El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este miércoles la necesidad de potenciar la captación de trabajadores rusohablantes y ciudadanos de origen ruso en la diáspora para cubrir las necesidades del mercado laboral. De acuerdo con lo comunicado, las autoridades rusas reducirán trámites para la obtención de visados y permisos de trabajo: asimismo, se impulsan estrategias para despertar el interés de internamiento de extranjeros y su posterior integración en la sociedad rusa. Lo anterior, con el propósito de hacer frente a la crisis demográfica y económica de la nación euroasiática.
En un principio, creo que la iniciativa lanzada por el mandatario ruso -en el contexto de los nacionalismos a ultranza y las xenofobias de países desarrollados como nuevos estilos de vida ante la inmigración indocumentada- forma parte de una histórica y renovada confrontación de percepciones sobre realidades sociales entre países catalogados socialistas y naciones capitalistas.
Creo que éste es un mensaje en claro contraste a las políticas restrictivas y selectivas de países altamente industrializados que privilegian, de alguna u otra manera, la etnicidad blanca y financieramente estable y confortada; pero que, en cambio, de forma “no intencional” e invocando principios de soberanía, en la otra cara de la moneda, todos aquellos grupos marginados y tercermundistas se ven sometidos a largos y tortuosos procesos de selección y exclusión de esquemas laborales que, sin lugar a dudas, podrían contribuir a mitigar los impactos del hambre, la inseguridad y la desesperanza en países del sur subdesarrollado.
Tal es el caso de la iniciativa reciente comunicada por el presidente estadounidense Donald Trump, de buscar la anulación de la vigencia del principio jurídico Ius Soli (“derecho del suelo”) a todo niño nacido de padres extranjeros en el país norteamericano. Indudablemente, al lograr tal propósito, creo que se dará luz verde de manera sesgada para lo que podría llamarse una “selectividad condicionada” (es decir, se buscarían mecanismos para que sólo aquellos niños “aptos” y nacidos en Estados Unidos de progenitores foráneos puedan seguir haciendo uso de ese antiquísimo derecho).
Bajo mi punto de vista, la estrategia rusa (en una clara entronización geopolítica de la “marca Rusia” a escala global, así como el vibrante y latente protagonismo en la delimitación y control de la realidad mundial) debería convertirse en un llamado a la reflexión de las autoridades de las potencias occidentales, relativo a la procreación de nuevos esquemas migratorios como una prospectiva para la búsqueda del talento humano en países subdesarrollados (contribuyendo paralelamente al desarrollo internacional) y evitar, o por lo menos “suavizar”, todas aquellas decisiones impulsadas y orientadas a partir las sociedades contemporáneas en dos (buenos vs. malos; blancos vs. negros; pobres vs. ricos; ignorantes vs. cultos).
Esta confrontación global bajo perspectivas discrepantes en la percepción del fenómeno migratorio se ejemplifica a continuación con las dramáticas -ya no es una sola- caravanas de emigrantes centroamericanos que tocan suelo mexicano, en donde han sido bien o mal vistas, dependiendo de las concepciones individuales que tienen los ciudadanos de la república mexicana sobre la inmigración indocumentada. Indiscutiblemente, es indefendible la forma abrupta mediante la cual masas de personas entraron a México, rompiendo con ello criterios de soberanía territorial, lo que denota desesperación, tal vez con la esperanza de conquistar horizontes que les permitan alcanzar condiciones respetuosas de su dignidad humana.
En definitiva, el mundo se ha vuelto un caos de transaccionalidad migratoria indocumentada no reglamentada, mucho menos convencionalizada, provocada por virulentas guerras, endémicos sistemas de corrupción (tolerados de una u otra forma por países desarrollados) e indiferencia sociopolítica sobre realidades locales (relativo a las deficiencias estructurales en todos los sentidos en zonas de origen de los migrantes). Esta situación será resuelta sólo cuando haya una conciencia migrante de los riesgos de migrar desordenadamente, y que los estados además cumplan su función de propiciar las condiciones básicas de convivencia, fortaleciendo y rediseñando el acceso a trabajos de calidad por parte de sus ciudadanos. Entendido esto como un derecho humano básico elemental que contribuye a hacer realizables otros derechos.
