En México existen más de 300 universidades que ofertan la licenciatura de criminología y criminalística, según el último censo realizado por el criminólogo Wael Hikal (2016). De las más de 300 universidades, 95% de éstas pertenece al sector privado. El Servicio Nacional de Empleo (SNE) a través del Observatorio Laboral, reporta que la licenciatura en criminología es cada vez más popular entre los jóvenes. De 2012 a 2017 hubo un aumento de 300% en la matrícula de alumnos, pasando de 10,000 a 30,000 jóvenes cursando la carrera de criminología. El número anterior sólo apunta a universidades públicas.
Las razones del auge criminológico pueden ser variadas, aunque la hipótesis principal apunta al llamado “efecto CSI” del cual hablaremos en otra ocasión. Lo riesgoso de esta precipitada y acelerada fama que cobró la carrera de la criminología, es que las universidades se han visto rebasadas de forma abrupta, lo que ha imposibilitado la implementación de un filtro de ingreso. Al mismo tiempo, igual de importante, es la homologación en todas las universidades del país.
¿Por qué es urgente un filtro de ingreso? La respuesta es simple: los conocimientos vertidos en una facultad de criminología o criminalística, son sensibles y no pueden ni deben estar al alcance de todos. Algunas universidades privadas realizan un examen de ingreso que consta de la aplicación de una batería de pruebas psicométricas y de un examen general de conocimientos. Sin embargo, éste es un mero trámite vacío e insustancial, pues las universidades privadas se guían bajo el típico modelo de negocio de oferta y demanda, por lo que no les interesa el perfil de sus potenciales clientes, sino que puedan pagar inscripción, colegiaturas y demás gastos escolares.
El interés económico se está sobreponiendo al interés social y el peligro que esto implica se traduce en posibles criminales profesionalmente preparados. Este panorama no es lejano, ya se han comenzado a dar casos en donde los detenidos por algún crimen afirman estudiar o haber estudiado criminología o criminalística, como el caso acaecido en el 2013 donde María N., criminóloga de 32 años de edad, asesinó a su madre y argumentó, literalmente, que lo hizo “basándose en sus conocimientos en criminología”. Para fortuna de la sociedad, no es un problema generalizado, pero las universidades y el Estado no deben esperar a que lo sea, estos primeros casos que se han presentado, son síntomas de alerta y, apelando al deber criminológico, es mejor prevenir que lamentar.
Urge una reforma que imponga un filtro de ingreso, lo homologue en todas las universidades del país y que obligue a las autoridades educativas a verificar que las facultades efectivamente lo implementan y lo cumplen. Es imperante que como criminólogos señalemos este hecho y hagamos un llamado colectivo a las autoridades pertinentes, pues ningún beneficio económico debe estar por encima de la tranquilidad y seguridad de una sociedad.
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