En un contexto difícil y doloroso por los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero también de gran unión para México, resulta realmente alentadora la noticia del pasado 28 de septiembre: las primeras declaratorias de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país, firmadas en Puerto Chiapas por el Presidente de la República. Con ellas se abre formalmente un camino lleno de oportunidades para el desarrollo y el progreso, justamente donde más hacen falta y urgen.
No podemos obviar que, tras la contingencia inmediata, viene el proceso de reconstrucción y la necesidad de reanudar las actividades económicas. Junto con ello, la dura realidad cotidiana de millones de familias, particularmente en el Sur del país, que concentra los mayores rezagos económicos y las más acuciantes carencias sociales.
Fue un día histórico, porque se ponen en marcha tres poderosos detonadores para acelerar la necesaria reactivación e impulsar el crecimiento regional sostenido que se requiere para superar definitivamente dichas condiciones de pobreza y desigualdad.
Con estas primeras ZEE vendrán inversiones, programas y obras públicas y privadas que generarán miles de empleos en el propio Puerto Chiapas, con influencia en todo el estado y Centroamérica; en Lázaro Cárdenas-La Unión, con efectos en Michoacán y Guerrero; y en Coatzacoalcos, Veracruz, como parte del desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Son muchas las personas e instituciones que han trabajado y contribuido para alcanzar este punto. De entrada, el Presidente Enrique Peña Nieto, comprometido con el proyecto desde su concepción y lanzamiento, en noviembre del 2014.
El secretario José Antonio Meade y su equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, órgano encargado de la conducción institucional de las ZEE. Los Gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, socios estratégicos en cada uno de los tres casos. En el mismo sentido, los alcaldes de Lázaro Cárdenas, La Unión, Tapachula y Coatzacoalcos, donde se asentarán estas Zonas, así como los de los municipios adyacentes que conformarán las áreas de influencia. Éste es un esfuerzo que involucra a los tres órdenes de gobierno, en corresponsabilidad.
Participaron el Congreso de la Unión y los legislativos estatales, los cuales generaron las leyes Federal y estatales de las ZEE. Igualmente organismos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas más instituciones, dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y universidades.
Indispensable reconocer al grupo que condujo el proyecto en la primera y compleja etapa de diseño y construcción institucional, hoy en otras responsabilidades: el Secretario Luis Videgaray, Abraham Zamora y sus colaboradores.
Desde luego, todo el equipo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) y el sector empresarial, con sus órganos de representación. Los empresarios son protagonistas centrales en esta historia que México ha empezado a escribir, con su visión solidaria y de futuro; comprometiendo, de inicio, inversiones muy importantes, como las que anunciaron en el evento de firma de declaratorias Tomás González Sada y Lakshmi Mittal.
Una primera meta
Se completa un primer tramo, enfocado a afianzar el andamiaje institucional y estructural necesario para la viabilidad y éxito de las Zonas y los próximos 40 años. El principio básico está en el mandato legal del proyecto: crear espacios con un régimen excepcional para las inversiones y los negocios, a fin de detonar el potencial productivo de las regiones más rezagadas del país.
El recorrido, desde que se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal, en septiembre de 2015, ha sido intenso. A partir de su aprobación y publicación, vendría el proceso de reglamentación y la creación de la AFDZEE, la firma de cartas de intención con estados y municipios para crear ocho posibles Zonas y sus correspondientes leyes estatales.
Lo primero fue consolidar el marco institucional. La disposición de los terrenos que integran cada Zona; planeación y construcción de infraestructura; desarrollo del sistema de Ventanilla Única para trámites y servicios; confección del paquete de incentivos fiscales y de otros tipos; definición de vocaciones productivas a apoyar.
Asimismo, selección y el armado de políticas públicas complementarias; promoción de inversiones; coordinación regional con estados y municipios, comenzando por la promoción y homologación de leyes y normativas. Junto con ello, la definición de políticas de establecimiento y desarrollo, lineamientos de permisos, así como la elaboración de los dictámenes que consignan la viabilidad jurídica, económica, ambiental y social de cada Zona.
Para la identificación, delimitación y resguardo de predios se aprovecharon distintos mecanismos. Particular mención merece el esfuerzo focalizado por la Secretaría de Hacienda, a través del Fonadin y Banobras. Así pudimos integrar 526 hectáreas (ha.) en Puerto Chiapas, con un polígono de 8,611 ha. En Michoacán y Guerrero son 547 ha., con un polígono de 5,452 ha. Y en Veracruz, 258 ha. y un polígono de 8,264 ha.
En los tres casos se constituyeron polígonos efectivamente excepcionales en su ubicación y condiciones para el desarrollo logístico e industrial. Con certeza jurídica para el Predio Federal y las secciones privadas.
Para la Ventanilla Única, en colaboración con COFEMER, hasta ahora se han identificado 1,709 trámites en los tres niveles de gobierno para empresas y Administradores Integrales, y se diseñó un modelo “llave en mano” de acompañamiento. Incluye un clúster de servicios, con ya 16 convenios con cámaras y asociaciones, y 3 con sindicatos nacionales.
Respecto al paquete de incentivos, se confirma que es el más competitivo que México haya ofrecido en la historia contemporánea. Es, sin duda, una gran apuesta del Estado mexicano por el desarrollo regional, a la que se suman estímulos municipales y estatales, así como una amplia gama de incentivos no fiscales y apoyos en áreas como financiamiento, emprendimiento, capacitación e infraestructura, entre otros.
En paralelo, en políticas públicas, se puso el énfasis en materia de capital humano, formación y capacitación, en coordinación con los sectores privado y académico. Incluso se promueven planes de estudio acordes a la visión de futuro y vocaciones de cada zona. Asimismo, en la conformación de encadenamientos productivos, desarrollo de proveedores y desarrollo social integral: salud, gobernabilidad, seguridad pública y social, guarderías, entre otros esquemas.
En infraestructura, el catálogo para estas ZEE, con proyección a 20 años, comprende 53 proyectos de transporte y logística; 31 para agua; y 17 de energía. En conjunto, implican inversiones por más de 40 mil millones de pesos y el potencial para la inversión privada alcanza el 63%.
En inversiones empresariales, para las tres Zonas, a la fecha hay 32 proyectos en fase avanzada respecto a la decisión de realizarse, de un universo de más de 200 empresas. De acuerdo con datos de las mismas empresas, implican cerca de 5 mil 300 millones de dólares y la generación de alrededor de 12 mil empleos directos.
Todos estos son pilares sólidos para levantar el edificio de las ZEE. En lo sucesivo, vienen tareas como el desarrollo de los convenios de coordinación con los estados y municipios para la conformación de las áreas de influencia y los programas contemplados para ellas. Paralelamente, en los lineamientos y esquemas de otorgamiento de permisos, asignaciones y autorizaciones para administradores integrales; posteriormente con éstos, en los planes de desarrollo y todo lo necesario para estar operando en el 2º semestre del 2018.
Como asesores y garantes de la eficacia, transparencia y cumplimiento en todos estos procesos, se contará con el acompañamiento de las principales organizaciones de la sociedad civil especializadas, tanto nacionales como internacionales.
Razón de ser
Como país, tenemos que invertir a fondo en una infraestructura humana y productiva que permita potencializar al Sureste en términos de competitividad, inversión, integración nacional y global y, sobre todo, en inclusión social.
Se trata de asegurar de que las ZEE, efectivamente cumplan su función como soportes que ayuden a superar las condiciones de atraso, estancamiento económico y pobreza que afectan a millones de personas en esta región.
Ésa es la razón de ser del proyecto. Su responsabilidad en la tarea de para abatir brechas de desarrollo, como prioridad de racionalidad económica, pero más aún, de justicia social con quienes están excluidos del progreso y de condiciones mínimas de bienestar.
La unión de los mexicanos debe manifestarse para saldar esta deuda histórica, como lo ha hecho por tantas personas en desgracia por los sismos. Es tiempo de hacer que el Sureste deje de ser paradigma de los contrastes, entre una naturaleza pródiga y una diversidad y riqueza cultural excepcionales, al lado de tantas carencias.
Qué mejor causa para unirnos, que lo elemental: rescatar a quienes están atrapados en la trampa de la pobreza; activar el círculo virtuoso del empleo remunerador y la educación, las claves del desarrollo sostenible y la movilidad social. Para que México avance al ritmo necesario, requiere que quienes están en desventaja puedan marchar con la vanguardia.
Porque, como dijo Gandhi, “la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio de los otros”, es tiempo de que los mexicanos nos ocupemos a fondo para que nadie de entre nosotros quedé atrás, sin posibilidad de labrarse una vida digna. Éste es un esfuerzo para dar sentido de nación, a la par que mayor integración y desarrollo para todos. Construir un México que pueda marchar al unísono; como una sola gran nación.
