La emergencia sanitaria ha desnudado las formas sutiles en que los gobiernos se posicionan y se hacen de control y poder. El contrato social, ecuación básica para comprender la relación entre ciudadanos y Estado, que establece los límites y contrapesos entre unos y otros, sufre graves desbalances ante amenazas de esta naturaleza y magnitud.
En este acuerdo básico que subyace a las sociedades modernas, cada individuo cede parte de su libertad personal a cambio de que un ente colectivo otorgue seguridad, leyes, orden, administración de justicia y eventualmente acceso a educación y servicios de salud. Pero cuando “la fuerza mayor” aparece, el desbalance no sólo afecta las relaciones jurídicas primarias en los acuerdos cotidianos entre individuos, sino que escala al cuerpo social en su conjunto. Ya no se trata de si el inquilino paga o no la renta al propietario, o si el alumno deja de pagar la colegiatura por fuerza mayor, sino también en la forma en que la frontera entre el poder concedido al Estado y los ciudadanos se transforma.
El asunto no es tema menor, al contrario, en la lucha por conservar y ampliar libertades civiles y reconocimiento y respeto a derechos humanos, muchas sociedades e individuos han empeñado fuerzas, recursos y vidas en construir esos límites. En esta lógica, el embate de la diversidad de “entes oficiales” bajo el prurito de la fuerza mayor tiene forma de acoso. Nuevas leyes, decretos, políticos justicieros, toques de queda y pronunciamientos construyen la nueva realidad que tiene por ingredientes de cohesión el miedo y la ansiedad.
Tuve la curiosidad de verificar los decretos que los diversos Estados de la República habrían dictado para establecer “medidas de protección sanitaria” de la población en sus localidades, y me asustó el número encontrado. La larga lista no se queda en los Estados, sino que baja hasta el nivel de los municipios. Increíblemente, lo que en un municipio es permitido, en el de al lado se encuentra prohibido y es sancionado.
No es mi preocupación, por ahora, el control tecnológico que conculca la privacidad y otorga a las autoridades datos permanentes sobre nuestra identidad, nuestra ubicación y nuestras ideas, que desde luego es un riesgo creciente y real. Mi preocupación inmediata es ver la disputa abierta por detentar el control entre los diferentes niveles de gobierno, entre los Estados y la Federación, entre los particulares y el Estado, y entre los poderes entre sí. No es un juego a las vencidas, es la guerra total por posicionarse en detrimento de los otros. Es posible que, sin saberlo, se esté decidiendo ahora quién y cómo nos gobernará en los próximos años.
Esta lucha desbocada por ser y parecer ante los electores, catapulta las ambiciones políticas más desbocadas. Claro, si la diferencia sólo fuese si las pulquerías pueden operar o no en Salina Cruz o en Jamiltepec, la cosa quedaría en lo anecdótico, pero el tema no para ahí. La pandemia autoriza a que los gobiernos se hagan de facultades extraordinarias para definir presupuestos, o para bautizar actividades esenciales, o para congelar o descongelar rubros completos de actividades económicas. El Estado pasa así, de ser una fuerza subsidiaria que corrige anomalías menores de la estructura social, a ser el conductor de todas las decisiones y de todas las acciones.
La pandemia, erigida en enemigo mortal e invencible a partir de su presencia mediática totalitaria, justifica cualquier intervención de quienes se han autonombrado como los garantes de nuestra salud y de nuestra seguridad. Si salimos de ésta, se las deberemos.
En sociedades más apropiadas de sus derechos civiles, la amenaza es controlable, y los territorios tomados deberán recular al ceder la curva de contagios. Pero en otras sociedades menos alertas el riesgo está latente. La pregunta es si ese metro cuadrado que cada día retrocedemos, para dejar al Estado hacer la tarea, podremos recuperarlo.
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