El fiscal general de Estados Unidos viajará a México para abordar el tema de seguridad en las fronteras y revisar la estrategia del gobierno de López Obrador.
Meses de tensión se vivieron en México cuando el presidente Donald Trump lanzara amenazas en contra de su vecino del sur, condicionando aranceles a toda mercancía mexicana si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lograba frenar el flujo migratorio en su frontera con Estados Unidos.
En reacción, el gobierno de López Obrador inició negociaciones con autoridades de Washington para lograr un acuerdo migratorio que no pusiera en riesgo la estrecha relación comercial entre México y Estados Unidos.
En seguimiento a los compromisos que el canciller Marcelo Ebrard obtuvo para frenar el flujo migratorio y asegurar la seguridad en las fronteras, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, viajará a México en la tercera semana de enero de 2020.
La tensión por la familia LeBaron
A finales de 2019, Barr visitó México para reunirse con el presidente y otros altos funcionarios de su gobierno, días después de que Donald Trump aseguró que quería incluir a los cárteles mexicanos de la droga en una lista de grupos terroristas.
“Vamos a recibir la próxima semana el procurador de los Estados Unidos (Barr) porque convenimos en tener una reunión en estas fechas y para tener metas comunes”, dijo el martes el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
“El tema es qué va a poner Estados Unidos como esfuerzo correlativo a lo que México hace todos los días. Y ese va a ser el tema central: armas y dinero”, agregó sobre el combate contra el crimen organizado.
Las preocupaciones sobre la violencia de la delincuencia organizada crecieron a fines del año pasado, luego de que hombres armados asesinaron a tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona México-estadounidense en el norte del país.
El episodio, que generó indignación dentro y fuera del país, siguió a un fallido operativo para capturar a un hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El gobierno de López Obrador culpa del espiral de violencia, en parte, al tráfico de armas desde su vecino del norte, donde se pueden obtener rifles de alto calibre, desde que el gobierno de George W. Bush eliminó en 2004 una prohibición para su libre comercialización.
