En Colombia, el término “falsos positivos” es una referencia tan conocida como frecuente. Se tratan de casos en los que autoridades estatales de aquel país realizaron ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos (usualmente campesinos) que luego vestían con uniformes militares para hacerlos pasar por miembros de grupos armados. Esto en el marco del conflicto entre la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y las propias autoridades. Se trataba de un contexto en el que, como tantos otros, las fronteras que distinguían a unos de otros eran difusas. En estos casos, los gobiernos necesitan de un enemigo nítido, uno que haga parecer razonable y justificada la violencia de parte del Estado. Cuando este enemigo no existe o no es claro, para algunos gobiernos la opción es inventarlo.
Tristemente, los falsos positivos han seguido ocurriendo a lo largo de los siguientes años. Según el diario El País, miles de colombianos han sido asesinados por agentes estatales que, posteriormente, los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales. Además, hace algunos meses, The New York Times hizo públicos documentos que comprobaban la existencia de órdenes internas del ejército colombiano para aumentar las capturas y bajas de miembros de grupos armados a cambio de gratificaciones para los elementos que lograran estos objetivos. En un contexto de conflicto, violencia y carencia de impartición de justicia, este tipo de incentivos funcionan como la chispa que enciende la pólvora que provoca casos de falsos positivos.
Durante los años de la fallida guerra contra las drogas que emprendiera el expresidente Felipe Calderón, el gobierno federal mexicano también enfrentó la necesidad de ponerle rostro al enemigo. Ante las enormes cifras de violencia, y una estrategia con poco o ningún sustento, el gobierno perpetró prácticas que apuntaban en este sentido. Un ejemplo eran las presentaciones públicas de presuntos delincuentes acusados por crimen organizado que ni siquiera habían sido juzgados. Además de violar la presunción de inocencia, un derecho humano fundamental, se viciaba el proceso judicial, lo que provocaba que los juicios no se llevasen adecuadamente. Un sinfín de casos quedaron en un limbo entre una culpabilidad o inocencia que nunca podrá ser legalmente probada, lo que condujo a aumentar el de por sí ya amplio espectro de injusticia.
Hace apenas unos días, ya en los tiempos de la llamada 4T, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a un grupo multidisciplinario a Nuevo Laredo, en Tamaulipas, para que atiendan un caso de potenciales falsos positivos. Presuntamente, policías locales realizaron ejecuciones extrajudiciales que justificaron e hicieron pasar por un enfrentamiento contra otro grupo armado. En el suceso, ocho personas fueron asesinadas por agentes estatales, mismos que hipotéticamente alteraron la escena para construirla como un enfrentamiento. Según cita el diario Reforma, la hija de una de las víctimas afirma que “su padre se durmió en shorts y la mañana del 5 de septiembre los policías lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar y un casco”.
Cuestionado sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro y aseguró que, en su gobierno, habrá cero tolerancia para estos casos. No se permiten, dijo, “las ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos, masacres, a nadie. Eso no se va a tolerar. Que las instancias investiguen y si hay responsabilidad que se castigue”. No son palabras menores. En contextos donde no es tan fácil diferenciar entre agentes legales e ilegales, formales e informales, los agentes del Estado deben esforzarse para distinguirse. Una manera de marcar la distancia entre el Estado y los criminales es transformando las palabras del presidente en prácticas reales de legalidad y justicia por parte de autoridades oficiales –particularmente en contextos como los de Nuevo Laredo–. De lo contrario, las condiciones están dadas para que aparezcan falsos positivos mexicanos. Que Tamaulipas sirva de ejemplo para revirar y no tomar ese camino.
