El fundamento de todo está en el cambio incesante.
Heráclito.
Lo peor que puede sucederle a un sistema político es ser incapaz de resolver los desencuentros en su interior, estar inconsciente de sus propias limitaciones y, además de ineficaz, ser costoso, ineficiente, opaco y corrupto. Se impone la pregunta: ¿Qué pasa?
La respuesta se puede encontrar al revisar la naturaleza y objetivos del sistema, lo cual nos conduce a otros cuestionamientos: ¿Es sólo para llegar al poder y realmente ejercerlo? ¿A título de qué? Es decir, ¿con qué legitimidad? ¿A favor de quién o quiénes?
Aunque la Constitución mexicana ofrece el fondo y la forma para actuar en beneficio del interés general, cuando éste se subordina a los intereses particulares o de grupo, o a las prácticas de ostentar el poder por el poder mismo, los problemas de funcionamiento del sistema, no sólo se presentan sino se complican porque, en primer lugar, no se actúa con sujeción a la Ley.
Nuestra situación presente se asemeja a una obra teatral con múltiples actores inmersos en una trama que va desde la comedia hasta la tragedia, y al parecer cada cual atiende su guión sin consideración a los parlamentos de los otros; de manera que se perciben indicios de una posible tormenta en el 2018, pero no hay que olvidar que todo caos tiene un orden, al cual hay que acudir para dar sentido y dirección a la acción conjunta.
Es probable que se estén confundiendo los medios con los fines, o que ambos se estén sujetos a distinto tipo de ambiciones que dan lugar a mantener, ya no un conflicto, sino un pleito perpetuo, pletórico de descalificaciones, insultos y mutuas recriminaciones que degradan a la política y la colocan ante la ciudadanía como el enemigo público, siendo que la política representa la vía privilegiada para resolver los ineludibles desacuerdos en una sociedad que pretende alcanzar la democracia, la armonía y estabilidad indispensables al progreso.
Así como al inicio del sexenio el sistema fue capaz de pactar las bases para las reformas estructurales de apertura económica, con el fin de contar con una mayor presencia en la globalidad y mostrar su madurez al emprender un cambio en la política, hoy es factible iniciar un nuevo diseño que permita:
- A los partidos políticos, recuperar su representatividad, no en los cargos públicos, sino en su impacto social, lo que implica reconsiderar los criterios del financiamiento público para transparentar su asignación, montos y destinos, a fin de que deje de ser el incentivo principal, así como prevenir la irrupción de recursos ilegítimos en las campañas.
- A las autoridades electorales, garantizar la recuperación de la confianza ciudadana, sin pretender ser adalides de la democracia; con racionalidad en el uso de los cuantiosos recursos a su disposición y volver a la descentralización de las funciones para que los Estados reasuman su responsabilidad político-electoral compartida, como corresponde al Federalismo.
- A los aspirantes a candidatos, atemperar sus emociones y ambiciones, evitando enrarecer el ambiente al alejarse de planteamientos serios y, por el contrario, fijar la litis de la contienda en cuestionables signos de popularidad “ganada” mediante campañas de imagen pública y no por desempeño político-ético comprobable.
- A las legislaturas y legisladores, focalizarse en su función de construir leyes, representar los intereses del electorado y ser conscientes de la dignidad de su investidura, cuya autonomía les faculta, cuando así lo exija el interés general, para contrariar las consignas de sus propios partidos. La gestión de beneficios a sus distritos no debe ir acompañada de recursos públicos.
- Al Ejecutivo, poner en práctica los términos de mediación y arbitraje que le otorgan sus facultades y obligaciones, sin caer en la tentación del poder absoluto.
- A la Sociedad Organizada, programar su acceso a cargos públicos, con el conocimiento de las responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales, que estos conllevan.
- A los medios masivos de comunicación, cumplir con su misión independiente y siempre crítica de informar con objetividad y contribuir a formar opinión pública.
- A las redes sociales, aprovechar su potencial como generadora de una participación cívica constructiva.
- Al Sector Privado, orientar su indudable influencia a incrementar la producción, la productividad, el empleo y la responsabilidad social como parte del sistema político.
Comencemos por aceptar una realidad social cuantitativa y cualitativamente distinta a la existente cuando, desde hace por lo menos cuatro décadas, se iniciaron las reformas que pretendían balancear las facultades y atribuciones de los poderes públicos en sus ámbitos federal, estatal y municipal; equilibrar la competencia electoral para dotarla de credibilidad; asumir la pluralidad como reflejo de una composición social que reclama espacios de participación política; reconocer a los Estados y municipios como corresponsables del destino de la República y no sólo de su territorio, los hechos confirman que estamos en la ruta correcta, pero las conductas recientes son contrarias a las expectativas.
Con esto en mente, es necesario reencauzar el rumbo, justamente para acercarnos a la eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, y aproximarnos decididamente a superar rezagos estructurales que nos mantienen en el círculo de la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la inseguridad.
