Las crisis obligan a actuar considerando la urgencia, lo inmediato, el corto plazo, lo que genera, muchas veces, que nuestras decisiones tengan un alto riesgo de ser erróneas. En el caso de las crisis económicas, es obvia la importancia de atender los problemas de corto plazo, como el desempleo y la caída del ingreso. Por ello, en plena crisis el mediano y largo plazos parecen remotos y aparentemente menos importantes. Bien decía Keynes que en el largo plazo todos estamos muertos. Sin embargo, el asumía que resueltos los problemas de corto plazo de manera heterodoxa el mediano y largo plazos serían diferente.
En el corto plazo las decisiones normalmente están condicionadas por las anteriormente tomadas y por sus resultados producidos. Por ello, no es recomendable actuar sempiternamente bajo los problemas del corto plazo, so pena de agudizar problemas estructurales en el mediano y largo plazos. Así, en el corto plazo la política económica que se instrumenta para enfrentar una crisis termina muchas veces condicionando, para bien o para mal, las decisiones políticas futuras. Situación que se ha denominado como path dependency o path dependence (dependencia del camino). De esta forma, la política económica de hoy condicionará las posibles acciones de cambio que se deseen a futuro.
En tal consideración, es recomendable que las decisiones económicas que se tomen para enfrentar una crisis consideren sus efectos estructurales de mediano y largo plazos. Esta vinculación estrecha entre el corto plazo y la path dependency ha quedado plenamente manifiesta con la crisis actual, al evidenciarse como medidas tomadas inicialmente para enfrentarla han terminado por limitar las decisiones y acciones subsecuentes.
El proceso de dependencia puede volverse perverso, casi al infinitum, agudizando la crisis y limitando las acciones públicas para su solución. Obviamente, las restricciones políticas, las visiones económicas y la personalidad de los gobernantes pueden agudizar o romper este proceso de condicionamiento. Esta última es la oportunidad que toda crisis pueda brindar. Saberla aprovechar es el reto.
Ejemplo de la vinculación del corto plazo y el path dependency fue la reducción de los impuestos sobre la renta que aplicó George H. Bush para reactivar la economía, que terminó por anclar en 2011 la decisión del Presidente Obama para extender su aplicación fiscal. A la par, en un ambiente político adverso, Obama se vio obligado a reducir el gasto público. Una medida previa lo obligo a llevar a cabo una decisión posterior adversa. De esta manera, la reducción del monto de gasto fue casi equivalente a la caída en los ingresos por la reducción de los impuestos, al alcanzar el orden de $ 400 mil millones de dólares.
Esta misma medida contraccionista llevó a Obama a reducir en 2012, una vez más, el gasto público, ante el señalamiento político conservador de que USA enfrentaba un alto nivel de deuda pública. Recientemente, Obama enfrentó el “cierre” parcial de gobierno por parte del Congreso, dominado desde la Cámara de Representantes por los Republicanos, para abatir el gasto público. Hecho que se agudizó, en razón de la inflexibilidad del ala radical del Partido Republicano, ante el riesgo de que USA llegara al default de su deuda.
Las propias decisiones económicas pasadas han acabado por acotar en margen político de las nuevas acciones que Obama ha debido tomar. Al inicio del próximo año Obama, de nuevo, tendrá que enfrentar el sainete del cierre del gobierno y la autorización de una mayor deuda pública. Con todo el riesgo económico que ello engendra. Se estima que sólo las restricciones innecesarias del gasto público han generado, desde 2010, una reducción de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 1%, significando una pérdida económica a USA de $ 700 mil millones dólares. Lo que se ha traducido en un aumento del desempleo de 1.4% (The Damage Done, Paul Krugman, The NYT, October 17, 2013).
En un plano más agregado y estructural, en USA la desregulación financiera pasada ha impedido políticamente aplicar una reforma que prevenga nuevas crisis de gran envergadura como la actual y que el sistema bancario ayude a la recuperación económica sostenible. Es casi ocioso decir que la desregulación financiera que desató la crisis y las medidas económicas iniciales para enfrentarla terminaron por restringir la política económica seguida por Obama, quién no aprovechó la fuerza política con la que contó al inicio de su primer periodo de gobierno, ni terminó por cumplir al electorado su mandato.
El mismo proceso de dependencia para la definición de la política económica ha sufrido la Unión Europea, en especial la Zona Euro (ZE). Tal hecho queda ejemplificado por la negación del Banco Central Europeo de actuar como prestamista de última instancia y preferir beneficiar a los intermediarios financieros privados para la compra de la deuda pública de países como Grecia, España, Italia. De igual forma, las políticas de reducción del gasto público han sido esencialmente las mismas políticas aplicadas convencionalmente antes de la crisis.
El desencanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) por los resultados obtenidos en la ZE ha obligado que su crítica se haya centrado ambiguamente sobre la base de una mala previsión de los efectos de la austeridad sobre la demanda y el empleo. El desencanto real ha llegado al extremo de que se espera el retiro del apoyo técnico del FMI a la UE. Por lo que la famosa “Troika,” que se conformó entre el FMI, la UE y el BCE para atender la emergencia económica, terminará siendo una dupla de la vieja Europa.
En algunos casos, la vinculación del corto plazo y el path dependency ha generado graves efectos, perpetuando secularmente una situación general de crisis. México es un claro efecto de los resultados adversos que puede generar una política económica cortoplacista, condicionada permanentemente por las decisiones del pasado. Los ejemplos serían innumerables, pero vale la pena recordar algunos emblemáticos, como simple referencia histórica sobre el presente.
Las decisiones financieras nacionales han estado relativamente condicionadas desde la liquidación de la llamada banca nacionalizada. Los bancos nacionalizados fueron liquidados a los accionistas controladores a un valor al alza re-expresado en libros; valor inclusive por arriba del mercado. Las casas de bolsa, cuyo número se acrecentó con la nacionalización, fueron intermediarias para venderle CETES a los bancos nacionalizados. De esta manera, un ente privado hacia negocio con el papel del gobierno, vendiéndoselo a los propios bancos controlados por el gobierno. A la fecha, la banca de desarrollo adquiere CETES vía las casas de bolsa, pudiendo hacerlo de manera directa con Banxico.
En la misma materia, durante el gobierno zedillista el gobierno subsidió la bancarización del país, que debía ser eminentemente el afán de un negocio de beneficio privado. En ese mismo sexenio, para sorpresa de muchos, se dice que el gobierno estuvo subsidiando a la Afores-Siefores en sus gastos de operación, en virtud de que, se argumentó, el monto total del ahorro para el retiro no era suficiente para que estas entidades cubrieran sus gastos de operación. Hasta más recientemente, los bancos comerciales, casi todos extranjeros, vieron limitado el monto de préstamo a sus filiales, particularmente por el riesgo que implicaba la crisis bancaria española.
En el mismo gobierno zedillista, se disminuyó la contribución empresarial al Seguro Social para apoyar la actividad económica. Con ello se acrecentaron los problemas financieros del instituto, lo que dio pie a las reformas de pensiones, aumentando aún más la estrechez financiera del Seguro Social. Sólo considérese lo que las Afores-Siefores han obtenido de utilidad directa por el manejo de las pensiones del país y que el Seguro Social potencialmente dejó de recibir.
Las limitantes de recaudación fiscal, tan discutidas hoy, fueron acrecentadas a partir de Zedillo. Ante la crisis del 1995, se amplió el periodo durante el cual las empresas podrían perder. Así se pasó de cinco a diez años de pérdidas empresariales fiscalmente permitidas; que bajo un sistema contable normal significa que una empresa puede no pagar impuestos hasta en 20 años. Es decir se pierde durante los diez primeros años y en los siguientes diez años se recuperan las pérdidas incurridas. La trasparencia pública de esta práctica no parece ser aceptada por el Sistema de Administración Tributaria, lo que impide dar a conocer el nombre de los grandes corporativos a lo que se les reingresan o condonan impuestos.
Lo que hoy acontece en México con la política económica es mayormente el resultado de las decisiones tomadas en el pasado, en situaciones de crisis casi permanente, lo que ha terminado por condicionar y limitar el cambio de camino y rumbo que requiere el país. La RH evidenció, una vez más, la visión cortoplacista de la política económica y la dependencia del camino que vive el país.
Pretender portase bien y atender a todos al mismo tiempo ha hecho que todos terminen portándose mal y no poder quedar bien con nadie.
