros les otorguen credibilidad.
ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO
escalantearceoenrique@gmail.com
Abogado, político e investigador
