Los consumidores en todo el mundo, no siendo nosotros en México la excepción, tenemos formalmente el derecho a elegir el operador de telecomunicaciones de nuestra preferencia y conveniencia.
No obstante, ello no nos exenta de enfrentar barreras para realizar esta elección a plenitud y libres de aprisionamientos para optar por otra empresa de servicios, uno que ha tomado relevancia en años recientes es el bloqueo de equipos móviles.
Así como conservar el número telefónico es esencial, al ser un elemento identitario para los usuarios, hoy también ya es necesario poder utilizar nuestro dispositivo inteligente de comunicación en cualquier red de telecomunicaciones, al ser la principal célula de acceso a la conectividad, almacenamiento de datos personales, gestión de agenda, ente otros usos fundamentales, prácticamente para todos los mexicanos.
Desbloqueo de Equipos en México
A pesar de que en la normatividad, específicamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y la la NOM-184, se establece que los los usuarios tienen derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal, en un máximo de 24 horas, al concluir la vigencia del contrato (pospago) o al liquidar el costo del equipo (prepago y pospago), en la práctica algunos operadores utilizan el bloqueo de dispositivos como mecanismo de retención o aprisionamiento (lock-in) de los consumidores.
De acuerdo con estadísticas de la herramienta ‘Soy Usuario’ del IFT, que captura las inconformidades de los consumidores de estos servicios, una de las incidencias con mayor recurrencia es la negatoria del desbloqueo efectivo de equipos o su imposibilidad de realización dentro del plazo máximo de 24 horas.
Ello a partir de que operadores, como el agente económico preponderante en telecomunicaciones móviles, Telcel, venden dispositivos bloqueados como herramienta para asegurar la permanencia de los usuarios durante el plazo de pago de estos que puede extenderse hasta los 36 meses.
En contraste, los fabricantes de equipos los venden desbloqueados de manera directa, incluso si el costo total del dispositivo no es liquidado al momento de su adquisición.
Esta circunstancia merma la libertad de elección de operador de los consumidores y se erige como barrera a la competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones móviles.
Reino Unido: Referente de Empoderamiento del Consumidor
En la experiencia internacional, el regulador británico OFCOM prohibió en semanas recientes la venta de equipos terminales bloqueados, regla que entrará en vigor en diciembre de 2021. Ello a partir de identificar que 35% de los usuarios no realizaron su cambio de operador, al no poder utilizar su equipo en otra red, puesto que se encontraba bloqueado.
En diciembre de 2019, se realizó una consulta al respecto para expresar las preocupaciones sobre los efectos negativos generados por el bloqueo de dispositivos móviles. Por eso, el regulador reconoció que esta práctica actúa como una barrera para el empoderamiento del consumidor y la libertad de elección de operador de telecomunicaciones.
Hoy día, compañías como BT Mobile, Tesco Mobile y Vodafone venden dispositivos bloqueados, lo que significa que sus usuarios no pueden utilizar sus equipos para conectarse a la red de otro proveedor. Estas compañías alegan que este mecanismo protege la inversión realizada en el subsidio del dispositivo por parte del proveedor y para otros funge como seguro de protección contra el fraude.
Otros operadores como O2, Sky, Three y Virgin Mobile, en un principio también vendían sus dispositivos bloqueados, pero modificaron esta práctica. Three fue el primer operador en Renio Unido que desde 2014 decidió vender sus dispositivos desbloqueados, bajo la premisa de que ello mejoraría la experiencia del cliente ante la frustración y costos que puede generar contar con un equipo bloqueado para el consumidor.
Mecanismo para la Competencia Efectiva
En México, en días recientes y tras la publicación de la segunda revisión bienal de las medidas de regulación asimétricas impuestas al preponderante en el sector de telecomunicaciones (América Móvil, Telmex-Telnor/Telcel), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoció la importancia del desbloqueo de equipos equipos para la competencia efectiva.
Lo anterior tras resolver que el preponderante no podrá servirse del financiamiento para la adquisición de smartphones para atar a los usuarios de telecomunicaciones, al ser obligado a ofrecer un contrato de compra-venta de equipos separado al de servicios. Asimismo, deberá desbloquear el dispositivo adquirido en el esquema de pospago, aun cuando se cancele el contrato, tras haber transcurrido al menos seis meses.
Si bien se puntualiza que estas medidas empoderarán al consumidor y eliminarán rigideces para la portabilidad de los usuarios, una prohibición absoluta para bloquear equipos como la impuesta por OFCOM es menester, ante un escenario de excesiva y creciente concentración de mercado a favor del mismo Telcel.
Este operador ha implementado una estrategia de retención de usuarios de pospago o de alto valor, a partir de ofrecer subsidios, descuentos y promociones para la adquisición de equipos a plazos. Lo que se erige como una barrera para la elección de operador en este segmento del mercado.
Adicionalmente, se requiere hacer transparentes las condiciones de venta para los consumidores, tal que 21% desconocen si su dispositivo se encuentra bloqueado o no.
El desbloqueo de equipos, como la portabilidad numérica gratuita y expedita, son mecanismos necesarios para la competencia efectiva.
Simularlos, representa el aprisionamiento del consumidor.
Habilitar al consumidor para que tome la decisión que le corresponde en el mercado es la fórmula insuperable para inducir a los operadores a que provean sus servicios en condiciones óptimas de cobertura, calidad y precio.
Pero hoy en México, el bloqueo de equipos se sigue empleando como mecanismo de aprisionamiento de los usuarios que los mantiene cautivos y que atenta contra la libertad de elección de operador, sirviéndose de la limitada capacidad de pago de la población y de su consecuente necesidad de financiamiento para la adquisición de dispositivos móviles.
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