El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Lord Acton.
De los cerca de doscientos Estados Miembros de la ONU, en noventa y ocho de ellos existen agencias anticorrupción y, dada la complejidad del asunto, se estructuran con distintos grados de especialización: unas enfocadas exclusivamente a la prevención sin poderes de investigación, ni autoridad procesal (Francia, Perú, et al.); las dedicadas a la aplicación de la Ley (España o Kenia); las abocadas a todo el universo preventivo y de políticas públicas (Comisiones en Hong Kong, Singapur, Indonesia, Australia y Argentina); y finalmente el modelo híbrido descentralizado, como en múltiples países europeos. En Estados Unidos está la Oficina de Ética Gubernamental; en la India, la Comisión Central de Inteligencia, y prácticamente todos los Parlamentos o Congresos cuentan con órganos de rendición de cuentas.
La materia ha sido objeto de atención en el mundo, al grado de que se han suscrito tres Convenciones contra la Corrupción: la de la propia ONU (2004), la Interamericana (1996) y la de Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE, 1997).
En México hemos optado por el modelo híbrido a través del Sistema Nacional Anticorrupción (en operación desde esta semana), al cual concurren siete órganos que han de coordinarse en la prevención, investigación, actuación y, en su caso, sanción. Esta decisión está respaldada por un complejo marco jurídico que parte de la Constitución (catorce artículos reformados, específicamente el 113), ocho Leyes y el Código Penal. Este maremágnum se replica en las entidades federativas: ¡Menuda selva jurídica y administrativa!
Entremos en materia: se piensa que una palabra es tan importante como el número de sinónimos que de ella se puedan encontrar, la “corrupción” ocupa un sitio preponderante en el léxico actual, tan sólo el español registra veintinueve vocablos equivalentes, otros tantos se pueden encontrar en otras lenguas, porque se trata de un fenómeno que infecta, y por supuesto afecta, a todos los países. En este artículo, tomemos uno sólo de los significados: la “degradación”.
Puede haber degradación natural en el tiempo (un fruto que se pudre, el envejecimiento de los seres vivos, etc.); la degradación antropogénica, cuando interviene de manera irresponsable la mano del hombre sobre la naturaleza (calentamiento global), y la tergiversación de valores éticos concretamente en la lucha por el poder a lo largo de la Historia.
Se pueden aludir esquemáticamente, por lo menos cinco causas que favorecen un ejercicio del poder proclive a la corrupción: Históricas, Filosóficas, Políticas, Económicas y Sociales, la organización del poder público tiene que ver en todas ellas en aras de garantizar el mando.
En las Teocracias, el ejercicio del poder se funda en el temor, la ignorancia y la superstición: es la oscuridad; en el Absolutismo, el soberano tiene la última palabra basado en el Derecho Divino, o sea su voluntad; el Totalitarismo reprime las libertades sustentado en la fuerza militar y policiaca, imbricadas con una ideología que lo justifique. Finalmente, en las Democracias invocan al voto pero en ocasiones manipulan su expresión a fin de acceder al poder. En todos los casos, el plato fuerte lo constituyen los privilegios de las minorías que mandan.
La selectividad de los más aptos para dirigir (la minoría) se confronta con la exclusión de los menos preparados (la mayoría), de esta posición filosófica surgen la discriminación y el aspiracionismo abyecto y a mansalva.
La concentración del poder favorece que los gobiernos, por la autoridad que les inviste, tomen las decisiones fundamentales siguiendo al poder económico, las influencias sobre los aparatos legislativos, judiciales y del propio Ejecutivo, simulando, muchas veces, atender al interés general mientras se cultivan intereses particulares o de grupo. Esto se refuerza por el acaparamiento de los partidos políticos como única vía de acceso al poder, lo que impele a adoptar todo tipo de prácticas contrarias a la ética pública en el propósito de ingresar y permanecer dentro del sistema político, poniendo en riesgo la legitimidad de la democracia representativa.
La población (43%) se concentra en una mínima parte del territorio nacional (4.75%), y el resto (57%) se dispersa en 192 mil localidades menores a 100 mil habitantes, lo cual acarrea conflictos sociales y alteraciones de las formas de vida, trabajo, servicios y consumo. A estas condiciones se agregan el déficit alimentario, el rezago educativo y de atención a la salud de más de 20 millones de mexicanos. La desigualdad y la pobreza muestran la incapacidad de un sistema presumiblemente integrador; en ese contexto no sólo persiste la injusticia, sino se incuba la proclividad a la corrupción, los pobres son potenciales “batallones de sangre” de los grupos delincuenciales.
A partir de las causas que someramente hoy he descrito, en la próxima colaboración hablaremos de los efectos de la corrupción y de sus posibles antídotos.
