México no sólo tiene encima a la pandemia del COVID-19 y una severa crisis económica, también se suman asuntos de alto impacto como es el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, actuar en contra de acuerdos comerciales internacionales y golpear a los inversionistas privados.
Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso el pasado lunes 1 de febrero, son una clara muestra de una política cerrada, dañina y torcida que atenta contra compromisos de aumentar el uso de las energías renovables. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó ser una de las beneficiadas con esta iniciativa, pues seguirá produciendo energía eléctrica con carbón, combustóleo (que ha sido retirado del sistema eléctrico en muchos países por dañar la salud y el ambiente), y gas natural. Es decir, se le premia por ser más contaminante y cara para el Estado, y se condena de paso con falsedades de que el sector privado genera energía más cara.
La oposición en el Senado, principalmente de los legisladores panistas, ha calificado la la reforma en este sector eléctrico como violatoria de la Constitución y de tratados internacionales firmados por nuestro país, y las consecuencias serán muy graves para la nación y la población.
Entre esos acuerdos internacionales se encuentra el T-MEC, en el que se estableció no privilegiar los monopolios de las empresas del Estado, y en el que dichos legisladores junto con expertos advierten que a corto plazo habrá aranceles a los bienes y servicios que se produzcan con energía sucia, de la CFE.
En el Acuerdo de París (firmado por 188 países en 2016 y con metas para 2030), el gobierno mexicano se comprometió a elevar la generación de energías limpias para lograr en 2014 un nivel del 35% del total producido. Y cuando inició el gobierno de López Obrador el índice se ubicaba en 25%, pero todo se detuvo y el odio del tabasqueño al sector privado congeló el compromiso del país con el planeta.
Desde el inicio del gobierno de López Obrador planteó una política de que todo en materia energética debe ser controlado por el Estado; el discurso agresivo y descalificador del presidente contra inversionistas privados nos hizo recordar los oscuros pasajes de las dictaduras de izquierda de los hermanos Castro, en Cuba, y de Chávez-Maduro, en Venezuela. Además, el golpe al ambiente marcó su preferencia de privilegiar el uso de combustibles fósiles –que generan el calentamiento global–, y cuya utilización a nivel mundial empiezan a marcar un claro descenso.
La empresa petrolera Pemex ha torcido esquemas legales para evitar que entren en funcionamiento normas ambientales como es el caso de la regulación de las emisiones de metano en el sector de hidrocarburos (gas de efecto invernadero más agresivo en la atmósfera que el dióxido de carbono, CO2). La llamada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (Asea) se ha encargado de beneficiar –desde una posición de veleta–, a Pemex con los incumplimientos. En otras palabras, la ley se ajusta al interesado sin importar los daños que provoque al ambiente, la salud y a la economía.
López Obrador presume el proyecto de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, cuando a nivel mundial están desechando dichos bienes por el descenso en la demanda. Simplemente la producción de automóviles eléctricos e híbridos a escala internacional es cada día más elevada, así como la generación de energía eléctrica con sistemas solares y eólicos. Mientras que el gobierno federal sigue con la visión de seguir empleando los combustibles fósiles como estandarte de soberanía nacional.
Tan mal se están haciendo las cosas en México, que hasta el editorial de un influyente medio global británico Financial Times calificó las políticas de López Obrador como una “peligrosa adicción” por los combustibles fósiles, cuando la tendencia mundial es intensificar el uso de energías limpias o renovables.
El medio inglés le reclamó al gobierno federal que las reformas a dicha ley abren una puerta a la expropiación de los 17 mil 600 millones de dólares de inversión privada en el sector eléctrico lo que traería costos a clientes y empresas, tal y como lo ha denunciado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Además, la editorial advierte que la política del gobierno hacia el sector eléctrico, revertiría sustancialmente la reforma energética pionera de 2013-2014, la cual estableció a tomar primero la energía más barata.
El presidente cada vez más cerrado en su política lleva al país a escenarios de demandas y juicios de alto costo para el Estado, y lo más grave es que México contribuirá de forma agresiva con el calentamiento global y con elevados picos de contaminación atmosférica.
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totalmente de acuerdo, es una absoluta desgracia lo que se está haciendo.
es generar problemas, para tener fondo arreglar?, que innecesario resulta esto gastar tanto para desperdicio y afectación ambiental, evidencia la pobreza de miras y objetivos.
una pregunta que me hago es como hacer que comprendan qud no es ideológico ni político, me parece una mezquindad terrible. lo anterior me lleva a compartir una frase: tanto poder, para poder tan poco. que lamentable