Es inevitable que en lo que resta de este año y en particular en el 2018 los mexicanos nos veremos, día con día, más inmersos en un escenario altamente politizado, de cara al proceso electoral federal del 2018. Imposible evadirse de este contexto de intensa contrastación o inclusive confrontación, no sólo entre las fuerzas y los actores políticos, sino en la opinión pública, en general.
De hecho, no es algo que debamos evitar. Al contrario, hay que abordar la ocasión como tiempo ideal para reflexionar sobre los grandes retos de la nación y de los diferentes sectores de la sociedad; pensar y ser parte de la toma de decisiones sobre lo que realmente interesa a la ciudadanía, más allá de las estrategias de partidos y candidatos.
Es natural que las candidaturas a los distintos cargos en la contienda ocupen en este momento el centro del interés y de la contienda de los grupos políticos. Sin embargo, para los ciudadanos, es fundamental no quedarse en los proyectos partidistas o personales, sino pensar en proyectos de nación.
Ante esta efervescencia proselitista, la ciudadanía tiene que asumir el rol fundamental que le toca en la democracia, en el sentido de aterrizar el debate público en los asuntos que corresponden al bien común, por oposición al interés particular o de facción. En esa dirección hay que empujar las campañas, para lograr un proceso electoral realmente productivo desde el punto de vista cívico. Y hay que tomar, desde la sociedad civil, esa iniciativa cuanto antes.
En este sentido, es alentador ver cómo surgen desde la sociedad civil diversas agendas de las prioridades, los tópicos y los contenidos que deben marcar el proceso electoral.
Casi todos los sectores de la sociedad y de la iniciativa privada están trabajando en evaluaciones de los principales desafíos y en propuestas de solución, tanto en sus áreas de preocupación particular y de especialidad, como de manera general, de visión de país.
Sin duda, se trata de instrumentos de gran valor para los ciudadanos. Debería haber una difusión preponderante de éstos en los medios de comunicación y una recepción y análisis correspondientes en la opinión pública. Hay que construir ese necesario espacio de las ideas de todos, para su tratamiento con los expertos, los involucrados y, por supuesto, con los candidatos.
Elementos de orientación
A disposición de los ciudadanos hay insumos muy valiosos, que dan criterios objetivos para la discusión y la delimitación de prioridades. Por ejemplo, el recién presentado estudio Índice para una Vida Mejor 2017, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Este reporte permite comparar el bienestar entre distintos países, precisamente para impulsar y ayudar a los ciudadanos a participar en la formulación de las políticas públicas para mejorar el bienestar de las familias y las comunidades.
Los resultados de México son esclarecedores. Delinean rutas claras para las definiciones sobre el proyecto de país en el que deberíamos pensar a corto, mediano y largo plazos.
Entre los puntos destacables está que, de los 34 países miembros de la organización, México registra la mayor desigualdad en ingreso familiar. Las personas que ocupan el 20% superior de la escala de ingresos ganan 10 veces más que del 20% inferior. De acuerdo con el reporte, el ingreso familiar promedio per cápita es de 12,806 dólares al año frente al promedio de 29,016 dólares, además de que cerca del 18% de la población vive en condiciones de pobreza extrema.
México muestra resultados mixtos en las diferentes dimensiones de bienestar. En el campo positivo, estamos en el nivel superior en satisfacción ante la vida. Al mismo nivel que, por ejemplo, los suecos o los australianos. Ubicada en 61% en 2016, la tasa de empleo de México fue menor que el promedio de la OCDE de 67%, pero la tasa de desempleo a largo plazo fue cercana a cero, uno de los mejores niveles.
En contraste, tenemos la tasa de homicidios más alta: 18 por cada 100,000 habitantes. Un porcentaje relativamente bajo de las personas dicen sentirse seguras al caminar solas por la noche en la zona que habitan: 46% en comparación con el promedio de 69%.
El sentido de apoyo social tenemos también una de las calificaciones más bajas en la OCDE: sólo el 75% de las personas cree que conoce a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesitan, mientras que el promedio de la OCDE es 88%.
Otro indicador que mide la OCDE en este estudio es la “Gobernanza y bienestar”, y en este rubro, al preguntarle a los mexicanos si la corrupción es generalizada en todos los niveles de gobierno, el 83% contestó “sí”, muy por encima del promedio de 56%.
Son cifras y porcentajes que sin duda deben orientarnos sobre las prioridades de la nación, y por tanto de un proceso electoral tan trascendente como el del 2018.
Más pistas para debatir
Otro insumo de gran utilidad es el Memorándum ara el Presidente 2018-2024 que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el marco de su Índice de Competitividad 2017.
Coloca en primer lugar entre las prioridades el combate a la corrupción y la reconstrucción de la seguridad pública. Entre otros puntos, suscriben la iniciativa “Vamos por una Fiscalía que sirva” y recomiendan un sistema de servicio profesional de carrera para ministerios públicos robusto.
Consideran igualmente temas como la protección de testigos y denunciantes, así como medidas e incentivos para recuperar recursos de los daños patrimoniales, con la posibilidad de que los órganos anticorrupción usen parte de ellos para el desarrollo de sus capacidades.
Van por una segunda ronda de reformas, que incluya las leyes de obra y adquisiciones, así como la ley de asociaciones público-privadas. Esto, señalan, para crear un nuevo entorno de negocios, en el que la integridad sea eje rector para fortalecer la economía de mercado.
Por otra parte, tras valorar reformas realizadas en la primera mitad del sexenio, llaman a que, sin importar quién gane el 1 de julio, se proteja y profundice lo avanzado, con énfasis en materia educativa y energética.
En el primer caso advierte que sería ominoso para los millones de estudiantes de educación básica y para los cientos de miles de maestros que han asumido las nuevas reglas, que el gobierno entrante metiera reversa. Se necesita apuntalar la legitimidad y viabilidad de la reforma con esfuerzos mucho más ambiciosos en temas como transparencia, tanto de la información como en procesos de asignaciones de plazas y promociones. Sobre todo, perfeccionar la evaluación docente: hacerla más diligente, eficaz y justa.
En materia energética, el IMCO es puntual en que la recuperación de la producción nacional de gas y petróleo dependerá en gran medida del clima de inversión y de las señales de certidumbre que envíe el nuevo gobierno.
Aseguran que lo más complicado de la implementación se dará en los próximos seis años. En ese sentido, piden aquilatar el proceso de aprendizaje, fortalecer la disciplina institucional y el combate a la corrupción, generar más contratos de asociación y que el desarrollo de los grandes proyectos generen encadenamientos productivos locales, entre otros puntos.
Destacan los retos y las propuestas en materia de salud y, sobre todo, la necesidad de una mayor equidad social, con esfuerzos más eficaces para erradicar la pobreza y un mercado laboral eficiente, para superar una situación en la que 57% de los trabajadores sigue en el sector informal.
Como otras instancias de la sociedad civil, incluyen propuestas que generan gran polémica. Por ejemplo, la idea de una tasa cero de ISR para segmentos de menores ingresos de asalariados formales. Sin embargo, lo importante es que estos temas se discutan de manera objetiva, y sobre todo, con participación ciudadana.
