Así como se trata de evitar la muerte injusta de personas, es necesario afinar los sistemas fiscal y financiero para tratar de reducir la quiebra de negocios, de ingresos familiares y los riesgos de una crisis bancaria.
No se trata de adelantar la reactivación de actividades poniendo en riesgo vidas de personas; hay que cumplir los protocolos y esperar a que los epidemiólogos indiquen dónde y con qué gradualidad empezar a reabrir actividades.
El plan de rescate económico tiene que asumir varias condiciones extraordinarias que requerirán movilizar recursos monetarios, también extraordinarios.
Los resultados que tendrán negocios de todo tamaño este año serán malos, y los ingresos familiares se reducirán; la mejor manera de sacarlos adelante es abriéndoles acceso a créditos, en montos suficientes y condiciones de intereses y plazos en que los puedan pagar.
No se trata solamente de resolver problemas de liquidez de corto plazo, sino principalmente de reponer pérdidas de activos y de ingresos familiares, y de hacerlo cuanto antes para evitar quiebras masivas –irreversibles– y apurar la vuelta a la normalidad.
En tiempos normales, la función del crédito es financiar proyectos de expansión, de crecimiento, de adquisiciones nuevas; lo extraordinario ahora es la necesidad de financiar la reposición de pérdidas para asegurar la supervivencia de millones de negocios, lo que hace a quienes necesiten de esos recursos, muy malos sujetos de crédito conforme a los protocolos bancarios.
Ahí es donde tiene que intervenir el Banco de México, tanto para fortalecer la liquidez de los bancos como para aplicar la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras según la cual, “el Banco de México regulará las Comisiones y tasas de interés” de los bancos.
Lo primero, elevar la liquidez de los bancos, lo acordó hace 15 días el Banco de México con recursos por 750 mil millones de pesos para recibir instrumentos de baja liquidez en garantía, a cambio de otros papeles y de efectivo.
Está bien eso; no se parece al Fobaproa, porque el Banxico no está comprando esos títulos depreciados, como se hizo en 1998 con la cartera incobrable de los bancos, sino que los está tomando en garantía por la entrega de otros de mayor valor de mercado, diferencia de precio que constituye un préstamo del banco central a los privados y a la banca de desarrollo, a una tasa de 6 por ciento anual.
Sin embargo, la liquidez bancaria no asegura que la banca otorgue los créditos que necesitará la economía del país para superar la crisis.
Se requerirá también que el Banco de México ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 4 de la ley citada conforme a la cual, “regulará las comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las Entidades Financieras con Clientes”.
Hasta donde sabemos, tales atribuciones no han sido ejercidas, lo que explica que México sea el paraíso de los bancos extranjeros. Aquí operan con márgenes de intermediación financiera que promedia 8%, cuando en Chile y en España –por ejemplo– lo hacen con 1.6% (Auditoría Superior de la Federación, 2017).
La economía de México va a necesitar recursos extraordinarios que deben quedar razonablemente bien distribuidos y para ello, no hay mejor medio que el crédito, pero el plan debe asegurar que llegue a quien lo necesite y que los bancos lo otorguen en condiciones de plazo e intereses que los puedan pagar las micro, pequeñas, y medianas empresas, y las familias afectadas por la cuarentena.
Alemania acordó acciones de rescate crediticio de empresas con recursos equivalentes al 22% de su PIB, lo que nos da clara idea de cómo están midiendo otros gobiernos la salida de este parón económico.
Un plan semejante en México tendría que contemplar recursos por el equivalente, al menos, del 10% de nuestro PIB. Las medidas aprobadas por el Banco México el 21 de abril, apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos que, sumados “a lo ya implementado, el total es equivalente al 3.3% del PIB de 2019”.
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