En teoría, la obligación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es satisfacer el bienestar integral de todos los servidores públicos.
Su deber es proteger su salud, asistirlos en su jubilación, garantizar los derechos de los pensionados, jubilados por invalidez, vejez, riesgos de trabajo e indemnizar a sus deudos en caso de fallecimiento.
Pero esto no sucede en la Subdelegación Sur del ISSSTE, en la Ciudad de México; al contrario, los “extrabajadores” son extorsionados y maltratados por pseudofuncionarios de esa oficina.
Diversas denuncias ciudadanas han llegado a esta columna para identificar a una dupla de mafiosos que lucra con la necesidad y la desesperación de los derechohabientes y sus deudos.
Los extrabajadores y sus posibles deudos que ya cumplen con los requisitos para acceder a su derecho de jubilación o pensión, tras una ardua vida de servicio público, se convierten en víctimas al llegar a esa delegación.
Se trata de Ricardo Romero Vera, asistente en la Subdelegación de Prestaciones, y de Jesús Alejandro Sánchez Carrillo, encargado del área de cumplimientos, quienes han sido plenamente identificados por algunas de sus víctimas.
Los dos están bajo las órdenes de Adriana Flores Rey, “responsable” de la Subdelegación de Prestaciones en esa Delegación Regional Sur, quien viene a ser su cómplice, al menos por omisión, pero puede serlo por convicción, inexperiencia, ineficacia o temor.
Su modus operandi es hacer dar vueltas a los derechohabientes o ponerles trabas para concluir su trámite.
Cada que el interesado en tramitar una pensión acude a esa oficina, le dicen que le falta un papel, un sello, un juicio, entre otras mentiras.
El derechohabiente, harto de dar vueltas y de tantas largas, termina por dar dinero o pagar el monto fijado con tal de agilizar su pensión.
Por ejemplo, Julieta Alejandrina Medina solicitó desde 2011 el trámite de pensión por viudez, pero Romero Vera le puso decenas de candados para realizarlo, incluso le pidió un innecesario juicio de nulidad.
Al final, Julieta comprendió que todo fue para pagar el truculento “moche”, pero insistió en hacer las cosas de manera legal, nueve años después, cuando cambiaron de área a Romero Vera, en los primeros meses de 2020 logró disfrutar de su beneficio, gracias al trabajador honesto que sustituyó al corrupto.
Otros casos son el de Rebeca Cabañas Pacheco, quien solicitó pensión por orfandad por el fallecimiento de su mamá, y el de Marcela Velázquez quien lo hizo por viudez, pero cayeron en las fauces del mismo personaje que les exigía su “aportación”.
Marcela se negó a ser cómplice de la corrupción, lo que provocó que se “extraviara” su expediente cuatro veces y, hasta que el actual asistente de la subdelegada de Prestaciones fue removido del área de Pensiones, logró concluir su trámite.
Lo más indignante es el estilo de vida de Romero Vera, incompatible con su modesto salario de servidor público.
Viajes a los lugares turísticos más exclusivos de Nayarit, Jalisco, Monterrey, Morelos, Querétaro, Guerrero, incluyendo varios a Acapulco, Estados Unidos, visitas a Hollywood, y otros lugares del condado de Los Ángeles, Las Vegas, Orlando, y algunas partes de Florida, entre otros estados.
Tampoco niega en sus redes sociales su afición a los espectáculos internacionales, presumiendo su asistencia a decenas de conciertos de grupos como Pink Floyd, Iron Maiden, en México y Estados Unidos.
¿Con qué pagará esta vida de rico si gran parte de su sueldo lo tiene que destinar al pago de pensión alimenticia?
En el caso de Jesús Alejandro Sánchez Carrillo, fue removido de oficinas centrales, donde realizó sus “movidas” de 2013 a 2017, con el amparo de Alma Nallely Oliva, quien era protegida de César Peralta, actual secretario particular del Director Normativo de Prestaciones Económicas.
Después de ser despedido, logró regresar a la zona Norte, donde estuvo de 2017 a 2018, para continuar con sus mismas prácticas corruptas ahora en la Zona Sur. Sería bueno que, así como limpian las escaleras de arriba para abajo, la llamada 4T lo haga en sentido inverso. Veremos si la autoridad del ISSSTE investiga la corrupción en su delegación sur y sanciona de manera ejemplar a quienes deshonran a esa institución.
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No solo a derechohabientes sino tambien a sus abogados, que ya que ganaron juicios no los quieren acatar, llevando a causar daño patrimonial al ISSSTE, por multa y en su caso inejecusion de sentencias, por dilacion, negligencia administrativa, basta solo revisar cuantos juicios no han acatado, piden mas del diezmo para agilizarlos y si no lo dejan al.ultimo, esto lo realiza alejandro, segun.por indicacion de su subdelgada
Tengo un juicio ganado en el ISSSTE, y el tal alejandro pidio dinero a mi abogado para cumplirla, y llevo dos años desde que gane y no me han pagado
Acuda al OIC del ISSSTE en el estado y una copia a la dirección general del mismo en ciudad de México, y la presidencia de la República