Ciertamente que una “abrumadora” mayoría de mexicanos es católico, ciertamente también que eso es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política. Entonces de igual forma, cada persona puede de acuerdo con sus convicciones religiosas, declararse guadalupana, o seguidora de la santa muerte o de Valverde, con eso no tengo problema. Nadie debemos de tener problema, pero otra cosa muy diferente es cuando la autoridad se declara guadalupana, con esto sí tengo problema, y todos deberíamos tenerlo.
En 1990 en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II a México y particularmente a Monterrey, se instaló a un costado de una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida Constitución, una imagen monumental de la virgen de Guadalupe.
La imagen forjada en acero tiene un peso aproximado de 10 toneladas y una altura de 13 metros. Pues bien, esa escultura fue derrumbada y sepultada en el lecho del río Santa Catarina en julio del 2010 por el huracán Alex, y ahora 10 años después con el paso del huracán Hanna, la imagen-escultura reapareció nuevamente.
Como buenos guadalupanos, decenas de regios se dieron cita en torno a la imagen de la virgen semi enterrada, unos se conformaban con verla, otros más con tocarla y algunos más recogían piedras cercanas a la imagen o bien agua estancada que consideraban como bendita, según reportaron los diferentes medios de comunicación local.
Hasta aquí la historia no tiene mayor trascendencia, pues como adelanté, cada quien puede creer en lo que desee, yo por ejemplo sigo creyendo en Tláloc y estoy convencido que las últimas lluvias en mi ciudad son producto de que él hizo caso de mis plegarias.
Nunca imaginé que mis rezos a un dios derivaran en la reaparición de una virgen, pero bueno, insisto en que cada quien le reza a quien quiere, en lo que sí no estoy de acuerdo, es que con recursos públicos nuestro guadalupano alcalde de Monterrey inmediatamente ordenó que cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos municipales acudieran a desenterrar a la virgen.
También con recursos públicos –hoy por hoy escasos, escasísimos– se gastó en grúas y transporte pesado para trasladar la imagen de la virgen a un taller en donde será reparada. No lo han dicho, pero sospecho que dichos costos también serán cubiertos con recursos públicos.
Eso sí que no se vale, menos en el momento actual, en donde cada peso del erario debería estar destinado al combate a la pandemia del COVID-19. No es correcto y es éticamente censurable que un funcionario público o varios –el alcalde, el director de servicios públicos y quién sabe cuántos más– estén desviando dinero para el rescate de una imagen que, como adelanté, pesa toneladas. No importa si son muchos los seguidores de esta virgen porque por más que sean no son la totalidad, por más que nuestro pueblo sea guadalupano, el mandato constitucional para los servidores públicos es que deben actuar bajo el principio de laicidad.
En realidad, lo que está haciendo el alcalde (et al.) es un delito, ya que está desviando recursos para una causa que no está y no debe estar entre las obligaciones de un Ayuntamiento.
Si fuéramos una sociedad que respeta la pluralidad, una sociedad verdaderamente democrática y laica, estas cosas no deberían de suceder. Lamentablemente, todo indica que nuestras autoridades son católicas, apostólicas, romanas y guadalupanas. Una pena, una vergüenza, ver este tipo de espectáculos.
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